Plan elevaría a rango constitucional equilibrio financiero de instituciones
›Proyecto permitiría al Gobierno rechazar presupuestos cuando carezca de recursos
Un proyecto de ley elevaría a rango constitucional el principio de que el equilibrio financiero tiene prioridad sobre la autonomía de las entidades públicas.
La iniciativa modificaría el artículo 176 de la Carta Magna, el cual actualmente estipula que “el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.
La propuesta agregaría un párrafo adicional, que diría: “el principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”.
Asimismo, prohibiría la creación de nuevas instituciones sin la autorización de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que garantizará que dichas entidades cuenten con una fuente de financiamiento y no se le recargue al Presupuesto Nacional.
El plan de reforma constitucional fue presentado el 21 de octubre por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, y cuenta con otros 14 proponentes de tres partidos, así como diputados independientes.
El diputado liberacionista explicó que el equilibrio financiero “es un principio que las entidades y los jerarcas se han saltado toda la vida porque no tiene la suficiente fuerza”.
Algunas de las entidades que cuentan con dicha autonomía son las universidades públicas, el Poder Judicial y las municipalidades.
Jiménez manifestó que con dicha reforma “el Estado costarricense tendrá la potestad de rechazar presupuestos de los órganos autónomos”.
“Por ejemplo, tenemos la autonomía universitaria, tenemos la autonomía de la Corte, pero ¿qué va a pasar cuando no tengamos esos dineros? No podemos darlos, simplemente el país no se endeuda más y evitamos gastar más de lo que tenemos”, detalló.
“En el pasado se cometieron errores muy grandes que hoy estamos pagando porque el hueco es enorme, ¿cómo vamos a cerrar ese hueco si las autonomías prevalecen sobre el equilibrio financiero?”, agregó.
Compromiso previo. Jiménez indicó que este proyecto fue uno de los compromisos que asumió la comisión que investigó durante un año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que es la transferencia de recursos del Gobierno Central a las universidades públicas.
Dicha comisión emitió un informe, aprobado en junio por el plenario legislativo, que recomendó limitar salarios millonarios en las casas de estudio, asegurar su sostenibilidad financiera, buscar la equidad salarial, distribuir mejor los fondos que reciben y frenar la sobreoferta de carreras obsoletas.
El verdiblanco aseguró que su propuesta ha recibido el apoyo de diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Restauración Nacional (PRN), del bloque independiente Nueva República, así como de otros diputados independientes.
Por ahora, dijo Jiménez, al plan se oponen las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio, porque prefieren que prevalezca la autonomía del FEES sobre el principio de equilibrio financiero.
Antecedentes. El asunto de las autonomías se convirtió en un fuerte debate político durante la discusión de la reforma fiscal (Ley 9.635), y más recientemente con el trámite de la reforma al empleo público.
Este año, la Universidad de Costa Rica (UCR) optó por ajustar sus anualidades a la reforma fiscal, es decir, 1,94% sobre salario base en lugar de un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto, mientras un juez resuelve si la Ley 9.635 afecta a las universidades públicas.
Asimismo, tras una disputa con la CGR, la Corte Plena acordó en marzo aplicar las medidas de ahorro establecidas en la reforma fiscal, vigente desde diciembre del 2018.
La Corte tomó esta medida mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad contra un acuerdo de los magistrados de marzo del 2019, para seguir pagando las anualidades como porcentajes del salario a funcionarios antiguos y nuevos, a pesar de que la reforma fiscal ordenó transformarlos a montos nominales.
De igual forma, en la actual discusión de la reforma al empleo público, tanto universidades como Corte Plena han recurrido al argumento de la autonomía constitucional para objetar la aplicación de la normativa en sus instituciones.
Según ese proyecto, se crearían salarios globales para ocho familias de funcionarios públicos, para evitar las grandes disparidades que existen actualmente.
Recientemente, la CGR cuestionó el expediente 21.430, llamado Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, el cual impulsa la eliminación total de la regla fiscal en las municipalidades.
En un criterio enviado a los diputados, la CGR señaló que “el proyecto es inconsistente y parece desconocer el contexto actual de vulnerabilidad financiera, al dejar de lado los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público, lo cual podría provocar incluso su inconstitucionalidad”.