Adónde iremos a parar
La sociedad requiere un acuerdo político para salir de la grave crisis que amenaza la salud, la paz social, el Estado de derecho y el futuro económico.
Es impostergable reducir el gasto público, mejorar la recaudación de impuestos y elevar la excelencia y productividad del Estado.
Como en 1940 y 1982, la sociedad precisa de un cambio estructural, no de parches. El momento histórico exige reflexión acerca de cuáles deben ser los cambios políticos, sociales y económicos que deben realizarse para progresar.
Las calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings coinciden en que la falta de un acuerdo para llevar a cabo ajustes estructurales tiene al país al borde de la insolvencia, con graves consecuencias.
El país está en baja, el tiempo se agota y el acceso a mercados de capitales nacionales y extranjeros se va cerrando conforme crece la incertidumbre.
En octubre, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) perdió $326 millones de reservas para evitar una devaluación mayor. El bono soberano de Costa Rica 2045 vale hoy 79 % de su valor facial. El déficit fiscal, a finales de este año, rondará el 9,4 % y el endeudamiento, un 70 %.
En la recesión económica, tuvo lugar una negociación colectiva con los sindicatos de Japdeva y Recope, y las municipalidades y universidades se resisten al uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y a respetar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Negociación. Cada vez se vuelve más difícil llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que mejore la capacidad de negociación con otras instituciones financieras, dé acceso a recursos financieros más baratos y brinde confianza a los acreedores del Estado.
La liquidez gubernamental se ve más comprometida a medida que pasa el tiempo y la administración no muestra señales de urgencia. La aprobación en el Congreso de préstamos por $1.165 millones es apremiante.
No se ha creado conciencia ciudadana sobre la importancia del acuerdo con el FMI, de la situación tan delicada que vivimos y del costo de no actuar.
Es preocupante ver a los bancos internacionales y a los inversionistas exigir más garantías e intereses hasta que no se les muestre con hechos, no con promesas, que Costa Rica será, financieramente hablando, una nación sostenible. Este año entre intereses y comisiones se pagaron ¢9.000 millones diarios y nadie parece estar consciente de ello.
Año nuevo. El presupuesto del próximo año alcanzará ¢11,4 billones, equivalentes al 31,9 % del PIB. Su composición es el 25 % para remuneraciones, el 25 % para transferencias, el 24 % para amortización, el 19 % para intereses y un 8 % para gastos no comprometidos. Por clasificación económica, el 71 % se va en gastos corrientes y el 5 %, en capital.
El presupuesto del 2021 no tiene las previsiones para la atención de la pandemia, lo cual exigirá al Ministerio de Salud reducir lo no esencial y mejorar la productividad.
En educación los gastos crecen un 4,51 % a causa de los aumentos en salarios y otros más. El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), por ¢2,6 billones, aumentará ¢97.000 millones por remuneraciones y transferencias, a pesar de la merma constante de alumnos, baja promoción y notas de calidad.
El rezago educativo público ensanchará todavía más las brechas sociales y económicas. Este año no se conectaron 590.000 estudiantes con sus educadores por carecer del servicio de Internet o por mala preparación del MEP para migrar a la educación virtual.
En el 2021 se incorporarán ¢524.215 millones al financiamiento de la educación superior (UTN y FEES), con un incremento de ¢13.800 millones en plena recesión. Las universidades están sumidas en la irrealidad y una cuota de sacrificio las tiene sin cuidado.
El sector transportista tendrá en el 2021 los valores del 2019. Con la incorporación de cinco órganos desconcentrados, contará con recursos de superávits libres y específicos por ¢186.000 millones y otros provenientes de préstamos aprobados, mas no ejecutados. En el presupuesto del 2021 se incrementarán las transferencias a las municipalidades.
El plan de gastos del Ministerio de Cultura y Juventud tendrá un 5,9 % menos y el de Ambiente y Energía, un 24 %.
Disciplina. Urge un manejo eficiente de los recursos públicos. No es posible seguir aportando a un fondo de retiro sin la contribución del trabajador. Como complemento existe el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), que se compone de la cotización de trabajadores y patronos.
Los privilegios en los institutos Costarricense de Electricidad (ICE) y de Turismo (ICT), así como los pagados por los bancos de Costa Rica y el Nacional y la Caja Costarricense del Seguro Social, deben eliminarse.
El país debe dejar de otorgar más prebendas llamadas “conquistas sociales” o “derechos”, que al final las costean los bolsillos de todos los costarricenses, ya sea mediante tarifas más caras o restando recursos a los programas sociales.
El BCCR no debe tener la potestad de, en forma indirecta, salir a comprar bonos del Gobierno, que al final es una emisión inorgánica, con serias consecuencias.
La asignación de recursos a las pensiones con cargo al presupuesto significarán el año entrante ¢803.000 millones, asociados a 19 regímenes. Entre el 2008 y el 2020 nacieron cinco regímenes de pensiones nuevos con cargo al presupuesto, que entre el 2015 y el 2020 tuvieron un costo de ¢7.693 millones.
No es lógico que 28 años después de una reforma legal todavía se creen más sistemas de pensiones. Todas esas irresponsables concesiones deben acabar y migrar a un régimen único.
Decisiones. Hay que revisar salarios, anualidades, incentivos, extras, consultorías y viajes. Debe hacerse un análisis de la duplicidad de funciones, exigir transparencia, pedir resultados a las instituciones, evaluar las transferencias y revisar los 150 destinos específicos que consumen el 90 % de los impuestos.
También han de examinarse las exoneraciones e invertir en un sistema tributario inteligente y eficiente para combatir la evasión y elusión fiscales. Estas y otras medidas son necesarias y urgentes dada la situación social y económica del país.
Es imperativo acabar con la creación de gastos sin la fuente de financiamiento. Los discursos populistas en nada ayudan a solventar los problemas.
El país está en baja, el tiempo se agota y el acceso a crédito e inversión se está cerrando