Crisis entorpece 600 expropiaciones para carreteras
MOPT pierde refuerzo de personal y gestión de 4 jueces
Los procesos de expropiación seguirán siendo uno de los lastres para la construcción de carreteras nacionales.
Solo este año ingresaron 600 procesos de terrenos necesarios para proyectos, muchos en ejecución, que difícilmente se van a resolver dados los efectos de la crisis en las finanzas públicas.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se quedó sin posibilidades de reforzar el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), y de contar con cuatro jueces, ofrecidos por el Poder Judicial, para apurar los casos que hubieran llegado a esos estrados.
La expectativa del MOPT con la labor de los jueces, por ejemplo, era atender 430 trámites urgentes para avanzar en la adquisición de propiedades claves para obras como la ruta 32 (San José-Limón) o la vía entre Barranca y Limonal, sobre la carretera Interamericana Norte.
No obstante, dichas plazas ya no estarán disponibles por disposiciones de la Comisión de Hacendarios, confirmó el ministro Rodolfo Méndez.
“La posición de la Comisión de Hacendarios fue quitar todo sin hacer distinción. Yo espero que haya una reflexión, es sabido el efecto que tienen las expropiaciones en la eficiencia, eso es para que el dinero se gaste eficientemente, ¿cuánto nos cuesta?, ¿cuál es el perjuicio?, ¿por qué no se distingue lo que nos cuesta hacer las cosas bien hechas o hacerlas mal hechas?”, lamentó el jerarca.
Según el ministro, ese faltante los obligará a ser “selectivos” a la hora de priorizar los procesos, así como buscar “nuevos métodos” para sacar adelante los expedientes.
Además de la denegación de los nuevos jueces para el Poder Judicial, se suma el caso de una oficina en el MOPT con escaso personal, que ve acumularse expedientes, sin la posibilidad de tramitar nuevos recursos.
En el DABI trabajan 12 peritos y cuatro encargados de la gestoría vial (que son los que notifican y ubican a los propietarios) y más bien han perdido recurso, pues las plazas que quedan vacantes por jubilación no pueden ser repuestas a causa de los recortes presupuestarios.
Ese departamento pasó de tramitar 250 procesos anuales a unos 600, por lo que tanto el ministro como el encargado de dicha oficina reconocen que será difícil variar el ritmo.
El jefe del DABI, el ingeniero Alex Ureña Ortega, explicó que otra de las medidas que han tomado tiene que ver con reacomodos en el mismo equipo de trabajo.
“Cuando alguna de las unidades ya ha avanzado, lo que se hace es utilizar ese recurso para hacer alguna de las otras tareas, cuando las posibilidades o la capacidad lo permiten. Por ejemplo, cuando los peritos van avanzando en su trabajo, ayudan en la parte de gestoría vial”, dijo.
Labor de convencimiento. “Estamos intensificando visitas a los propietarios para hablar uno por uno con todos, para convencerlos de que nos den autorización de entrar en posesión mientras se resuelven los temas en los tribunales”, relató Méndez.
El ministro dijo comprender la situación económica agravada por la crisis del nuevo coronavirus, pero insistió en que se deberían considerar aquellos programas en ejecución que representan gasto de capital.
El responsable del DABI explicó que quienes se encargan de esas visitas son los mismos funcionarios de las unidades ejecutoras en cada proyecto o de las constructoras o supervisoras de las obras.
La idea es que estas personas, al estar metidas de lleno en la ejecución de los trabajos, puedan contarles a los dueños de los terrenos sobre las bondades que traerá el proyecto y procurar así que les permitan entrar en posesión de manera voluntaria, mientras concluyen los trámites administrativos o judiciales.
Otra de las respuestas ante el incremento de procesos es solicitar a las unidades ejecutoras que los expedientes se presenten con los requerimientos de los terrenos “más adelantados”.
“Se ha modificado un poco el insumo inicial. Antes, el ejecutor de proyecto mandaba un oficio con el plano catastro, con la solicitud de que se adquiriera esa franja. Ahora, el insumo inicial no es solo el plano catastro, sino que viene acompañado de un expediente administrativo más trabajado, con direcciones para notificaciones; no hay que hacer ese trabajo de investigación acá, sino que nos permite entrar de lleno con el expropiado. Eso ha venido a solventar, o más bien, nos ha permitido poder atender ese volumen tan alto”, explicó Ureña.
Procesos de años. De acuerdo con el encargado de expropiaciones, los procesos pueden completarse en plazos que van desde los cinco meses (en casos ideales donde todo transcurre sin contratiempos) hasta varios años, como los que se han visto en obras como el tramo norte de la carretera de Circunvalación, en San José.
Según Ureña, la problemática en sede judicial no solo tiene que ver con la capacidad instalada en los juzgados o la aceptación de los avalúos.
Los obstáculos se dan casos en donde se tienen impedimentos, propietarios que no se localizan o que han fallecido y también en procesos donde el dueño del inmueble impide el ingreso, por lo que deben solicitar una orden de un juez para ingresar con Fuerza Pública y lograr así realizar el avalúo de la propiedad.
El porcentaje de aceptación del monto que el Gobierno ofrece pagar a los dueños, también depende de la conveniencia del proyecto para los vecinos.
“Por ejemplo, en Chilamate (zona norte) el porcentaje de aceptación fue de más de 90%, pero si vamos a una zona ya impactada como Pozuelo - Jardines del Recuerdo o el intercambio Paso Ancho, el comportamiento es casi inverso: el 90% no aceptaba porque a ellos no les interesaba que hubiera desarrollo, lo que les interesa es su actividad económica; además, son desarrollos muy pequeños, por lo que ven más afectado el giro de negocio”, detalló.
El funcionario agregó que
a raíz de los informes de Auditoría del MOPT y de la Contraloría General de la República publicados el año anterior, se realizaron ajustes dentro de ese departamento.
Uno de los aspectos que señalaba la Auditoría Interna era que los avalúos se realizaban sin sustento, a lo que Ureña explicó que tras analizar los procesos determinaron que los avalúos sí contaban con respaldo, pero los documentos se omitían en algunos informes, por haberse incluido ya en otros expedientes del caso.
“Eso se atacó y se ha venido mejorando mediante procesos, de atender lo que estipulan los procedimientos institucionales, que en algunos casos, por no meter más información, se omitía.
”Se analizaron los procedimientos, se actualizó el manual de avalúos, hay uno reciente. A nivel interno administrativo, también se actualizaron varias gestiones”, aseguró.
Ureña aseguró que mantienen una coordinación muy estrecha con la Procuraduría que es la que da todo el soporte, que junto con el apoyo a nivel superior por parte de los jerarcas, han permitido mantener el flujo de procesos.
Sin embargo, en relación con la diferencia en los plazos y la carga de trabajo que también había sido señalada en dichos informes, afirma que no está bajo el completo control de la oficina, por casos como cuando se impide el acceso o los dueños se esconden y no permiten la notificación, por lo que hay que hacerlo por edicto.
Aunque la reforma a la Ley de Expropiaciones publicada en febrero del 2017, buscaba subsanar algunos de los escollos, lo cierto es que se convirtió apenas en un paliativo.
Esta reforma estableció dos requisitos para que el Estado pueda entrar en posesión de los terrenos: que estén notificadas todas las partes y que el juez conozca el expediente.
Tras ese conocimiento se nombra a un perito que notifica y la Administración debe depositar el avalúo.
Empero, para llegar a ese paso, de igual forma el juez debe resolver los otros procesos que tenga por delante en la fila.
Actualmente, los principales proyectos cuyos expedientes se encuentran en trámite corresponden a los terrenos necesarios para ampliar el tramo de la ruta 32 entre el cruce a Río Frío y Limón, los del Programa de Infraestructura del Transporte (Cañas-Limonal, Barranca- Limonal, la Angostura y Paquera- Playa Naranjo) y los intercambios de TarasLa Lima en Cartago.
Con anterioridad se completaron los terrenos para los tres pasos a desnivel de la Circunvalación, así como los de la V etapa del proyecto de Circunvalación norte.