Instituciones son principales acreedoras del Gobierno
›Renegociar deuda arriesgaría dinero de pensiones, afirma Hacienda
Bancos, operadoras de pensión, Jupema, Caja y otras entidades tienen 93% de bonos
Desde una silla del Directorio legislativo, en el edificio viejo del Congreso, la diputada del PAC Laura Guido acusaba a los tenedores de deuda pública de hacerse “ricos” a costa del Estado.
Era el mediodía del pasado 8 de octubre. En la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios se discutía el tercer presupuesto extraordinario del 2020. En este, el gobierno propuso destinar al gasto público ¢51.000 millones ahorrados por Hacienda gracias a un menor pago de intereses en la colocación de bonos de deuda.
En cambio, la oposición y la Contraloría General consideraban que era mejor tomar ese dinero para atenuar el déficit fiscal, mediante el pago de intereses de la deuda.
En defensa del Gobierno, la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) argumentó que, gracias al “buen” manejo de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda, se les quitaban esos recursos a los acreedores, a quienes achacó engordarse los bolsillos con el cobro de intereses.
“Parece que mucha gente en esta Asamblea está interesada en defender esa posibilidad de que esos tenedores se sigan haciendo ¡ricos, ricos, ricos! ¡A costa del Estado costarricense! ¡A costa de la gente más vulnerable!”, exclamó Laura Guido.
Pero ¿quiénes son los acreedores de la deuda pública que, en palabras de la diputada, se estarían haciendo ricos a costa de los contribuyentes?
La Caja, el mayor tenedor. En el caso de la deuda interna, que para setiembre ascendía a ¢18,2 billones (un 76,5% del total de la deuda), entre los principales acreedores están las propias instituciones públicas.
Datos del Ministerio de Hacienda muestran que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es acreedora del 14% de la deuda interna; el Instituto Nacional de Seguros (INS), del 7%, y otro conjunto de entidades públicas acumula el 15%.
A su vez, las operadoras de pensiones complementarias (OPC), que pueden ser públicas o privadas, tienen el 27%, y los bancos comerciales, públicos y privados, el 18%.
Estos sectores tienen el 81% de la deuda.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), que gestiona y administra pensiones de los docentes, tiene otro 12%.
Solo queda 7% en manos de otros acreedores. (Ver gráfico).
Según explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en el diálogo entre el gobierno y sectores, por eso no es conveniente hablar de una “renegociación” de la deuda, pues allí está en juego el dinero de las pensiones de cientos de miles de trabajadores.
Estas instituciones compran bonos de deuda del Gobierno para recibir el pago de intereses y, así, garantizar las jubilaciones de los trabajadores en el futuro.
La mayor parte de las inversiones de la CCSS, por ejemplo, son para generarle rendimientos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Lo mismo hace la Jupema para las jubilaciones de los educadores, en su gran mayoría del sector público.
Por otra parte, la deuda interna es más cara y, generalmente, se coloca a menor plazo que la externa.
Villegas ha explicado a los diputados, a manera de ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó al país $521 millones a una tasa del 1,55% anual y un plazo de cinco años.
Ese dinero, en el mercado local, habría conllevado una tasa de entre un 6% y un 7% en el mismo plazo.
No obstante, la deuda en moneda extranjera también implica el riesgo de un aumento en el tipo de cambio. De acuerdo con datos de la Contraloría General, el porcentaje de deuda que el país tiene en moneda extranjera, principalmente en dólares, pasó de un 37% a un 41,4% entre el 2015 y el 2020.
El Gobierno impulsa una reforma para que inversionistas extranjeros puedan comprar bonos de deuda en el mercado interno, con el fin de reducir el riesgo cambiario y para disminuir las tasas locales.
‘Canibalismo’. En declaraciones dadas a La Nación días atrás, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del actual Gobierno, calificó de “canibalismo” el ciclo, entre los mismos entes del Estado, de prestarse a sí mismos para financiar el gasto del Gobierno.
“El Estado necesita más deuda para pagar intereses sobre deuda que se debe a sí mismo; eso es canibalismo”, señaló.
Chaves explicó esa práctica con el siguiente ejemplo: “Existe una serie de destinos específicos y de transferencias que hace el Gobierno como al Inder (Instituto de Desarrollo Rural), al que le ingresan impuestos como el del alcohol y del tabaco. El Inder no gasta ese dinero, lo acumula, se lo presta al Gobierno a tasas altas, que son recursos de los contribuyentes.
”Hay un canibalismo en el sentido de que los contribuyentes están teniendo que financiar el impuesto directo que va al Inder y, después, los intereses que el Gobierno le paga por los préstamos del Inder. Eso es inadecuado”.
En ese mismo esquema están las universidades públicas, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), denunció el exjerarca.
“Invierten en bonos del Gobierno superávits enormes, a tasas altas. Nadie quiere arreglar eso”, subrayó Chaves.
Durante su gestión, Chaves quiso arreglar parte de ese problema con el proyecto Pagar. (Ver nota aparte).