Exoneración de IVA e impuestos de renta se revisarían cada 5 años
›Proyecto incluye penas económicas por el mal uso de esos beneficios
La pertinencia del gasto tributario del Gobierno, como se conoce a las reducciones de algunos impuestos como el de renta o el impuesto al valor agregado (IVA), sería revisada cada cinco años por el Ministerio de Hacienda.
Así lo establecería un proyecto de ley dictaminado afirmativamente, por unanimidad, el 11 de noviembre, en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
El plan, propuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el periodo legislativo anterior, contiene mayores controles y aplicaría sanciones económicas por el mal uso de esos beneficios.
En el artículo 43, el texto formula revisar cada cinco años los regímenes existentes de exenciones fiscales que, al 2018, previo a la aprobación de la reforma fiscal, significaban ¢1,9 billones.
El monto equivalía al 5,57% del producto interno bruto (PIB) de ese año, según registros de Hacienda, pero la cifra pudo sufrir leves ajustes tras la entrada en vigencia de la reforma citada.
Una exención fiscal es la dispensa total o parcial de pago del tributo, otorgada por la ley.
El artículo dice que la Dirección General de Hacienda evaluará la “eficacia, pertinencia y validez de las exoneraciones otorgadas en cada régimen vigente, debiendo analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar parcial o totalmente, la exoneración correspondiente”.
Ese análisis se haría cada cinco años con base en estudios técnicos y deberá ser publicado en el sitio web de Hacienda, de la Contraloría General de la República (CGR), del sector sobre el cual recae el estudio, y de la Asamblea Legislativa.
Un transitorio del texto estipula que el primer estudio se ejecutaría a los dos años de haber entrado en vigor la norma y, luego, periódicamente cada quinquenio.
Luz verde. La iniciativa fue dictaminado por los 11 legisladores de Hacendarios.
Ellos son los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; los socialcristianos María Inés Solís y Oscar Cascante; y Laura Guido y Nielsen Pérez, de la bancada de gobierno, así como los restauracionistas Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, el republicano Otto Roberto Vargas, y el fabricista Harllan Hoepelman.
“Se podrán revisar a través de una evaluación costo-beneficio con datos, no con temas de conveniencia política ni posturas ideológicas”, expuso Hernández, presidenta de esa comisión.
Actualmente, algunos regímenes especiales, como lo son los de zonas francas o cooperativas, gozan de exoneración del pago del impuesto de renta. Lo mismo ocurre con el salario escolar de los empleados públicos.
Sin embargo, también existen numerosas exenciones de IVA, como las de la canasta básica (cuyos productos pagan un 1%), la educación privada y las compras de bienes y servicios de universidades públicas.
Con la información del 2018, ¢1 billón en exenciones correspondió al impuesto de renta y ¢847.000 al impuesto de ventas que existía en ese entonces.