‘No sabemos realmente qué vamos a hacer. Tenemos cero ingresos’
El impacto económico de la pandemia de covid-19 dejó sin empleo a miles de trabajadores costarricenses, que se devolvieron a sus hogares sin dinero, pero llenos de necesidades en medio de una emergencia sanitaria.
Esta es la realidad de una familia santacruceña cuyo jefe de hogar fue despedido de una cadena de supermercados en la que laboraba desde hacía cinco años.
Él se quedó sin empleo en junio por recorte de personal, a pocos meses de que el virus se propagara por el país.
Su esposa, quien habla en nombre del núcleo familiar, prefiere no revelar su identidad ni tampoco mostrar fotografías, pues recién se recupera de la operación por un tumor en la piel.
La madre de un pequeño de un año y de un muchacho de 18 que se gradúa del colegio, cree que decir su nombre podría quitarle las pocas oportunidades de encontrar trabajo.
Según ella, revelar su identidad llevaría a empleadores a no contratarla, pues tendría algunos impedimentos para realizar ciertas actividades a causa de su enfermedad.
Antes de que sufriera la patología, en plena pandemia, la mujer se dedicaba a la venta de comidas y a hacer remiendos y costuras.
Cuando su esposo quedó desempleado, ambos recibieron el bono Proteger por tres meses. A ese dinero le sumaron el de las prestaciones para sobrevivir con lo mínimo todos estos meses, rindiendo al máximo la plata.
Pero los recursos comienzan a escasear. No alcanzarán para comprar más comida a partir de la segunda quincena de diciembre, estima ella.
“Tenemos cero ingresos. No sabemos realmente qué vamos a hacer, porque el bebé requiere pañales y lo que necesita un niño, por más humilde que uno lo pueda tener”, afirmó.
De acuerdo con el Programa Estado de la Nación, el desempleo entre jefaturas de hogar, como ocurre con esta familia, creció 2,8 veces por la crisis del nuevo coronavirus, lo que permite “anticipar un crecimiento considerable de la tasa de pobreza”.
Ese dato se consumó en la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, que reveló que el 26,2% de la población se encuentra en esa condición. Ese es el indicador más alto desde 1992.
La familia citada afronta esta condición, además, en plena atención médica por la enfermedad de la madre.
“Viajamos dos veces al Hospital México para que me hicieran la biopsia y la segunda cita para la cirugía. Eso requirió gastos con los que no contábamos, tenía que ir con acompañante.
”El seguro de salud llega hasta diciembre. La situación es que tengo que continuar en control y no voy a tener seguro. Además lo que implica el problema de salud, como gastos en bloqueadores (solares), indispensables para poder salir, así como ropa tapada y sombrillas con filtros.
”Ha sido un complot de situaciones a las que uno les hace frente porque no le queda más, pero hay momentos muy duros en que nos decaemos”, declaró la mujer.
Inclusive el pago de impresiones de currículos, fotocopias de documentos y pasajes de bus para que el padre vaya a ferias de empleo pesa demasiado en el presupuesto familiar.
“Hemos gastado lo poquito que no tenemos en copias. Tenemos que estar imprimiendo, sacando fotocopias y yendo a muchos lugares. Pensamos que mandar correos es hacerlo como uno más del montón, porque ni siquiera ponen una respuesta de recibido. Hemos mandado cantidades, pese a que se han abierto algunos establecimientos”, afirmó.
Secuelas. El impacto de la pandemia, señala el informe, ocurre en momentos de estrechez fiscal, lo que puede impactar en un debilitamiento de los programas de inversión social.
Además, el desempleo, las suspensiones de contratos y las reducciones de jornadas de los trabajadores desfinancian el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), principal fuente de recursos para programas sociales junto a las transferencias del Gobierno.
Un 60% de los recursos de esos fondos proviene del 5% que se recarga sobre las planillas de las empresas.
“Es muy probable que Fodesaf afronte una fuerte contracción en los ingresos y en las transferencias de los programas sociales, por estar directamente ligados a la actividad económica, en el momento en que el país necesita mayores aportes a la lucha de la pobreza”, advierte el reporte mencionado.
Para Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, este es un peligro latente.
“Sin el sostenimiento de los empleos, nosotros no podemos sostener el financiamiento de los problemas sociales. Ahí debemos entender que esa es una responsabilidad de todos los que tenemos que salir de nuestros hogares a atender nuestras responsabilidades”, aseveró Bermúdez.