Estado de la Nación califica de ‘pieza clave’ al Sinirube para atacar pobreza
››recolección, verificación y actualización de datos, entre los retos
La pandemia disparó la tasa de pobreza al 26,2% de los hogares costarricenses y condenó a 84.000 familias más a esa condición, según la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En medio de la crisis sanitaria, Costa Rica alcanzó el indicador de pobreza más alto de los últimos 28 años. Ocurre, además, en momentos en que las finanzas públicas están debilitadas, lo que limita la inversión social para contener esa problemática.
Es en dicho escenario en el que el Estado de la Nación califica el Sistema Nacional de Información y Registro Único del Estado (Sinirube) como “una pieza clave” para enfrentar la realidad.
¿Cuáles son los hogares que realmente necesitan ayudas sociales? ¿Qué tipo de atención requieren según sus condiciones? ¿Qué clase de beneficios podría sacarlos de la pobreza?
Todas esas son preguntas que esta herramienta podría ayudar a responder, pues, además, geolocaliza los hogares pobres, de acuerdo con sus características.
Así, por ejemplo, se podrían encontrar las familias cuya jefatura femenina está desempleada u hogares donde los adultos mayores aún no tienen pensión.
Permite también evitar duplicidades en la entrega de los subsidios. Además, cada vez que un hogar pide asistencia, se revisa el sistema para verificar si realmente la requiere.
“Es una fuente de información valiosa para mejorar la focalización, el control y la ejecución de los programas sociales. Asimismo, se plantea como objetivo un asunto medular en el uso eficiente de los recursos: reducir duplicidades de funciones institucionales y la inadecuada asignación de ayudas sociales”, resalta el informe.
‘Músculo institucional’. Pero ¿es confiable la información que brinda? ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Qué se debe mejorar y qué se requiere para hacerlo?
En su último informe, publicado este martes, los investigadores del Estado de la Nación aplicaron una radiografía a ese sistema.
Dicho análisis arrojó tres importantes puntos de mejora para la herramienta de asistencia social.
Estos están relacionados con la forma en cómo se recolectan los datos de los hogares, así como la verificación y actualización de estos.
Para superar esas debilidades, advierte el informe, será necesario dotar de recursos financieros y humanos a ese órgano adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el propósito de brindarle “más músculo institucional”.
De acuerdo con el presidente del Instituto, Juan Luis Bermúdez, el Sistema opera con cinco plazas técnicas y tres administrativas.
Esos funcionarios hacen tres tipos de labores: procesar las bases de datos de instituciones con información socioeconómica y asignación de beneficios, mantener actualizados los convenios institucionales y realizar análisis e informes que las entidades requieren para la inversión social.
“Este año de pandemia se tuvo que hacer toda una labor para incorporar la plataforma Proteger (para asignar el bono) con Sinirube, que ha requerido hasta un cuarto del tiempo del personal.
”También se tienen que atender múltiples auditorías de la Contraloría General de la República, del IMAS y solicitudes de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), así como las investigaciones de la UPAD (la derogada Unidad Presidencial de Análisis de Datos), por los requerimientos que pidieron los diputados.
”A tal punto que otro 25% del trabajo del personal ha estado centrado en atender requerimientos de información este año”, afirmó Bermúdez.
Dar ese “músculo institucional” será necesario, según el Estado de la Nación, para solventar los problemas encontrados en el sistema.
Ruta de mejora. En la actualidad, Sinirube concentra la información de 3,5 millones de personas, así como de 1,1 millones de hogares, los cuales representan poco más del 70% del total.
Los datos de las personas registradas en el Sinirube se obtienen de la Ficha de Inclusión Social (FIS) que aplican trabajadores sociales del IMAS y asistentes técnicos de atención primaria de salud (Ataps) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ese formulario contempla 70 variables en cuátro áreas temáticas: ubicación geográfica; características y servicios de la vivienda; características de las personas y el hogar, y patrimonio familiar.
Aplicar ese formulario es indispensable para obtener un beneficio estatal.
La información brindada por las personas se contrasta, valida y completa con registros externos, como los del Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Dirección General de Migración y Extranjería (DGM) y el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), donde se verifican los ingresos registrados por los hogares.
Es justo en este proceso donde se hallan las debilidades más importantes del sistema. 1. Recolección de datos. Las fichas, desde donde se obtiene la información de las personas, se aplican mayoritariamente por demanda.
Es decir, se conocen sus datos hasta que las personas acuden a la ventanilla del IMAS a solicitar un beneficio.
Sucede en menor escala que trabajadores del Instituto se desplacen a los sitios a recolectar información de poblaciones de interés.
“Esta es una línea de mejora significativa, con el fin de incluir en el Sinirube a la población que, por desconocimiento, poco logro educativo, falta de acceso a tecnologías de información o por dificultades de accesos desde sus comunidades, no se puede acercar a las ventanillas del IMAS”, dice el informe.
2. Verificación de la información dada por las personas.
Otra de las debilidades es la limitante que afronta la entidad para realizar visitas de campo con el fin de verificar la información que entregan los posibles beneficiarios.
Las fichas se aplican en papel, cuando se visita la vivienda, o de manera digital, mediante una entrevista en las oficinas.
Apenas el 20% de las fichas digitales se verifican con una visita de campo. Ese número cambia según la región y las unidades locales, pues algunas aplican más la ficha en papel.
“Esta es un área de mejora; esas visitas al domicilio pueden ser centrales para confirmar la veracidad de la información”, agrega el informe. Actualización.
Uno de los principales retos para identificar a la población objetivo, en el combate a la pobreza, es el constante cambio en las condiciones de los hogares. Aquellos calificados como no pobres podrían caer rápidamente por debajo de la línea de pobreza por la pérdida de empleo, por ejemplo, o bien podría suceder lo contrario.
Esas familias también están sujetas a su fragmentación por múltiples fenómenos. También podrían cambiar constantemente de domicilio, por diferentes razones.
Por eso, el Estado de la Nación aboga por una actualización más constante de la información disponible de los hogares costarricenses.
“Un problema medular es que, por ser la pobreza un fenómeno dinámico, la condición de las familias cambia constantemente.
”Cuando van a buscar a esas familias, muchas de ellas ya no están localizables en la dirección anotada y les pierden el rastro. De ahí la importancia de actualizar, como mínimo cada tres años, la información de todos los hogares registrados”, señala.