Investigación revela vínculo de policías ticos y militares nicas con tráfico de personas
››Coyotaje en la zona norte se ha vuelto ‘normal’ por la falta de empleo
“Se ha detectado corrupción tanto de cuerpos policiales costarricenses como de las fuerzas armadas de Nicaragua, que están involucrados con estas organizaciones (de tráfico de migrantes). Coadyuvan dando información para facilitar el paso, avisando de retenes u operativos a cambio de dinero”.
El párrafo anterior es un extracto del informe Las Caras del Exilio Nicaragüense: Expulsados y Vulnerabilizados, elaborado por la Fundación Arias para la Paz y dado a conocer este viernes.
La investigación, hecha entre febrero y agosto de este año, reveló que existen vínculos entre policías costarricenses y militares nicaragüenses con las redes de traficantes de migrantes desde Nicaragua hacia Costa Rica.
“Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica. Una de las estrategias es compartir información. Los militares y policías de ambos países ya conocen las placas de los carros (de los traficantes) y no los paran, y los coyotes saben los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento”, prosigue el estudio.
“Al llegar a Peñas Blancas (puesto fronterizo en La Cruz de Guanacaste), la persona que realiza el viaje se encarga de contactar a miembros del Ejército y realiza el pago para que puedan pasar al otro lado de la frontera”, narró uno de los migrantes entrevistados.
Su identidad y la del resto de personas entrevistadas se resguarda por seguridad.
Otro testimonio, recolectado en entrevista con funcionarios públicos, dice: “Muchas personas que traficaban drogas se dedican al tráfico de personas, porque tiene una rentabilidad similar al tráfico de drogas y la pena es menor. Es lamentable decirlo, pero acá en Costa Rica, hay varios puestos policiales que están involucrados en organizaciones, nos indican que es de paso libre, donde les cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos pasar”.
El estudio utilizó una técnica de investigación mixta (cualitativa-cuantitativa) para la cual, entre otros recursos, se entrevistaron 284 personas solicitantes de refugio en nuestro país.
También, la Fundación entrevistó a 14 vecinos de las zonas fronterizas y migrantes irregulares, y a 14 funcionarios de entidades como la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y las municipalidades de los cantones fronterizos de La Cruz (Guanacaste), Upala y Los Chiles (ambos en Alajuela).
La investigación busca propiciar condiciones de vida dignas para esas personas, detallando la situación de huida de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica –desplazados por la fuerza, a raíz de la violencia política en su país– y revelando los peligros y las violaciones de derechos que sufren al cruzar la frontera.
Estructuras criminales. Según el informe, el tráfico de personas lo manejan “estructuras criminales organizadas”, las cuales operan en redes compuestas por coyotes (quienes cobran por trasladar migrantes ilegalmente), policías, militares, taxistas y demás personas dedicadas al transporte, así como vecinos.
De hecho, la indagación lo describe como “un conjunto de servicios que están a disposición para ‘el acompañamiento’ desde Nicaragua”.
“(Los coyotes) tienen precios en temporadas bajas y altas, ya que conocen los momentos del año con mayor afluencia y, dependiendo de la persona, si es mujer, si es muy joven, el grado de urgencia, si viene con niños, establecen los precios”, revela el documento.
Los costos del cruce de fronteras de manera irregular varían según los servicios que adquieran las personas necesitadas, amplía la Fundación Arias para la Paz. Rondan entre $100 (unos ¢61.000) y $350 (¢180.000). Algunos, en casos de emergencia, pagaron más de $1.000 (más de ¢600.000).
Aunque hay algunos traficantes que sí “cumplen” con pasar a los migrantes por la frontera, otros los estafan y extorsionan. “Hay casos en los que los coyotes los abandonan a su suerte sin importar si van con personas menores de edad, sin importar si ya pagaron por el apoyo para el cruce de fronteras, sin importar nada”, se lee en el documento.
Una migrante entrevistada recordó un lamentable episodio vivido por una madre quien huía en su mismo grupo. “¡Ah, no! Por ella nos van a agarrar. Bájese (de un vehículo). Y la bajaron. La dejaron tirada a la mitad de la calle, con sus tres bebés y las cosas que llevaba”, relató la mujer.
Según la investigación, Los Chiles “es el lugar donde los traficantes de migrantes están más organizados”.
“En la estructura, hay un líder que compra vehículos que no están al día y pone a manejar a cualquier persona que esté dispuesta, incluso si no tiene licencia de conducir, aunque también hay personas con carros propios que trabajan para sí mismos”, añade el documento.
El líder “opera desde su residencia dando órdenes, utilizando tecnología como GPS (sistema de geolocalización) y chats de WhatsApp”.
Las comunidades, incluso, tienen negocios establecidos alrededor del tráfico de migrantes. Algunos alquilan terrenos donde los coyotes hacinan a las personas, en espera de cruzar la frontera sin ser detectados por las autoridades.
Otros trabajan como informantes de los traficantes; les avisan cuándo no hay policías, para que puedan cruzar, e incluso, hasta venden botas de hule a los nicaragüenses para el trayecto.
“Cuando hay policía en algún punto, lo comunican a través de un grupo de WhatsApp; en la comunidad (los coyotes) disponen de informantes que les avisan si hay presencia policial en la zona”, revela el documento.
El informe enfatiza en que, en los tres cantones, las personas saben que están cometiendo actos ilícitos, pero lo siguen haciendo “al no haber oportunidades de empleo”.
“Aquí el coyotaje es como una forma de ganarse la vida, las personas no lo ven como un delito… Eso es como normal; para los niños, su papá es coyote, como si fuera una profesión”, cuenta una funcionaria pública de Upala.
El coyotaje está tan normalizado en esas regiones que, incluso entre los funcionarios de las entidades relacionadas con el tema, hay desconocimiento con respecto a las actividades que implican delitos.
El estudio detectó 51 puntos de acceso irregular hacia Costa Rica en los cantones La Cruz, Upala y Los Chiles.
Las formas de cruzar de Nicaragua a Costa Rica ilegalmente pueden ser por tierra o por agua (en bote). Aparte de los riesgos usuales a los que se exponen los migrantes (como robos de dinero y de documentos, violaciones y tráfico de personas para explotación sexual) deben sortear amenazas como ataques de animales y mordeduras de serpientes.