Golpe a la educación técnica
El nuevo sistema de admisión del Tec da la espalda a los mejores alumnos, al dinero invertido en su formación y al país.
La atracción de inversión extranjera y la incursión en actividades productivas vinculadas con la ciencia y la tecnología son pilares del desarrollo de la Costa Rica de nuestros días. La inversión en educación es uno de los grandes acicates de ese desarrollo, pero, al mismo tiempo, la estructura de la oferta educativa nacional puede ponerle límite. El Informe estado de la educación, del Programa Estado de la Nación, registra un modesto aumento en las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero lo estima insuficiente.
Nuestras universidades concentran sus esfuerzos formativos en disciplinas alejadas de los conocimientos y habilidades necesarios para competir en la cuarta revolución industrial. Haciendo a un lado las ciencias de la salud, la oferta educativa en las ingenierías, tecnologías de la información y áreas afines apenas representa el 16 % del total.
La gran excepción es el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec). Por eso, causa tanto desasosiego el golpe propinado por el nuevo sistema de admisión a los aspirantes más prometedores. En lugar de procurarse un alumnado idóneo para elevar la experiencia educativa y garantizar óptimos resultados, el Tec decidió emprender el camino de una mal entendida «justicia» social y territorial.
Alumnos de grandes méritos, aptos para elevar el nivel de exigencia y enriquecer la formación de sus compañeros quedaron fuera por su lugar de residencia y el tipo de institución educativa donde se formaron. La cúspide del absurdo se alcanzó con el rechazo de jóvenes graduados en los colegios científicos abiertos con gran esfuerzo estatal precisamente para ofrecer a los mejores estudiantes la oportunidad de una educación de excelencia, con la esperanza de verlos contribuir al desarrollo del país.
El Tec no solo dio la espalda a esos alumnos y al dinero público invertido en su formación, sino también al país, necesitado del mejor recurso humano para competir con otros donde la búsqueda de la excelencia no conoce tregua. Escogió, además, un pésimo momento para fallarnos, según los señalamientos del exministro de Educación Francisco Antonio Pacheco.
En un artículo publicado en estas páginas, el exministro lamenta nuestra «pandemia educativa» y hace un recuento de sus componentes: el curso lectivo del 2018 se fue en huelgas, el del 2019 no se aprovechó para subsanar las deficiencias y la covid-19 dio al traste con el 2020. «¿Se habrá meditado suficiente sobre el déficit en la formación de los estudiantes que ingresen a las universidades?», pregunta Pacheco antes de sentenciar: «Nunca hemos estado más necesitados de aprovisionarnos de talento y de recursos humanos de la más alta calidad académica para los años futuros, precisamente porque en este campo se avecina una sequía. ¡Y en medio de semejante situación se desecha a buena parte de los mejores aspirantes a ingresar al Tec!».
El Instituto Tecnológico rechaza miles de solicitudes de ingreso todos los años. Su participación en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está petrificada y no hay financiamiento para abrir la puerta a más aspirantes a estudiar las carreras indispensables para el desarrollo. La asignación de recursos debe ser revisada para ampliar cupos, pero siempre para llenarlos con los aspirantes de mayor mérito, porque el país los necesita.
Como bien señala el exministro, «hay otras formas de cumplir una función social verdaderamente significativa». Una de ellas fue la escogida por Pacheco cuando decidió abrir los colegios científicos para ofrecer formación de excelencia dentro del sistema educativo público a jóvenes con aptitud para aprovechar la oferta.
El nuevo sistema de admisión del Tec da la espalda a los mejores alumnos, al dinero invertido en su formación y al país, necesitado del mejor recurso humano para competir
En lugar de procurarse un alumnado idóneo para elevar la experiencia educativa, el Tec decidió emprender el camino de una mal entendida ‘justicia’ social y territorial