Directivas quedarían obligadas a grabar por audio y video sesiones
››Si no lo hacen, jerarcas podrían ser inhabilitados del cargo y denunciados
Una reforma de ley obligaría a los órganos colegiados de la Administración Pública, como juntas directivas de las instituciones autónomas o comisiones, a grabar sus sesiones en audio y video en aras de reforzar la transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas.
Las grabaciones deberán ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de acuerdo con la legalidad, pero también los integrantes del cuerpo colegiado deberán garantizar el cumplimiento del proceso.
Si no lo hacen, incurrirían en una falta grave y podrían ser inhabilitados del cargo y ser denunciados penalmente.
Así lo ordenaría una reforma de ley presentada por la congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, la cual fue dictaminada afirmativamente por ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Como su texto incluye reformas a la Ley General de Administración Financiera, abarcaría a todos los entes públicos, desde el Gobierno Central hasta las instituciones autónomas y empresas públicas.
El texto acoge una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), incorporada en el informe legislativo sobre el hueco fiscal de ¢600.000 millones del Presupuesto Nacional del 2018.
Durante la revisión de actas en ese caso, la CGR encontró que los cuerpos colegiados consignaron de diferentes maneras el contenido de las sesiones, pues, en muchas ocasiones el contenido del acta no era fiel ni literal con lo ocurrido en determinada sesión.
Lo mismo encontró la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
“Una de las dificultades que encontramos cuando investigamos el hueco fiscal es que se dan reuniones de alto nivel con funcionarios de Hacienda (Tesorería, créditos públicos, viceministro, otros) y no había actas o grabaciones. Evidenciamos esas reuniones por medio de correos electrónicos que fuimos conectando”, agregó León.
Por ello, la Contraloría recomendó a los diputados incorporar la obligatoriedad de las grabaciones en una reforma a la Ley General de la Administración Pública que regula esas sesiones.
La CGR aclaró que “no se trata de la regulación de la publicidad de las sesiones, sino de fortalecer la transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas”.
“Recomendamos la grabación íntegra de las reuniones de los órganos colegiados, respaldo que estaría a disposición de toda institución legitimada para acceder a su revisión, incluso cuando las sesiones fueran declaradas secretas mediando orden de juez”, agregó el ente contralor.
El plan también obligaría incorporar al expediente administrativo los correos electrónicos de importancia en la toma de decisión del órgano colegiado.
La Contraloría señaló que, por ahora, la Ley General de la Administración Pública solo pide el levantamiento de un acta que recoja una especie de resumen de los hechos principales de la sesión.