PAC y sindicatos defienden juntos las plazas pactadas en convención del MEP
››Unieron fuerzas para presionar a los diputados de oposición
El PAC y los sindicatos del MEP unen fuerzas para presionar a los diputados de oposición con el fin de que aprueben las 2.000 plazas pactadas en la convención colectiva de ese ministerio, las cuales fueron incluidas por el Gobierno en el plan de gastos para el 2021 incluso antes de firmar el acuerdo laboral.
Desde el 2 de noviembre, día en que empezó a discutirse el Presupuesto Nacional 2021 en el plenario legislativo, representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SEC) y el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) se han hecho presentantes en la Asamblea Legislativa para exigir el aval a las primeras 2.000 de 4.000 plazas.
Mientras los afiliados a sindicatos reclaman desde fuera con la presencia de unas 60 cocineras de comedores escolares, los legisladores de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) usan el tiempo de control político para expresar la “necesidad” de contratar en propiedad a estas trabajadoras.
El argumento es que solo así se puede “garantizar el respeto a sus derechos laborales” a pesar de que, por su contratación, el MEP va a tener pérdidas a partir del 2029, ya que deberá pagar pluses y beneficios que no reciben actualmente al estar contratadas por las Juntas de Educación.
Este alianza por la contratación se da, contradictoriamente, luego de que, el 29 de octubre, los diputados acordarán eliminar 2.200 plazas vacantes de 18 ministerios y de la Presidencia de la República, a solicitud del Gobierno, con la idea de generar un ahorro de ¢5.000 millones.
Sin embargo, el propio Ejecutivo es el que envía un presupuesto para incluir 2.000 plazas más en el MEP para el otro año.
Nielsen Pérez, diputada del PAC, se reunió el 12 de noviembre anterior con los representantes de las cocineras y les reafirmó “su apoyo a la defensa de los derechos laborales de estas funcionarias”, asimismo, se refirió “al vital beneficio que tienen los estudiantes al recibir un servicio de alimentación complementaria en cada centro educativo”.
Unos días antes, en un comunicado de esa bancada del 9 de noviembre, Pérez llegó a afirmar que la continuidad del servicio escolar depende de la contratación en plaza de estas trabajadoras.
“Cerca de 250.000 estudiantes de alrededor de 1.000 centros educativos se verían seriamente afectados si el MEP no procede con estas contrataciones” dijo Pérez, aunque sin dar mayor detalle sobre las razones de esa supuesta afectación.
Puede revertirse. Si la Asamblea Legislativa no aprueba el presupuesto para abrir esas 2.000 plazas en el 2021, las cocineras seguirían brindando el servicio por medio de las Juntas de Educación, como actualmente sucede.
Lo que hizo el gobierno fue trasladar los fondos presupuestados para pagar los salarios de estas cocineras de la partida de las Juntas de Educación al de remuneraciones, para cumplir con lo pactado entre MEP y sindicatos.
Según Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), solo bastaría una moción para revertir el proceso, es decir, devolverles ese presupuesto a las Juntas de Educación para que continúen contratando a las cocineras, sin interrupción alguna del servicio a los estudiantes y sin necesidad de abrir 2.000 plazas más para el 2021. Delgado ha sido una férrea opositora de la apertura de nuevas plazas.
En el nuevo acuerdo laboral, firmado el 16 de octubre pasado, el MEP se comprometió a abrir 4.000 puestos para cocineras de comedores escolares.
Estas plazas sustituirían el modelo actual de trabajo, el cual consiste en que el MEP les pasa recursos a las Juntas de Educación de escuelas y colegios para estas contraten a las cocineras por la vía privada.
Diez días antes de firmarse la convención, el 6 de octubre, la ministra de Educación, Guiselle Cruz, defendió esa contratación en una audiencia de la Comisión de Hacendarios, en la cual los diputados le cuestionaron la creación de tales plazas en plena crisis económica.
Cuestionable ahorro. Cruz dijo a los legisladores que la decisión tenía que ver con una “política social” y que su contratación generaría un ahorro al Estado. Sin embargo, la ministra no presentó a los diputados un estudio técnico ni económico que respaldara esa afirmación.
“La exposición de motivos no fue suficiente para determinar la viabilidad presupuestaria o una justificación de peso de la creación de esas plazas. En ningún lado, ella prueba que no va a generar un gasto, ni lo pudo demostrar en audiencia. En ningún momento genera una justificación técnicajurídica; un análisis de costo-beneficio que permita determinar que, efectivamente, existe una justificación válida para eso, no hubo forma de que lo pudiese contestar”, manifestó Delgado a La Nación.
Tras la comparecencia, los legisladores le pidieron a la ministra un estudio sobre el costo de esas plazas, por lo que en el MEP corrieron a elaborar una proyección a 10 años. Ese primer análisis estimó ahorros anuales de cerca de ¢2.000 millones, sin ningún tipo de pérdida.
Sin embargo, en el análisis, el Ministerio omitió datos esenciales como incluir el salario escolar y subestimó el costo de la anualidad, entre otros.
Luego de la publicación de este diario, el MEP hizo un nuevo documento incorporando los datos omitidos. Según este, habrá un ahorro de ¢2.159 millones para el 2021, pero con el tiempo, ese ahorro irá en decrecimiento y, para el 2030, tendrá más bien una pérdida de ¢189 millones. A partir de ese año, solo habrá pérdidas.
Insistencia. El 12 de noviembre, la diputada Pérez realizó una intervención de 19 minutos en el plenario para pedir la contratación de las cocineras. Para ella, se trata de “una medida necesaria para garantizar el respeto a los derechos laborales de este personal, constituido en su mayoría por mujeres jefas de hogar”.
También, el 9 de noviembre, la legisladora, en un video, difundido por la fracción legislativa del PAC, clamó por esa contratación. “Queremos que se les contrate con las condiciones legales que establece este país para todos los ciudadanos. No puede haber funcionarios de una categoría y otros de otra, todos necesitan tener las mismas condiciones. Estamos hablando de un salario, de un horario, de seguridad social”, dijo.
En la contratación de las Juntas de Educación, las cocineras cuentan con un salario, un horario y seguridad social.
Pérez y Catalina Montero, congresista del PAC, estuvieron en una manifestación de las cocineras en las afueras de la Asamblea Legislativa.