Legisladores y sindicatos interpelan a Román Macaya
Piden explicación a jerarca de CCSS sobre contrataciones de mascarillas
El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, debe dar explicaciones sobre las compras de emergencia aparentemente irregulares hechas en la pandemia.
Este es el criterio de representantes del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) y de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca). El primero incluso considera que la Junta Directiva de la CCSS debe abrirle al jerarca una investigación interna.
También, diputados consultados por La Nación criticaron la poca transparencia del funcionario con respecto a presuntas anomalías en ciertas contrataciones.
“Don Román tiene un serio problema, porque en las primeras conferencias de prensa, él dijo que todas las compras se hicieron de forma efectiva y prácticamente defendió la labor de Luis Fernando Porras (gerente de Logística suspendido por supuestas anomalías). No tenemos los elementos para pedir la renuncia de don Román, pero sí creemos que se debe abrir un procedimiento administrativo contra él.
”Indudablemente, tienen responsabilidad política la Presidencia Ejecutiva y las demás gerencias involucradas en las compras cuestionadas”, declaró Lenín Hernández, secretario general de Sinae.
Por su parte, Marta Rodríguez, líder de Undeca, cuestionó la actitud de Macaya frente a las denuncias reveladas por la prensa desde agosto.
“Creemos que le ha faltado transparencia y que ha faltado información para la ciudadanía con respecto a estos temas; uno entiende la premura de que hay que tener equipos de protección y que se hayan hecho compras directas, pero lo que ha venido ocurriendo es preocupante.
”La responsabilidad política plena es de don Román Macaya. No hay otro responsable político porque él es el principal jerarca de la institución, pero, adicionalmente, hay una responsabilidad de la Junta Directiva y del Ministerio Público de investigar qué es lo que está ocurriendo en este tipo de compras”, comentó la sindicalista.
Este diario dio a conocer ayer que la CCSS pagó por adelantado $1,3 millones a la empresa Kai Gifts Inc Dba Bazarkai, por 570.000 respiradores KN-95 que, al final, resultaron ser de uso no médico.
Esa compañía es representada en Costa Rica por MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, quien se inscribió como proveedora al inicio de la pandemia y logró hacerse con contratos por un total de $3,5 millones entre abril y junio del 2020.
El desembolso por adelantado se realizó el 7 de mayo por medio de una transferencia internacional a un banco en Delaware, Estados Unidos, y la fiscalización de la mercancía se efectuó hasta el 13 de mayo.
En agosto, Macaya afirmó, en dos conferencias de prensa, que la institución no pagaba nada sin antes fiscalizarlo. “La Caja no paga absolutamente nada por adelantado, se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras”, dijo el 5 de agosto en conferencia de prensa.
No obstante, los documentos demuestran que sí hubo pagos anticipados y sin inspeccionar la calidad de los productos.
La orden de pagar por adelantado fue dada por Porras y su asesor, Hans Vindas Céspedes. Así lo indican varios oficios enviados por ellos entre el 2 de abril y el 6 de mayo.
“En algunos momentos hemos hecho la valoración de pedir la renuncia de don Román. Sin embargo, eso no resuelve las responsabilidades. Creemos que lo que tiene que hacerse es rendir cuentas, tanto el Gobierno, que puso a Macaya ahí, como el mismo Macaya.
Una de las principales molestias de los sindicatos es que, al tiempo que se dan estos problemas con las compras, la Gerencia Médica les pidió a los funcionarios reutilizar hasta cinco veces los respiradores filtrantes de partículas.
La Nación solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con el presidente ejecutivo de la CCSS, pero este no accedió.
Molestia de legisladores. Yorleny León, diputada que preside la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aseveró que Macaya le mintió al país al decir que no se habían pagado contratos por adelantado, cuando los documentos señalan lo contrario.
“Ya van varias oportunidades en las que don Román le miente al país. Esa es la palabra: mentir. ¿Por qué? Porque antes de dar declaraciones, un jerarca debe asesorarse por parte de sus equipos técnicos y legales para tener claridad de la información que va a dar”, manifestó la legisladora.
Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional, indicó que Macaya debe actuar contundentemente frente a las denuncias o, de lo contrario, dejar la dirección de la Caja.
Por el contrario, Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana, salió en su defensa y argumentó que el presidente ejecutivo no tiene responsabilidad directa sobre pagos o adjudicaciones.
“Si alguien violentó los procedimientos, la responsabilidad debe caer sobre el funcionario, no sobre el presidente ejecutivo (...). Yo no veo al presidente ejecutivo revisando si alguien giró un cheque o no lo giró; él tiene que ver las políticas generales”.
También el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides subrayó la responsabilidad política de Macaya en los hechos denunciados. “Don Román es la cara, la cabeza de la entidad. Hasta ahora, a la luz de la investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, no tenemos elementos para endilgarle una responsabilidad administrativa a él, pero sí es él quien tiene que responder por estos hechos. (...) Cómo se vulneraron los controles y cómo se pagó por adelantado, aquí hay una responsabilidad política de él”, dijo.