Salud denuncia abusos sexuales y estafas contra ancianos de asilo
Reporte a Fiscalía Ministerio señala que viejitos también sufrían extorsión, abuso patrimonial y agresión física Otras anomalías Inspecciones detectan alimentación inadecuada, así como falta de higiene y de atención médica Caso en marcha Ministerio Públ
El Ministerio de Salud denunció penalmente que los adultos mayores de un albergue ubicado en Oreamuno, Cartago, sufren “abusos y agresiones físicas, sexuales y psicológicas”, así como “hostigamiento sexual, extorsión y abuso patrimonial”.
Ante el “abandono” de estas personas, Salud le ordenó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) reubicar de inmediato a los 24 residentes del Centro Diurno y Albergue San Rafael. El lunes de esta semana, el Ministerio exigió de nuevo la reubicación.
La denuncia planteada ante el Ministerio Público también habla de los presuntos delitos de “estafa, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos”, confirmó Salud a La Nación.
Salud denunció a la representante legal del centro, de apellidos Quirós Masís, y a la directora del albergue, de apellidos Granados Jiménez, desde el 31 de julio pasado.
También, puso en conocimiento de la Fiscalía supuestos “delitos contra la salud pública, desobediencia y violación de medidas sanitarias de emergencia por covid-19”, en la denuncia MS-DMFR-3696-2020.
La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que, ante una denuncia interpuesta por el Ministerio de Salud, se abrió una investigación en contra de las dos mujeres.
El caso, que se tramita bajo el expediente 20-0019470345-PE, está en una fase que es privada debido a la investigación de las autoridades, por lo cual no se puede brindar más detalles.
La Nación visitó ayer en la tarde el albergue para solicitar la versión de los hechos de la administración.
Una persona que se identificó como de apellido Quirós dijo: “Yo con mucho gusto voy a hablar con el abogado y cualquier cosa yo estaría hablando. La realidad del caso es que esto de que les dé covid después de seis meses no es nada, y aún más, todos están vivos”.
Según uno de los testimonios enviados por un testigo ante el Ministerio de Salud señala: “Les daban productos vencidos a los residentes del albergue y era una indicación directa de ‘arriba’ (...)”, en alusión a los responsables del centro.
“Yo en una ocasión pude corroborar que se trataba de un producto vencido, se trataba de una bebida nutritiva llamada NEF, que la estaban dando de merienda a media mañana, yo lo reporté a la administración”, sostiene la declaración.
Ese mismo testigo, el cual pidió no ser identificado por temor a represalias, también señaló en su declaración que una de las principales preocupaciones de los adultos mayores del centro era que no sabían qué sucedía con el dinero de su pensión.
En una de las imágenes compartidas con La Nación, se muestra cómo los habitantes del albergue aparentemente son amarrados de sus manos a las camas.
Malas condiciones. En abril de este año, el Ministerio de Salud le giró la una orden sanitaria a Quirós Masís para que procediera a corregir un “total de 27 inconformidades en materia de salud pública”.
Según Salud, todas estas inconsistencias fueron encontradas en una inspección realizada en el local.
El 5 de junio, Salud le envió un oficio a Quirós, en el cual le concedió una prórroga de tres días hábiles para cumplir con lo ordenado en abril.
Las autoridades sanitarias regresaron al lugar a hacer una inspección y, el 11 de junio, emitieron un informe técnico que “evidenció el incumplimiento de la orden sanitaria CE-ARS-O-OS-0083-2020”, emitida desde abril.
En esa inspección, Salud concluyó que existía “abuso de negligencia, inobservancia e impericia por parte de la representante legal, administradora y personal a cargo de los residentes, privando a los adultos mayores de condiciones de protección, seguridad, adecuada alimentación, cuidados higiénicos, vestimenta, educación, atención médica y supervisión”.
Según el informe técnico, la situación atenta contra la salud y la seguridad de los residentes, así como contra su integridad física y mental.
También, se detectó que el albergue incumplía las medidas sanitarias ante la emergencia por la covid-19, además de que faltaba personal.
Llamada de atención. El 29 de julio del 2020, dos días antes de acudir a la Fiscalía, el Ministerio de Salud también denunció la situación ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
Luego, el 18 de agosto, Salud le giró una orden sanitaria a Emiliana Rivera Meza, directora ejecutiva del Conapam, ordenando la reubicación inmediata de la totalidad de los adultos mayores del centro.
Al Conapam se le advirtió de que, en caso de incumplimiento, se procedería a elevar el caso ante los Tribunales de Justicia, por desacato a una ordenanza de Salud.
El pasado lunes 23 de noviembre, la Dirección Regional Central Este del Ministerio de Salud le envió a la doctora Priscilla Herrera García, directora general de Salud, una opinión jurídica “donde se recomienda apercibir, por última vez, al ordenado (Conapam) para que cumpla con lo dispuesto en la orden sanitaria de cita y se coordine la reubicación de la totalidad de los adultos mayores que se encuentran en ese establecimiento”.
Salud agregó que Herrera envió una copia del informe y nota sobre la situación a la viceministra de Salud, Alejandra Acuña, quien también es delegada del Ministerio ante la Junta Rectora del Conapam.
Se intentó conocer la versión del Conapam; pero al cierre de esta información no hubo respuesta.