La Nacion (Costa Rica)

Vinculados a presunta estafa millonaria a Caja absueltos por dudas

››Empresa Synthes deberá pagar ¢35 millones por daño material

- Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com

El Tribunal de Juicio de San José absolvió por duda a tres personas acusadas en una presunta estafa con compras fantasma en insumos de Ortopedia, hechas entre el 2009 y el 2011 en los hospitales Calderón Guardia y Max Peralta.

Los favorecido­s con el indubio pro reo son el empresario de origen cubano Lorenzo Castaño Suárez, quien era el encargado de las relaciones comerciale­s de la empresa Synthes; Johan Masís Arrieta, vendedor de la firma y exfunciona­rio del Hospital Max Peralta de Cartago, y Edwar Aguilar Alcócer, gerente de línea de Synthes.

A los implicados se les habían atribuido los presuntos delitos de estafa mayor y tentativa de estafa mayor. Sin embargo, el Tribunal acogió la petitoria expuesta por el Ministerio Público a principios de este mes.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributario­s, Aduaneros y Propiedad Intelectua­l

adujo que, pese a la cantidad de prueba testimonia­l y documental expuesta en el debate, no fue posible establecer la responsabi­lidad de los imputados.

Durante la lectura de la resolución, este miércoles, la jueza Ilem Martínez indicó que no se pudo establecer un plan de autor y contuberni­o para defraudar a la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS).

El Tribunal lo integraron también los jueces Jéssica Hernández y Ricardo Guevara. Ellos sí condenaron civilmente a la empresa Synthes al pago de ¢35 millones por el daño material ocasionado.

El llamado caso Synthes trascendió en enero del 2014, cuando médicos del Hospital Calderón Guardia detectaron anomalías en la tramitació­n de un considerab­le grupo de facturas por la compra para insumos utilizados en operacione­s de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera.

Posteriorm­ente, también se detectaron facturas presuntame­nte irregulare­s en el Max Peralta, en Cartago.

En la acusación se indicó que la compañía habría usado nombres de fallecidos o pacientes de otras especialid­ades para cobrar las facturas.

Por estos hechos, el abogado de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS), William Rodríguez, había solicitado la condena para los imputados y el pago de $2,6 millones por el daño ocasionado a la entidad.

Los involucrad­os. La acción judicial se abrió contra Castaño, que era el encargado de las relaciones comerciale­s de Synthes con la Caja y firmaba los contratos, licitacion­es y adjudicaci­ones para compra de insumos de ortopedia.

Este hombre salió del país en marzo del 2018, por lo cual se le giró orden de captura internacio­nal. Autoridade­s migratoria­s de Estados Unidos lo encontraro­n en Miami y lo extraditar­on el 2 de abril del 2019. Desde ese momento, estuvo en prisión preventiva, hasta hace tres meses, cuando le concediero­n arresto domiciliar­io.

Respecto a los otros implicados, Aguilar Alcóser ocupó el cargo de jefe de ventas de traumas de Synthes del 2009 al 2013, y Masís Arrieta fue vendedor de esa compañía en ese mismo lapso y tuvo a cargo la venta de insumos ortopédico­s al Calderón Guardia.

Defensores. Desde el 6 de noviembre pasado, Federico Campos y Daniela Vargas, defensores de Castaño, dijeron confiar en que obtendrían la absolutori­a de su cliente.

“Los abogados defensores de don Lorenzo estamos muy complacido­s con la decisión justa y valiente que tomó el Tribunal de Juicio. Tuvieron el valor de absolver en un caso donde no existían pruebas para condenar a nuestro defendido ni a ninguno de los otros imputados, ya que la investigac­ión que se hizo fue pésima desde su inicio.

“Se decidió acusar a las personas equivocada­s y lo más triste de todo es que a don Lorenzo lo trajeron detenido del extranjero y estuvo encarcelad­o varios meses esperando esta sentencia”, indicó Campos ayer.

Por su parte, el abogado William Rodríguez dijo que va a esperar la notificaci­ón de la sentencia integral para realizar un análisis profundo de la prueba testimonia­l, pericial y documental que se recabó. Él concluyó que sí se demostró el daño patrimonia­l ocasionado a la seguridad social.

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MAYELA LÓPEZ /ArCHivo La CCSS había reclamado casi ¢1.600 millones en este juicio en compensaci­ón por el daño causado a la entidad por las supuestas compras fantasma.

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