Diputados llaman a cuentas a Román Macaya por respiradores
CCSS canceló equipo y luego lo recibió; jerarca había dicho que ‘nada se pagaba’ sin revisarlo
Por unanimidad, la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público decidió este jueves convocar a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que dé explicaciones sobre el pago adelantado de $1,3 millones por 570.000 respiradores KN-95.
La presencia del jerarca ya estaba en la agenda de ese foro para rendir cuentas sobre la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a MR Comunicaciones Políticas y al contador público, David Landergren Castro.
No obstante, tras una moción del diputado independiente Erick Rodríguez, la Comisión decidió llamarlo para que se refiera al desembolso anticipado. En agosto, Macaya manifestó que en la institución nada se pagaba por adelantado.
La información sobre el giro realizado antes de la revisión del producto que se contrató, fue publicada este martes por La Nación.
De acuerdo con documentos obtenidos por este diario, la CCSS realizó, el 7 de mayo, una transferencia internacional por $1,3 millones a una cuenta de la empresa Kai Gifts Inc Dba Bazarkai en el Citibank New Castle, en Delaware, Estados Unidos.
No obstante, la mercancía fue revisada hasta el 13 de mayo, es decir seis días después del desembolso.
Esa forma de pago anticipado evade todas las normas de contratación de la CCSS. Además, contradice las declaraciones dadas por Macaya de que nada se pagaba por adelantado.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles por la CCSS, el jerarca de la Caja declaró que cayó en contradicciones al decir eso en agosto, pues se refería a la norma en general y no a casos específicos.
En la moción presentada por Rodríguez, también se pide convocar para dar explicaciones al asesor de la gerencia de Logística, Hans Vindas Céspedes; al jefe de la Subárea de Gestión y Control de Compras de Bienes y Servicios, José Acuña; y al director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Miguel Salas Araya.
A excepción de Acuña, todas esas personas ya figuraban en la investigación relacionadas con las compras millonarias de tapabocas y respiradores.
Kai Gifts Inc Dba Bazarkai es representada por MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz.
La comunicadora ha sido cuestionada en los últimos meses por la forma en que ganó contratos para suministro de equipo de protección personal en la CCSS por $3,5 millones.
La Fiscalía mantiene dos investigaciones abiertas por presuntas anomalías relacionadas con compras de mascarillas y respiradores durante la pandemia.
La empresaria Martínez Ruiz se encuentra fuera del país. Ella salió el 21 de noviembre, según confirmó a este medio la Dirección General de Migración y Extranjería.
Para comprender todo este asunto, hay que remontarse al 2 de abril del 2020, día en que Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística suspendido desde agosto por cuestionamientos relacionados con compras de emergencia, solicitó la confección de dos cartas de crédito a favor de Kai Gifts Inc Dba Bazarkai y MR Comunicaciones Políticas por $992.000 y $307.000, respectivamente.
Las cartas de crédito garantizan la existencia de recursos para pagar al contratista, pero el desembolso se hace hasta que se revisen los artículos.
El mismo Porras enfatizó el pasado 2 de abril, por escrito, esa condición en el oficio GL0447-2020.
Sin embargo, el 3 de abril, Miren Martínez Ruiz solicitó que no se hicieran dos cartas, sino solo una a favor de Kai Gifts Inc Dba Bazarkai por el monto total del contrato.
El 6 de abril, Porras cambió de criterio y giró instrucciones distintas.
Por medio del oficio GL0457-2020 pidió a Juan José Acuña, jefe del subárea de Gestión y Control de Compras de Bienes y Servicios hacer las correcciones solicitadas por la comunicadora, y que la institución asumiera los gastos y comisiones ligados a los cambios, asimismo ordenó hacer efectiva la carta de crédito en el momento que los 570.000 respiradores llegaran al Juan Santamaría.
“El producto será entregado en el aeropuerto Juan Santamaría con responsabilidad del proveedor, en ese momento la Gerencia se encargará de la nacionalización, por lo que la carta de crédito se hace efectiva en el momento que el proveedor nos entrega la documentación y mercadería”, comunicó Porras en el documento mencionado.
Finalmente, el 6 de mayo, el asesor de Porras, Hans Vindas Céspedes, comunicó a Acuña la entrega en el aeropuerto de la mercancía y ordenó el pago de los $1,3 millones.