Las cortes capturadas de Estados Unidos
WASHINGTON– Cualquier observador objetivo del sistema político estadounidense debe preguntarse por qué, cuando Estados Unidos enfrenta la tasa de mortalidad más alta del mundo por covid-19 y una economía devastada, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no hará otra cosa que confirmar a los candidatos del presidente saliente, Donald Trump, para el sistema judicial federal. Es un comportamiento extraño.
La explicación es un lobby de intereses especiales que opera, en gran medida, fuera de la vista de la población, una criatura política que ha acosado al sistema judicial de Estados Unidos durante generaciones y que está decidida a capturar todo el control que pueda, mientras pueda.
Seamos justos, McConnell no es el único que actúa de manera extraña. En el otoño del 2016, los republicanos inventaron el «principio» conveniente de que el Senado no debía confirmar a los candidatos para la Corte Suprema en un año electoral, y bloqueó al candidato del presidente Barack Obama, el muy respetado Merrick Garland.
El senador Lindsey Graham fue inequívoco sobre el precedente: «Si se produce una vacante en el último año del mandato del presidente Trump y el proceso de las primarias ha comenzado, esperaremos hasta la próxima elección». «Guarden la cinta», agregó Graham.
Si avanzamos a la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg en setiembre —apenas seis semanas antes de la elección—, los republicanos ignoraron la cinta. No habían transcurrido 80 minutos desde el anuncio del fallecimiento de Ginsburg cuando McConnell señaló que el Senado impulsaría a un candidato de Trump a través del proceso de confirmación y luego a la Corte. Los republicanos rápidamente se alinearon. Algunos miembros incluso manifestaron su total apoyo al candidato antes de su elección.
A partir de allí, los republicanos desecharon una norma tras otra en la loca carrera por la banca vacante. Ignoraron el deseo de Ginsburg de que el presidente electo en noviembre eligiera a su reemplazante. Violaron el proceso normal y el cronograma para confirmar un candidato a la Corte Suprema, reduciendo meses de consideración a unas pocas semanas.
Ignoraron una pandemia arrolladora y las pruebas positivas de covid-19 entre sus propios miembros (producto de una celebración supercontagiadora para el candidato en la Casa Blanca). Y, por supuesto, revirtieron hipócritamente su propio «principio Garland», llevando a cabo las audiencias de confirmación de Barrett incluso cuando ya había comenzado el proceso electoral para la presidencia.
La fuerza detrás de estas normas ignoradas y de la total hipocresía puede ser difícil de detectar. Pero si uno percibe hipocresía a la luz del día, hay que buscar el poder en las sombras.
Hace décadas, un grupo acaudalado de intereses corporativos y de ideólogos de derecha elaboró un plan para influir en las cortes estadounidenses de manera sistemática. Se dieron cuenta de que las políticas poco populares que querían ejecutar —reducir el acceso de los votantes a las urnas, inundar las elecciones de dinero corporativo ilimitado y desarticular protecciones ambientales vitales— enfrentaban fuertes vientos de frente en las ramas elegidas del gobierno. Pero se podía confiar en que las cortes, atestadas de jueves condescendientes a los que se les presentarían los casos correctos, podrían ofrecer victorias políticas sin responder a la población votante.
Bajo la instrucción del futuro juez de la Corte Suprema Lewis Powell, el grupo se dedicó a construir una máquina de influencia para llenar y manipular las cortes. Este trabajo culminó cuando Leonard Leo, emprendedor de políticas conservadoras, construyó una agenda para los candidatos judiciales a través de la Sociedad Federalista, la organización a la que Trump «delegó» la Casa Blanca para manejar sus selecciones judiciales.
El grupo que operaba la agenda de la Sociedad Federalista
Hace décadas, un grupo acaudalado de intereses corporativos y de ideólogos de derecha elaboró un plan para influir en las cortes estadounidenses de manera sistemática
también orquestaba campañas de estilo político para facilitar la confirmación de los candidatos, que incluían anuncios agresivos contra cualquier senador que pudiera interponerse en su camino. Respaldaba a organizaciones que buscaban querellantes de conveniencia para presentar casos que fomentaran la agenda de los grandes donantes. Y apoyaba a flotillas de grupos sin fines de lucro supuestamente independientes para hacer lobby en las cortes como amici curiae (amigos de la Corte), presentando escritos legales para indicarles a los jueces cómo fallar.
Esto le dio a un pequeño grupo de donantes anónimos un control sobre los candidatos judiciales republicanos y una plataforma de lobby para entregarles a los jueces el programa de los donantes —manteniendo, al mismo tiempo, su rol oculto—. En efecto, los intereses corporativos han llevado a cabo una operación encubierta contra su propio país.
El dinero oscuro es la esencia de este plan extenso. Enormes cantidades de financiamiento anónimo ocultan los intereses especiales detrás de la maquinaria de captura de la Corte y eclipsan la coordinación que la sostiene. Según el Washington Post, la red de Leo de grupos líderes representa por lo menos $250 millones.
Consideremos la Red de Crisis Judiciales, que coordina los esfuerzos de relaciones públicas y dirige los avisos de campaña de los candidatos judiciales de derecha. Recibió donaciones anónimas por $17 millones en la lucha por la banca en la Corte Suprema del juez Antonin Scalia; $17 millones por la candidatura conflictiva de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema; y $15 millones para ayudar a confirmar a Amy Coney Barrett como sucesora de Ginsburg.
Si fuera el mismo donante, entonces una sola persona gastó casi $50 millones para influir en la conformación de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y no tenemos idea de quién es esa persona, mucho menos qué negocio puede tener ante la Corte.
Luego están las flotillas de demandantes amigos coordinados. La máquina de influencia de derecha canaliza fondos a través de organizaciones de lavado de identidad, como DonorsTrust y Donors Capital Fund, a grupos que luego presentan una andanada de escritos en respaldo del desenlace preferido de los donantes. Lo vimos en el caso de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor este año: un grupo de control descubrió que un puñado de organizaciones de lavado de identidad habían canalizado más de $68 millones para financiar 11 escritos amigos, que naturalmente estaban a favor de un debilitamiento de la Oficina (CFPB, por sus siglas en inglés), un adversario irritante de los intereses corporativos especiales.
El resultado de este esquema es un registro perturbador de decisiones a favor de un conjunto de intereses especiales. En el curso del mandato del juez presidente, John Roberts, la Corte ha pronunciado 80 decisiones partidarias con un voto 5-4 que benefician intereses de donantes republicanos identificables. Algunas de las decisiones más flagrantes y perjudiciales —como el infame dictamen de Ciudadanos Unidos del 2010 que abrió el camino para un gasto de dinero oscuro ilimitado en las elecciones— generaron la ira pública. Pero la mayoría ha pasado inadvertida, como cuando la Corte sigilosamente minó el acceso de los estadounidenses a jurados civiles o debilitó la independencia de las agencias regulatorias.
Sin controles, la lista de victorias partidarias en la Corte Suprema crecería, tal vez incluso más rápido con la nueva mayoría republicana de 6-3.
Una medida para contrarrestar esta maquinaria clandestina y corrupta es la luz del sol. Exponer sus acciones y financiamiento conducirá a un escrutinio público informado y a una introspección pendiente dentro del poder judicial de Estados Unidos. La población podrá exigir cambios y las cortes podrán salvaguardarse de una futura intrusión de intereses especiales.
Por supuesto, aquellos que financien la operación de captura de la Corte invertirán no pocos recursos en defenderla. Pero cuanta más luz podamos arrojar sobre su criatura, menos factible resultará operar en las sombras.
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