Cartago logra la mejor nota en materia regulatoria
¿Qué implica que un ente tenga buena nota en materia regulatoria? Quiere decir que ha reducido los trámites burocráticos, y con ellos los costos para la entidad y para los usuarios, porque ha entendido que, de lo contrario, se incentiva la informalidad y se retrasa el desarrollo comunal.
La municipalidad del país que aparece con la mejor comprensión de esa realidad es la de Cartago, que obtuvo la nota más alta, entre 81 ayuntamientos, en el Índice de Capacidad Regulatoria Institucional 2020 elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El estudio, realizado entre es el 1.º de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020, no incluyó al recién fundado cantón de Río Cuarto, en Alajuela.
El ayuntamiento brumoso recibió una nota de 73,95 de un puntaje de 100 en la medición, la segunda que elabora el MEIC. En el otro extremo se ubica León Cortés, con la calificación más baja: 16,8.
El ranquin mide con cuánto éxito las municipalidades implementan la Política Regulatoria, un decreto del 2017 que, entre otros aspectos, vela por que en las entidades se cumplan los principios básicos constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, buen funcionamiento de servicios y dependencias administrativas y, en general, la buena marcha del gobierno.
Variables. El Índice de Capacidad Regulatoria Institucional evaluó el desempeño de los ayuntamientos en cuatro dimensiones: institucionalidad, herramientas, simplificación administrativa y desempeño institucional.
En total, midió 17 variables, entre las que destacan el “fomento del gobierno electrónico” dentro del gobierno local, específicamente, utilizando la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), para el trámite de permisos de construcción.
Otras de las variables estudiadas fue cuán rápido resuelven las municipalidades las solicitudes de patentes y de permisos de construcción de los usuarios.
Asimismo se cuantificó si los sitios web de los ayuntamientos facilitan la autogestión entre los ciudadanos y el nivel de transparencia de estos, al ofrecer a los administrados información sobre servicios y los procesos institucionales.