Conapam espera cierre de centro para reubicar a 24 adultos mayores
››Autoridades del consejo sabían del caso, pero no tenían pruebas necesarias
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) está a la espera de que el Ministerio de Salud clausure el Centro Diurno y Albergue San Rafael, ubicado en Oreamuno de Cartago, para poder reubicar a los 24 adultos mayores que viven en el lugar.
El 31 de julio, el Ministerio de Salud denunció penalmente que los adultos mayores de este albergue sufrían presuntos “abusos y agresiones físicas, sexuales y psicológicas”, así como “hostigamiento sexual, extorsión y abuso patrimonial”.
Salud confirmó a La Nación la querella planteada ante el Ministerio Público, la cual también habla de los supuestos delitos de “estafa, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos”.
Según Emiliana Rivera, directora ejecutiva del Conapam, este martes visitaron el recinto para notificar a los adultos mayores de la reubicación solicitada.
“Este es un proceso que ya dio inicio con la intervención del Consejo de la Persona Adulta Mayor y, como tal, se determina la necesidad de proceder con la reubicación de las personas adultas mayores y, obviamente, la información que se debe dar a cada persona”, explicó la jerarca.
Rivera detalló que la notificación responde al derecho que tienen los residentes de conocer lo que está sucediendo; sin embargo, dejó claro que no podrá reubicar a los adultos mayores mientras el albergue no sea cerrado.
“Nosotros hacemos todo el proceso de logística, de comunicación, de información a familiares y también se notificó al Ministerio de Salud, que es el que tiene que hacer el cierre del establecimiento”, aseveró.
La responsable de Consejo señaló que la idea es poder buscarles a los habitantes del albergue un espacio semejante al que tienen. Para ello, se les presentarán varias opciones, de manera que cada persona pueda decidir dónde ir y no sentir un cambio tan brusco.
Salud interpuso la denuncia penal contra la representante legal del centro, de apellidos Quirós Masís, y la directora del albergue, apellidada Granados Jiménez.
Debido a estos casos, desde el 18 de agosto, las autoridades de ese ministerio le dieron una orden sanitaria a Rivera, solicitando reubicar de inmediato a los residentes de ese lugar.
El lunes 23 de noviembre, dos días antes de que La Nación informara sobre el caso, la cartera de nuevo exigió a Conapam la reubicación, esta vez amenazando con denunciarlos ante los Tribunales de Justicia por un eventual desacato a una ordenanza de Salud.
En criterio de Rivera, la razón por la que el Conapam está limitado con este albergue es que se trata de un centro privado, por lo que no pueden intervenir en el cierre o exigir un cambio de personal.
“Son organizaciones privadas, todo el proceso de cierre, de cambio de dirección o de juntas directivas, todo eso le compete al ámbito privado. Nosotros, por lo tanto, lo que habría que hacer es velar por que ellos estén bien.
”En lo que estamos trabajando ahorita es que, si hay un cierre definitivo, ofrecerles a estas personas un lugar muy similar”, enfatizó la funcionaria.
“SON ORGANIZACIONES PRIVADAS. TODO EL PROCESO DE CIERRE, DE CAMBIO DE DIRECCIÓN O DE JUNTAS DIRECTIVAS, TODO ESO LE COMPETE AL ÁMBITO PRIVADO”. Emiliana Rivera directora ejecutiva del conapam
Caso conocido. El 29 de julio de este año, Salud también denunció la situación ante el Conapam.
Rivera reconoció ayer que, además de la acusación que les hizo llegar el ministerio citado, ya habían recibido otras denuncias.
Sin embargo, la directora afirmó que no existían las pruebas respectivas.
“Las denuncias que se habían recibido del centro efectivamente fueron verificadas, pero no se tuvo una evidencia clara. Para poder elevar una denuncia a las instituciones correspondientes, usted tiene que tener una evidencia clara de que se está cometiendo un (hecho) ilícito”, recalcó.
En abril de este año, Salud giró la primera orden sanitaria a la administración del Albergue y Centro Diurno San Rafael, para que procediera a corregir un “total de 27 inconformidades en materia de salud pública”.
Ante el incumplimiento de la directriz, las autoridades sanitarias realizaron una inspección en junio, en la que concluyeron que existía “abuso de negligencia, inobservancia e impericia por parte de la representante legal, administradora y personal a cargo de los residentes, privando a los adultos mayores de condiciones de protección, seguridad, adecuada alimentación, cuidados higiénicos, vestimenta, educación, atención médica y supervisión”.