Decreto recortará gasto del Gobierno en ¢96.000 millones para el 2025
››Norma restringe crecimiento en las transferencias de dinero a otras instituciones
Un decreto de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda reducirá en ¢96.000 millones el nivel de gasto del Gobierno en cinco rubros presupuestarios para el año 2025, en comparación con el 2020.
El decreto tiene dos vertientes. Por un lado, ordena recortar paulatinamente, entre el 2021 y el 2025, el dinero destinado a la adquisición de bienes y servicios, suplencias, remuneraciones eventuales y servicios especiales.
Por otra parte, restringe el crecimiento del gasto en las transferencias de dinero de las instituciones gubernamentales a otras instituciones, en el mismo periodo.
En el caso de los primeros cuatro componentes, el gasto bajará de ¢232.000 millones a ¢155.000 millones entre el 2020 y el 2025, para una diferencia de ¢77.000 millones, de acuerdo con datos elaborados por la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR analizó el impacto que generará el decreto ejecutivo 42798, emitido por el gobierno el 8 de enero del 2021. “Representa una herramienta de contención del gasto”, recalcó el estudio.
La directriz ordena bajar el gasto de los próximos cinco años, en comparación con lo ejecutado en el curso anterior.
Por ejemplo, para el 2025, las instituciones estatales solo podrán gastar en bienes y servicios un monto equivalente al 67,7% de lo que aplicaron en el 2020.
En suplencias, remuneraciones eventuales y servicios especiales, el gasto no podrá superar, en cuatro años, el 64,1% de lo erogado en el 2020.
Ese año, el gasto gubernamental solo en bienes y servicios fue de ¢177.000 millones.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la cifra destinada a ese fin en el 2021 no podrá superar los ¢164.000 millones. Así se reducirá gradualmente hasta llegar a los ¢120.000 millones en el 2025.
Este rubro comprende gastos como alquileres, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, mantenimiento y reparación, alimentos y bebidas, impresión, publicidad y propaganda, entre otros.
La subpartida de adquisición de bienes y servicios ha presentado un “comportamiento histórico” de crecimiento desde el 2007 hasta el 2020; actualmente, representa el 2% del gasto del Gobierno.
La norma permitirá regresar, en el 2025, a un nivel de gasto parecido al del 2013, cuando fue de ¢126.000 millones.
En tanto, los pagos en suplencias bajarían unos ¢10.000 millones entre el 2020 y el 2025; el de remuneraciones eventuales, en ¢9.000 millones, y el de servicios especiales, en ¢400 millones.
En el caso de servicios especiales, la cantidad permitida para el 2025 alcanzaría un nivel similar al del 2016, mientras que la subpartida de suplencias rondaría la del 2013, detalló la Contraloría.
Restricciones. Por otra parte, el decreto les impone límites de crecimiento a las transferencias corrientes de las instituciones de Gobierno.
Para el 2025, las transferencias de dinero que estas instituciones hagan a otras entidades no podrán superar en más de un 2,53% las que hicieron en el 2020.
Según el órgano contralor, esta medida disminuirá el gasto público en poco más de ¢19.000 millones.
Las transferencias equivalen al 22,3% del gasto gubernamental.
El análisis subraya que el decreto permitiría “contener el crecimiento en transferencias corrientes y disminuir la ejecución en otros rubros a niveles observados a mediados de la década anterior”.
La medida frenaría incrementos como el que ocurrió entre el 2018, cuando las transferencias aumentaron en ¢117.900 millones en comparación con el 2017; o como en el 2019, cuando el aumento anual fue de ¢210.000 millones, cerrando ese año total de ¢2 billones destinados a transferencias corrientes.
En el 2020, cuando el Ejecutivo sufragó ¢1,9 billones en transferencias, por primera vez en muchos años, el gasto de este apartado cayó en comparación con el ejercicio presupuestario del año anterior, disminuyendo ¢112.400 millones. “Este gasto en transferencias representa más de 20% del gasto pagado por el Gobierno Central en el 2020, por lo que una reducción de 1 punto porcentual en su tasa de crecimiento respecto a dicho año, podría implicar que el gasto deje de crecer en más de ¢19.000 millones”, apuntó la CGR.
Desde el 2007, las transferencias han mostrado una “tendencia notablemente creciente”, por lo que que, con esta acción, “se frenaría ese crecimiento”, añade.
Para la Contraloría, en conjunto, las medidas del decreto contribuyen al “objetivo de generar gradualmente un superávit primario y revertir la tendencia alcista del saldo de la deuda pública”.
Del mismo modo, el órgano contralor insiste en que esta disminución podría verse amenazada por incrementos en otras partidas.
“Podría existir un efecto significativo de reducción sobre el gasto, en el tanto otras partidas no absorban dicha disminución”, dice el informe.
Si bien la disminución en las transacciones no toca los dineros dirigidos a programas sociales, la CGR advierte a las instituciones de que deben tomar previsiones.
Para prever cualquier carencia, la Contraloría recomendó a las entidades buscar e implementar mecanismos para lograr mayor eficiencia del gasto, e ir previendo los ajustes necesarios para garantizar la continuidad del servicio público que prestan.