Presidente de la Corte critica proyecto porque ignora independencia del Poder Judicial
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e integrante de la Sala Constitucional, afirmó que la reforma al empleo público, que se discute en la Asamblea Legislativa, ignora la independencia judicial.
El magistrado criticó el proyecto mientras dirigía la sesión plenaria de Corte Plena este lunes, al momento de analizar un informe del magistrado de la Sala Primera, William Molinari, sobre el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Ese texto da una rectoría con carácter vinculante al Ministerio de Economía, Industria y Comercio que abarcaría el Poder Judicial.
“Creo que la costumbre que viene desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se repite en la (propuesta de) ley de empleo público en su proyecto original. Es decir que, en ese proyecto, el Poder Judicial es sistemáticamente sometido a la rectoría de otros órganos”, cuestionó el jerarca.
Acto seguido, machacó: “La ley de Fortalecimiento (de las Finanzas Públicas) hace tabla rasa del tema de independencia del Poder Judicial o la trivializa. La (propuesta de) ley de empleo público, igual, cualquier tipo de autonomía del Poder Judicial es simplemente ignorada.
”La Contraloría se convierte en censor nuestro de cómo interpretamos las leyes. Realmente, es preocupante y esto es muy claro: una rectoría con carácter vinculante (se refiere a la propuesta de reforma a Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos). No sé cómo se puede pensar de otra manera que no sea algo muy preocupante de parte del Parlamento y de la administración, respecto a lo que es la independencia del Poder Judicial”, agregó.
La iniciativa está en trámite en el Congreso. En una versión dictaminada en comisión, los diputados legislaron las competencias del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) como ente rector del empleo público que había sido definido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal del 2018.
Tras aprobar mociones de revisión al texto, semanas atrás, los legisladores quitaron esas competencias a Planificación y se las trasladaron al Servicio Civil. Sin embargo, ahora evalúan hacer dos rectorías, una política y otra técnica.
Molestia. No es la primera vez que Cruz cuestiona este proyecto. En setiembre del 2020, en una audiencia virtual en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, el magistrado aseguró que, tal como estaba planteada en ese momento la iniciativa, generaba varias violaciones a la independencia judicial y, además, vaciaba de contenido toda la normativa sobre los servidores judiciales.
“Lo que ahora se plantea va a contrapelo de la orientación política que se dio a partir de 1948 y refuerza el empoderamiento del Mideplán frente al Poder Judicial”, recalcó Cruz en esa oportunidad.
Por su lado, en noviembre del 2020, la Corte Plena determinó que una nueva versión del texto, la de ese momento, incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, por lo cual requiere del voto de 38 de los 57 diputados para su aprobación.
Es decir, requiere de mayoría calificada y no simple.
Cruz aseguró que la jurisprudencia de la Sala Constitucional es clara en decir que la independencia del Poder Judicial no es solo jurisdiccional, sino también administrativa.
Si el plan supera el primer debate, es probable que los diputados envíen el expediente a consulta a la Sala IV, de la que él es integrante.