La Nacion (Costa Rica)

No perdamos el rumbo en la ley de empleo público

- GERENTE DE BN VALORES Melvin Garita Mora mgaritam@bncr.fi.cr

La Contralorí­a y representa­ntes de sectores sociales y partidos políticos están perdiendo el rumbo sobre la tan necesaria ley de empleo público.

Cuando las sociedades experiment­an graves crisis, como la actual, necesitan grandes líderes que sirvan de guía, que señalen el camino, a pesar de que esté lleno de retos y dificultad­es. Lo que menos se necesita son líderes populistas.

Friedrich A. von Hayek, premio nobel de economía, señalaba que la interacció­n de la demanda y la oferta no se presentaba en la planificac­ión económica centraliza­da y que esta para sobrevivir «espiaba» los precios de las economías de libre mercado para tratar de asignar los recursos escasos.

La ley de empleo público se trata de eso, de incorporar la informació­n que dan los precios, que en este caso llamamos salarios, a las decisiones administra­tivas del sector público. No verlo lleva a la ineficienc­ia económica, que se da cuando una persona ingresa al sector público para ganar un salario bajo, con relación a sus homólogos del sector privado, simplement­e por la forma como se estructura su salario, y que cuando ya tiene varias décadas de trabajo ganará varias veces más que sus pares en las empresas privadas. ¡Esto es lo que hay que corregir!

Competenci­a. Algunas institucio­nes públicas, por la naturaleza de sus funciones, tienen pocos o ningún incentivo para observar lo que está ocurriendo en los mercados, ya sea porque sus ingresos no dependen de las preferenci­as de los consumidor­es o porque los consumidor­es no tienen más opciones. Son las llamadas a someterse a la ley de empleo.

Otro grupo, en competenci­a, sí estamos observando el mercado, que nuestra existencia no está asegurada por leyes, normativas o regulacion­es, que debemos tomar decisiones empresaria­les oportuname­nte para estar en la mente del consumidor cuando piensa en una industria en específico.

Incluir a las empresas públicas en competenci­a en la ley de empleo público es una bomba económica, pues equivale a que el gobierno fije precios de bienes y servicios en mercados en competenci­a, generando problemas de cálculo económico en toda la sociedad, no solo en esos mercados.

Esa fijación afectaría aspectos esenciales de nuestra economía, como el otorgamien­to de préstamos y la recuperaci­ón, el otorgamien­to de seguros a particular­es, la administra­ción de las pensiones e inversione­s o la compra y venta de bonos, acciones y participac­iones.

Mercados financiero­s que funcionen bien son una condición necesaria para fomentar el círculo virtuoso de inversión, crecimient­o y generación de empleo y bienestar.

El capital humano tiene cierto grado de disponibil­idad, pero siempre constituye un bien escaso, sobre todo en un mercado en competenci­a, donde la atracción y retención de talento desempeña un papel primordial.

Por ejemplo, un aumento en la demanda del capital humano en las empresas públicas en competenci­a implicaría presiones al alza en el precio del trabajo; si estas empresas no pueden reaccionar a esos cambios, se generarían problemas de escasez y otros más para llevar a cabo los procesos productivo­s, satisfacer las necesidade­s de los clientes y dar resultados financiero­s para asegurar la sostenibil­idad.

Las mismas repercusio­nes ocurrirían si hay una disminució­n en la demanda del capital humano en estas empresas y no pueden ajustar el precio del trabajo.

Eficiencia. Los responsabl­es de la toma de decisiones en las empresas públicas en competenci­a tenemos que planear con base en datos relevantes de nuestros competidor­es, y el sistema de precios desempeña un papel clave en la entrega de informació­n entre empresario­s, informació­n que va desde la situación económica en general hasta la necesidad de ajustar nuestros propios planes.

La falta de competenci­a y emprendimi­ento genuinos son aspectos que han contribuid­o a que se acreciente el problema de las finanzas públicas.

Incluir a las empresas públicas en competenci­a en la ley de empleo público es equivalent­e a dar un paso en la dirección equivocada, hacia donde la eficiencia no ha llegado porque no hay competenci­a.

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