Abogados de CCSS dejan caso de mascarillas para después de la pandemia
Órgano investigador alega riesgos de contagio si convoca a audiencia
Los abogados de la CCSS a cargo de investigar presuntas irregularidades en millonarias compras urgentes de mascarillas contra la covid-19 aplazaron las pesquisas por tiempo indefinido pues decidieron continuar hasta que acabe la pandemia.
Tal determinación consta en el informe de Auditoría Interna AS-SAGAL-278-2021 del 10 de febrero, del cual La Nación tiene copia.
En ese documento, Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel, abogados del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), de la CCSS, resolvieron no convocar a 13 personas cuestionadas a las audiencias orales hasta que “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19”.
Los procesos disciplinarios, abiertos desde agosto del año pasado, involucran a 13 funcionarios por supuestas anomalías en la adjudicación de millonarios contratos a proveedores inexpertos, pagos indebidos y aceptación de tapabocas de uso no médico.
Tres de los trabajadores permanecen suspendidos mientras se desarrollan las indagaciones.
Se trata de Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, y sus asesores Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, suspendidos con goce de salario desde agosto.
Por ejemplo, a Porras la Caja le pagó, en los últimos seis meses, ¢28,8 millones por concepto de salarios. A Vindas, ¢9,6 millones, y a Díaz, ¢12 millones.
Las audiencias orales son vitales para continuar con los procesos disciplinarios, pues permiten evacuar la prueba documental y testimonial.
Luego de esa etapa, los abogados a cargo emiten conclusiones y las trasladan a los jerarcas para el establecimiento de eventuales sanciones. Los investigados se exponen a amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o despidos.
Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS, declaró que en enero, al darse cuenta del congelamiento de la investigación, solicitó a la Auditoría Interna revisar el estado de cada uno de los procedimientos.
“Yo realmente estoy sorprendido, no fui informado de esa situación”, dijo en una entrevista con La Nación, en su oficina, este miércoles.
Incluso, en el oficio GG-02722020 del 26 de enero, Cervantes denuncia una “posible dilación indebida” por parte del CIPA.
“Yo LE EXPuSE EL ASuNTo A LA JuNTA dIrECTIvA Y dIMoS uNA fÓrMuLA PArA No CorrEr rIESGoS. EL rIESGo HA SIdo LA dILACIÓN, ESE ES EL rIESGo QuE HAbÍA Y NoSoTroS MoNITorEAMoS; APArTE dE ESo, LA JuNTA dIrECTIvA TIENE EN SuS MANoS EL QuE No HAYA MÁS ATrASoS”. Roberto Cervantes Gerente General de CCSS
¿Qué justificación da el CIPA para no programar las audiencias?
“Dicen, básicamente, que hay disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias, por el Ministerio de Salud y la misma Caja en relación con la pandemia (...). Lo cierto del caso es que si nos vamos a ver lo que pasa en los Tribunales de Justicia (Poder Judicial), allí se está trabajando normalmente y se está evacuando prueba”, manifestó Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS.
Añadió que, en el caso de la CCSS, la investigación debería avanzar con la aplicación de protocolos sanitarios.
“Incluso, se debería suspender otro tipo de procedimientos, pero dar a este la prioridad que amerita por lo que significa para la Caja y por lo que significa para el país”, dijo.
La Nación intentó conversar, este miércoles en horas de la mañana, con Mario Cajina Chavarría, director interino del CIPA, para consultarle las razones para postergar las audiencias orales, pero no fue posible.
Primero, Cajina indicó por medio de un mensaje de texto que se le llamara a su celular. Sin embargo, al contestar la llamada, afirmó que el periodista debía solicitar la entrevista por medio de la oficina de prensa de la CCSS.
La petición se realizó por correo electrónico a las 7:58 a. m., pero a las 4:19 p. m. contestó, por medio de la oficina de prensa, que podría atender hasta el viernes 19 de febrero.
Además de la lentitud para fijar las fechas de las audiencias orales, la Gerencia General le reclama al CIPA una posible “extralimitación de competencias”. Esto, porque el CIPA designó a la Junta Directiva como órgano decisor en las investigaciones relacionadas con mascarillas. De esa forma, marginó a la Gerencia General de la toma de decisiones finales.
¿Qué significa eso? En un procedimiento disciplinario contra funcionarios públicos, se nombra un órgano director y un órgano decisor. El órgano director tiene a cargo el estudio de las pruebas, testimonios y la emisión de un informe con conclusiones para que el segundo, el órgano decisor, emita sanciones, si corresponde, o absuelva.
Las pesquisas relacionadas con las mascarillas fueron instruidas por la Gerencia General desde agosto del 2020 por orden de la Junta Directiva.
Cervantes indicó que al ordenar la apertura de las investigaciones y hacer el traslado de cargo a los involucrados, quedó claro que él era el órgano decisor. Sin embargo, en las diligencias realizadas por Camacho y Alfaro se estableció a la Junta Directiva como órgano decisor, pasando por encima de la Gerencia General.
“Cuando yo pasé el caso al CIPA, iba claramente indicado que el órgano decisor era la Gerencia General. Como órgano decisor, fuimos a ver por qué no llegaba nada (oficios para toma de decisiones), por qué no me mandaban nada y en ese momento nos encontramos que hay algunas situaciones que han producido dilación”, comentó el gerente general.
“Vamos a investigar qué los motivó a hacer eso; hay un aparente irrespeto a la investidura del gerente general”, agregó.
La Auditoría Interna le recomendó a Cervantes comunicar a la Junta Directiva que ellos, los nueve directivos, cumplen como órgano decisor en estas investigaciones y deben tomar las medidas administrativas para resguardar las pesquisas y procurar que los casos denunciados no queden impunes.
Una de las medidas tomadas por la Gerencia General fue ordenar a Ronald Lacayo, gerente administrativo, la revisión de las actuaciones del CIPA y remediar lo que sea necesario.
Una de las opciones sobre la mesa es sustituir a los abogados a cargo del proceso y también una posible intervención del CIPA.
Tanto el gerente general como el auditor interno de la CCSS descartaron que la situación ponga en riesgo las investigaciones.
“Yo le expuse el asunto a la Junta Directiva y dimos una fórmula para no correr riesgos. El riesgo ha sido la dilación, ese es el riesgo que había y nosotros monitoreamos; aparte de eso, la Junta Directiva tiene en sus manos el que no haya más atrasos”, señaló Cervantes.
La propuesta es que los directivos de la CCSS validen las decisiones tomadas hasta ahora por la Gerencia General, asuman el rol de órgano decisor y sigan con las pesquisas.