Recope al costo
Según Recope, sus operaciones no dejan ganancias para aportar a la reducción de la deuda, pero sí ingresos para enfrentar el costo de la convención colectiva.
La convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) costará ¢46.129 millones en los próximos tres años, es decir, ¢15.376 millones anuales salidos del bolsillo de los consumidores de hidrocarburos. Parece mentira, pero es para celebrarlo, porque los beneficios concedidos a 1.683 empleados costaron ¢69.654 millones entre el 2016 y el 2019. La rebaja obedece a las restricciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la eliminación de excesos por la Sala Constitucional.
Los beneficios promedio de ¢13,6 millones anuales por trabajador pasaron a ¢9,1 millones, suma que de todas formas distingue a Recope entre las instituciones. Al mismo tiempo, la entidad rehúsa formar parte de las 14 empresas estatales que aportarán hasta el 30 % de sus utilidades, durante cuatro años, para atenuar la deuda pública. La refinadora que no refina dice carecer de ganancias porque presta un servicio público regulado.
Según números de la propia refinadora, si el proyecto de ley hubiera estado vigente entre el 2016 y el 2020, se habría visto obligada a aportar ¢15.455 millones en esos cinco años para reducir la deuda pública. La cifra equivale al promedio anual dedicado a financiar los beneficios de la convención colectiva ahora que se redujeron, porque durante el quinquenio puesto de ejemplo por la propia empresa el costo estuvo más cerca de ¢17.500 millones.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dice Recope, fija el precio de los combustibles «de conformidad con el principio de servicio al costo» y la empresa solo se embolsa una reserva de inversión llamada rédito sobre la base tarifaria (RSBT), que se utiliza para financiar el desarrollo y mejoramiento del sistema nacional de combustibles. No hay, en consecuencia, ganancias, pero sí ingresos para enfrentar el costo de la convención colectiva.
No obstante, la empresa reportó utilidades contables en los años 2017 y 2018 y pagó ¢5.523 millones en impuesto sobre la renta. Según Recope, existe una confusión generada por las normas internacionales de información financiera (NIIF) cuya aplicación es obligatoria a partir de un decreto promulgado, pese a una considerable resistencia, para incrementar la transparencia del manejo contable en las instituciones estatales.
Según Recope, el rubro denominado «utilidad del período» es, en realidad, un rédito para inversión, y destinarlo a otros fines «habría reducido la capacidad de inversión y mantenimiento de la empresa, y habría causado un potencial deterioro de la infraestructura y equipo industrial, por cuanto al igual que el aporte solidario, el impuesto sobre la renta no tiene componente tarifario».
Según el criterio de Recope, el proyecto de reducción de la deuda pública, incorporado al acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afectaría el sistema de distribución de hidrocarburos y repercutiría en los precios. Ninguna de esas preocupaciones, sobre todo la última, figura en la discusión de las convenciones colectivas, ahora limitadas en sus excesos por la ley y la jurisprudencia.
Si el debate no sirve para otra cosa, servirá para demostrar cómo estas empresas y otras instituciones estatales se convierten en un fin en sí mismas y en fuente de beneficios para sus funcionarios al amparo de esquemas monopólicos cuya revisión se hizo necesaria hace mucho tiempo.
Recope no está sola en sus protestas. Otras empresas públicas han planteado objeciones similares, comenzando por los bancos del Estado. Si el país no puede recurrir a esas entidades para obtener temporalmente los recursos necesarios para superar la grave crisis fiscal, deberá preguntarse por su utilidad.
Según Recope, sus operaciones no dejan ganancias para aportar a la reducción de la deuda, pero sí ingresos para enfrentar el costo de la convención colectiva
Si el debate no sirve para otra cosa, servirá para demostrar cómo estas empresas se convierten en un fin en sí mismas para beneficio de sus funcionarios