CCSS separa al jefe de unidad de abogados que indaga compras urgentes
Director del CIPA se queja de acoso laboral por parte de auditores
Las autoridades de la CCSS decidieron separar, por al menos dos meses, al jefe de la unidad de abogados que tenía a cargo las tres investigaciones por supuestas irregularidades en compras urgentes de mascarillas durante la pandemia.
Se trata de Mario Cajina Chavarría, quien funge como director del Centro para la Instrucción de Procedimientos (CIPA), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La separación del cargo se acordó el pasado viernes y es una medida cautelar, mientras una comisión emite un informe sobre el funcionamiento de ese departamento.
Esa decisión se tomó un día después de que La Nación publicara que el CIPA, encargado de las pesquisas, aplazó por tiempo indefinido el proceso, pues resolvió convocar a los investigados a audiencias orales hasta que cesaran las medidas de restricción y distanciamiento fijadas por la covid-19.
Además, se le achaca que marginara la Gerencia General y la excluyera de la toma de decisiones finales en esos procesos administrativos.
Ante esos hechos, el gerente general de la institución, Roberto Cervantes, señaló al CIPA por “irrespeto” y “desobediencia” y ordenó su intervención para resguardar las investigaciones.
A partir del martes próximo, Cajina deberá pasar a la Dirección de Bienestar Laboral, de acuerdo con el oficio GA0211-2021, del pasado viernes 19 de febrero, el cual lleva la firma de Ronald Lacayo, gerente Administrativo de la entidad.
En ese mismo documento, Lacayo nombró una comisión interventora del CIPA, la cual deberá emitir, en un plazo de dos meses, un informe con medidas preventivas para evitar casos similares en el futuro y para hacer las correcciones que sean necesarias para poder avanzar con las indagaciones relacionadas con las contrataciones urgentes de cubrebocas.
Lacayo indicó, este domingo, vía telefónica, que una de las cosas que deberá resolver esa comisión interventora es si sustituye a Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel, abogados que fungen, desde agosto del año anterior, como órgano director de las investigaciones contra los 13 funcionarios cuestionados.
“Eso lo valorará la comisión interventora”, insistió el gerente Administrativo.
También precisó que ese órgano interventor estará coordinado por Gabriela Ramírez Abarca, quien es la jefa de la Área de Asesoría Laboral de la Dirección de Bienestar Laboral. Y que en esa labor estará acompañada de Julio Cesar Cano Barquero, asesor de la Gerencia de Pensiones y de Jennifer Zúñiga Ruíz, jefa de la Subárea de Archivo y Correspondencia.
En total, desde agosto del 2020, existen tres procedimientos administrativos abiertos contra los
13 trabajadores de la Seguridad Social investigados. Entre ellos figuran Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística y dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera. Ellos permanecen suspendidos con goce de salario y desde agosto han percibido, entre los tres, más de ¢50 millones en remuneraciones.
La primera investigación abierta fue por la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones a favor del contador público costarricense, David Landergren Castro y de la empresa MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martínez Ruiz.
Ambos proveedores, carentes de experiencia, incumplieron con los plazos de entrega de manera parcial y total, lo cual comprometió el abastecimiento de mascarillas en clínicas y hospitales.
Esa contratación fue revelada por este diario el 4 de agosto del año pasado.
El segundo caso bajo análisis está relacionado con el pago de $1,3 millones por adelantado a la firma de Martínez Ruiz, por 570.000 mascarillas KN-95 (técnicamente conocidas como respiradores filtrantes de partículas).
Esa transferencia se realizó a una cuenta bancaria en Nueva York, Estados Unidos, sin que la Caja revisara la calidad de los insumos entregados por la extranjera. Ese asunto también fue revelado por este medio de comunicación, a finales de diciembre.
Por último, la Caja inspecciona la compra de 2,8 millones de mascarillas a una empresa de jardinería por $1,1 millones; la compañía entregó 700.000 unidades de uso no médico.
Los tapabocas defectuosos fueron aceptados por la Caja y repartidos en centros médicos, pero al detectar quejas del personal encargó retirarlas y no utilizarlas.
Mario Cajina Chavarría, de 51 años, asumió la dirección del CIPA de forma interina, en agosto de 2020, tras un proceso de selección dirigido por Ronald Lacayo, gerente administrativo.
Una de las principales funciones del director del CIPA es analizar las solicitudes de investigación administrativa, determinar si son admisibles y asignar a los abogados que las desarrollarán y emiten recomendaciones de sanciones o absolutorias.
Cajina tiene 16 años de laborar para la Caja y, según sus declaraciones, en ese tiempo ha pasado por la Auditoría Interna, la Dirección Jurídica, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Gestión Judicial y la Dirección de Recursos Humanos.
“Yo asciendo a la dirección del CIPA por medio de un concurso (...). Me nombra don Ronald Lacayo, que es el superior jerárquico del CIPA y gerente Administrativo, para eso se realiza un concurso, aplicamos dos personas, somos entrevistados, sujetos a un proceso; aplicamos Edwin Rodríguez (subdirector Jurídico de la CCSS) y mi persona”, manifestó Cajina en una entrevista realizada el viernes anterior.
Agregó que, durante su trayectoria en la Caja, nunca enfrentó procedimientos disciplinarios por presuntas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
En el CIPA laboran 27 personas, de ellas 13 son abogados. Allí se desarrollan las investigaciones contra funcionarios que cometieron aparentes faltas graves que podrían desembocar en despidos sin responsabilidad patronal.
La Nación consultó a Cajina qué tipo de relación mantiene con Ronald Lacayo, gerente Administrativo y respondió que solo son compañeros de trabajo.
“Es un compañero de trabajo, lo conocí hace algunos años porque él ejercía como director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) y tuvimos ahí un tema relacionado con un supuesto fraude informático y asesorías que él solicitó”, explicó Cajina.
Ante la pregunta de si compartía con Lacayo actividades fuera de la Caja, dijo que no.
Frente a las mismas preguntas, Lacayo ofreció respuestas diferentes.
“Amigos no somos, tengo una relación de afinidad con muchos compañeros de trabajo (...). Con el señor Cajina tenemos una afición por las motocicletas”, afirmó el gerente.
¿Ha compartido actividades con Cajina fuera de la oficina?, también se le consultó y respondió: “Al igual que con otros compañeros, compartíamos actividades antes de la pandemia, estuvimos en una o dos actividades que uno hace con los compañeros”.