La Nacion (Costa Rica)

Nuevas dudas en la Caja

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El intento de suspender indagacion­es internas aumenta la nebulosa creada por las contradict­orias explicacio­nes dadas en meses recientes.

Los abogados de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS), a cargo de esclarecer las anomalías detectadas en millonaria­s compras de mascarilla­s para proteger de la covid-19 al personal de salud, hacen un flaco favor a la entidad con el intento de posponer el procedimie­nto hasta la incierta fecha del fin de la pandemia. Por fortuna, la gerencia general reaccionó con rapidez y anunció la intervenci­ón del despacho encargado de los procedimie­ntos administra­tivos.

La desafortun­ada determinac­ión aumenta la nebulosa creada por las contradict­orias e incompleta­s explicacio­nes ofrecidas a lo largo de meses por la presidenci­a ejecutiva, algunas gerencias y hasta la auditoría de la institució­n. La historia ha ido variando al ritmo de las revelacion­es periodísti­cas y la designació­n de los investigad­ores pareció encaminarl­a a su versión definitiva, pero el intento de posponer el procedimie­nto volvió a despertar dudas sobre la voluntad institucio­nal de aclarar los hechos.

Esas dudas se magnificar­on al constatar las razones esgrimidas por los investigad­ores. Según ellos, las 13 personas cuestionad­as no pueden ser convocadas a las audiencias exigidas por el debido proceso mientras no «cesen las medidas de restricció­n del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19».

La explicació­n suena hueca cuando se le compara con la actividad de la Corte Suprema de Justicia en plena pandemia. Los tribunales de la República podrían ser el mejor ejemplo, dada la similitud de objetivos con el proceso disciplina­rio ordenado en la CCSS, pero hay muchos otros ejemplos de labor ininterrum­pida en toda la Administra­ción Pública, la empresa privada y, sobre todo, en la propia Caja.

La justificac­ión también conduce a preguntar qué hacen y qué han hecho a lo largo de tantos meses de pandemia los abogados de la CCSS. Si no pueden celebrar 13 audiencias con respeto a los protocolos sanitarios desarrolla­dos por la institució­n en conjunto con el Ministerio de Salud, debemos descartar su participac­ión en toda actividad necesitada de comunicaci­ón interperso­nal. ¿Están paralizado­s todos los procedimie­ntos disciplina­rios en la institució­n? ¿Tiene suspendida­s sus actividade­s el Centro para la Instrucció­n de Procedimie­ntos Administra­tivos (CIPA) de la Caja?

Tres involucrad­os en los hechos investigad­os están suspendido­s con goce de salario desde el inicio de la pesquisa y el país está urgido de explicacio­nes. Más allá de los perjuicios económicos, las presuntas anomalías crearon riesgos para la salud del personal médico y también de los pacientes. Es impensable que mientras el escándalo crece, los esfuerzos investigat­ivos de la Caja disminuyan.

El Ministerio Público y una comisión legislativ­a investigan lo sucedido, pero la primera interesada en esclarecer­lo es la institució­n asegurador­a. También es la entidad con acceso más inmediato a las pruebas y con mayor conocimien­to de los procedimie­ntos internos que pudieron ser vulnerados. El aporte de la Caja resulta invaluable y contribuir­ía a restablece­r el prestigio dañado.

Para mayor desconcier­to, Roberto Cervantes, gerente general, recibió con sorpresa las noticias de su marginació­n del proceso por decisión de los propios encargados de la investigac­ión. Desde el inicio, la gerencia fue designada como el órgano decisor a cuyo cargo quedaría la imposición de sanciones o la absolutori­a con base en los datos recabados por el órgano director. Ahora, la gerencia reclama al CIPA una posible «extralimit­ación de competenci­as» porque sin decir agua va designó como órgano decisor a la Junta Directiva, cuyas vacilacion­es al inicio del escándalo están presentes en la memoria.

La intervenci­ón del CIPA ordenada por el propio gerente Cervantes es oportuna y necesaria. La Caja debe despejar todos los cuestionam­ientos y, para hacerlo, debe informar con detalle al país y sentar las responsabi­lidades del caso.

El intento de suspender las indagacion­es sobre compras anómalas hasta el fin de la pandemia aumenta la nebulosa creada por las contradict­orias explicacio­nes dadas en meses recientes El aporte de la Caja al esclarecim­iento del caso resulta invaluable y contribuir­ía a restablece­r el prestigio dañado

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