La corrupción por la palabra
Las circunstancias que fundamentan el análisis concienzudo que han hecho tantos y desde tantas perspectivas del quebradero de cabeza que resultó ser el final de la presidencia de Donald Trump sirven de excusa para pensar un rato sobre la calidad democrática del discurso y la retórica política en nuestro propio país.
La gente, comentaba alguien, se fía más de sus sentimientos que de los hechos. Tal vez esto sea el caldo de cultivo que explica el empleo preferente, en casi cualquier parte, de una oratoria política superflua, pero de alta carga emotiva y eficaz, destinada menos a la persuasión racional que a la manipulación.
Se cuenta que no más llegar Benjamín Disraeli al Parlamento inglés dio rienda suelta a sus brillantes dotes retóricas, pero se burlaron de él y nadie le hacía caso. Un viejo parlamentario le aconsejó cambiar su estilo y adoptar uno sobrio, prosaico y tedioso, repleto de cifras, estadísticas y datos: una vez que los demás se acostumbren a su presencia y a su voz, le dijo, podrá volver a su oratoria habitual. Conmovidos, todos le prestarán atención y muchos se rendirán a su verbo. Dicho y hecho: pasado el tiempo, Disraeli se convirtió en primer ministro británico.
El discurso político apasionado conmueve y moviliza. El discurso racional desanima, aburre y paraliza. Maquiavelo dice que el príncipe que se propone grandes objetivos necesita del engaño. Podría deducirse que el principio de la corrupción política está en el uso que se haga de la palabra.
En la comunidad democrática, el discurso político, concebido como manifestación de la libertad de expresión, es simultáneamente también un medio para la práctica de nuestros derechos políticos. La Convención Americana de Derechos Humanos dice, en términos más categóricos que nuestra Constitución, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores fijadas por la ley.
Es decir, somos legalmente responsables por lo que decimos en vena política, pero, más allá de la ley, aunque nuestro discurso sea legalmente inocuo, también somos responsables por lo que decimos en sede política, porque lo que decimos, aunque sea falso o ficticio, tiene consecuencias reales.