Presidente del IMAS rechaza filtraciones en los bonos Proteger
›› Funcionario calificó de ‘holgadas’ estimaciones de auditoría
El presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, defendió este jueves la asignación de bonos Proteger a trabajadores afectados por despidos, suspensiones o reducciones de ingresos, debido a la pandemia.
Así lo hizo durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
El también ministro de Desarrollo Humano aseguró, una vez más, que el informe de la Contraloría General de la República (CGR) no comprobó las supuestas entregas indebidas de subsidios a personas que no calificaban o no lo necesitaban.
Bermúdez fue parte de la formulación del programa social junto con Geannina Dinarte, actual ministra de la Presidencia y quien entonces se desempeñaba como jerarca de Trabajo.
En una auditoría publicada en diciembre pasado, el órgano contralor encontró que 66.300 beneficiarios del subsidio estatal “podrían contar con algún impedimento” por el cual no debió asignárseles el bono.
Eso representaba la posible filtración de ¢7.500 millones a personas que no calificaban para el beneficio.
“El riesgo es una probabilidad de que algo suceda, no hay aquí certeza de que haya sucedido. No comprueba la Contraloría que alguno de los casos que señala, se hayan efectivamente efectuado mal. Lo que dice es ‘entendemos con esta estimación de riesgo que ustedes tienen que entrar en un proceso de verificar’.
“Pero vea usted que si esa estimación fue holgada, que con un primer filtro que se trajo a conocimiento de esta comisión, el 90% de esos supuestos riesgos, probabilidades o proximidades a un potencial daño, resultaron que no lo eran”, afirmó el jerarca.
Durante su comparecencia ante esa misma comisión, el jueves pasado, Dinarte divulgó los resultados de una revisión que el Gobierno hizo sobre los hallazgos del órgano contralor. Según la verificación, de los 66.300 potenciales beneficiarios irregulares mencionados, se constató posibles inconsistencias en 5.962 de los casos.
Según Dinarte, las posibles filtraciones de recursos públicos pasaron de representar ¢7.500 millones (según el informe de Contraloría) a ¢1.100 millones con la revisión que hizo el Ejecutivo.
De acuerdo con Presidencia, no hubo ni privados de libertad ni beneficiarios de otros programas sociales entre las personas a las que se les asignó el bono.
Sin embargo, confirmó sospechas sobre 5.478 personas que habrían presentado información falsa y 286 funcionarios que habrían recibido el subsidio irregularmente.