Justicia usa portillo legal para sostener contrato de tobilleras
››Ministerio extiende convenio con la ESPH mientras llega otro proveedor
El Ministerio de Justicia y Paz se acogió a un portillo legal para extender el actual contrato de monitoreo de reclusos que tiene con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Se trata de la aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual le autoriza a firmar un contrato adicional con el actual proveedor hasta por 24 meses o hasta que se cuente con el nuevo proveedor contratado (lo que suceda primero).
Además, el monto autorizado no puede superar el 50% del contrato anterior.
El anuncio lo hizo, la tarde de este jueves, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la entidad en Zapote.
La funcionaria manifestó que con esto se garantiza que el servicio de monitoreo electrónico, que actualmente beneficia a 1.800 reos, no se interrumpa, mientras tiene lugar la contratación del nuevo proveedor, mediante el cartel licitatorio internacional que se publicó a principios de febrero y que se espera se pueda firmar en diciembre de este año.
Una de las ventajas para Justicia de acudir al numeral 209 del RLCA es que en esa norma no se prevé la solicitud de aval a la Contraloría General de la República y pide, como único requisito previo, el vencimiento del contrato actual.
“Los señalamientos que con anterioridad hizo la Contraloría ya fueron atendidos. El contenido económico se logró con la aprobación del presupuesto extraordinario el pasado 18 de febrero, la documentación de respaldo sobre la fecha de vigencia del contrato actual fue remitida, así como la publicación de la licitación pública internacional, el 2 de febrero pasado. En cuanto al precio, en este caso se negoció a la baja y con un esquema adicional de disminuciones conforme aumenta la cantidad de personas monitoreadas”, dijo la funcionaria.
El costo diario por cada tobillera pasará, de entrada, de $12,3 (¢7.575) a $10,3 (¢6.334). También se negoció una reducción del precio por cada 100 nuevos ingresos al modelo de vigilancia electrónica. Estas reducciones progresivas en la tarifa proyectan un ahorro de ¢1.340 millones en el 2021, según Justicia.
El contrato actual vence el próximo 27 de febrero, por lo que, mediante un convenio de cooperación, la ESPH cubrirá por ocho días naturales el servicio sin costo alguno para el Ministerio de Justicia y Paz, mientras se concreta la transición entre el contrato actual y el contrato adicional.
“Este convenio le ahorra a la institución ¢108 millones, mientras el servicio permanece inalterado”, agregó Salazar.
Válido. Al ahondar en la aplicación del numeral 209, la jerarca comentó: “Acudimos a un instrumento válido y vigente con la intención de no afectar la estabilidad del servicio de monitoreo electrónico y en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las personas sujetas a esta modalidad”.
Agregó que siempre se manejó esta posibilidad del 209, pero que en todo caso dependía de que se aprobara el presupuesto extraordinario.
Con respecto a la nueva licitación, la jerarca dijo que el cartel sigue el proceso normal y está abierto hasta el próximo 29 de abril.