Cooperativa desaparece ahorros de funcionarios de Asamblea Legislativa
Fiscalía investiga a expresidente y exgerente por sospechas de peculado
Aportan 3,5% del salario
Asociados deben esperar unos cinco años para recuperar dinero
Créditos de alto riesgo
Cooperativa prestaba hasta ¢100 millones solo con firma de fiador
Se fiaban entre todos
Expresidente de la agrupación aparecía con deuda de ¢249 millones
El Ministerio Público investiga la desaparición de todos los ahorros y de gran parte del dinero para cesantías que los empleados de la Asamblea Legislativa tenían en su cooperativa, la cual quedó al borde de la quiebra.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen investiga a dos personas como sospechosas del delito de peculado. Una es de apellido, Camacho, quien era jefe de Presupuesto del Departamento Financiero del Congreso y expresidente de Coopeasamblea R. L.; y otra de apellido Guzmán, exgerente general de la cooperativa.
Las indagaciones comenzaron el año pasado, luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) detectara irregularidades en el manejo de la cooperativa.
La situación es tan crítica que el grupo de asociados que tomó la riendas de la administración, hace menos de un año, tuvo que pedir dinero prestado para fondear la reserva de cesantías, al tiempo que comunicó a sus asociados que, para poder reclamar el capital social aportado, deberán esperar al menos cinco años.
“Esta cooperativa era para ponerle el candado”. El asesor legislativo y asociado, Paul Stephen, describió así la situación en la que encontró a la cooperativa en febrero del 2020, cuando asumió la presidencia del Comité de Vigilancia.
Justo en ese momento, él y los otros integrantes de la nueva administración detectaron que los ahorros de capital se habían perdido por completo, es decir, que desaparecieron los aportes que mes a mes habían hecho los asociados y que equivalían al 3,5% de su salario bruto mensual.
A su vez, descubrieron que el fondo de cesantías, que administra a la cooperativa, se encontraba en estado crítico, debido a múltiples anomalías en la forma como se otorgaban los créditos a los asociados.
Por ejemplo, la auditoría del Infocoop alertó de que el Consejo de Administración aprobaba préstamos incluso cuando los analistas recomendaban, técnicamente, rechazarlos o exigir mejores garantías.
Tampoco se limitaba el dinero que podían pedir los asociados sin dar más garantía que un fiador. Con frecuencia, una persona podía aparecer
“YO CREO QUE SE ADMINISTRABA MEJOR UNA PULPERÍA QUE ESA COOPERATIVA, CON LA GENTE QUE ESTABA ANTERIORMENTE. O ERAN MUY ASTUTOS, PORQUE HUBO FRAUDE, ENGAÑARON”. Paul Stephen Presidente del Comité de Vigilancia de Coopeasamblea
como deudora y, al mismo tiempo, como fiadora de otros, independientemente de su capacidad de pago.
No obstante, según Stephen, los hallazgos de Infocoop se quedaron cortos con respecto a la magnitud real del daño causado a Coopeasamblea. Relató que fue hasta que contrataron una auditoría forense, a un despacho privado, cuando se percataron del estado real de las finanzas.
El funcionario legislativo, quien es asesor de la diputada liberacionista Aida Montiel (PLN), aseguró que la administración anterior alteró los estados financieros de la cooperativa para ocultar la gravedad de la situación.
Marco Alfaro, el nuevo gerente general de Coopeasamblea, confirmó en un correo electrónico que la auditoría forense reveló anomalías. Sin embargo, se abstuvo de dar mayores detalles, bajo el alegato de que los hallazgos ya se comunicaron al Ministerio Público y forman parte de la evidencia del caso.
Alfaro tampoco precisó el daño patrimonial causado a la cooperativa, la cual agrupa a unos 150 funcionarios legislativos, es decir, al 17% de la planilla del Congreso, la cual está integrada por 899 personas, según datos a setiembre del 2020.
De acuerdo con la auditoría del Infocoop, Coopeasamblea carecía de “reserva de liquidez, la cual, a julio del 2019, debería ser de aproximadamente ¢572 millones”.
Sin explicaciones. La Nación consultó su versión de los hechos a Camacho y Guzmán, los dos investigados por el Ministerio Público. El exgerente Guzmán indicó que le preguntaría a sus abogados y devolvería la llamada si decidía dar una declaración, lo cual no ocurrió al cierre de esta publicación.
Por su parte, Camacho –el expresidente de Coopeasamblea– dijo que no podía referirse al caso porque ni siquiera se le ha informado sobre el proceso judicial.
Sobre el fondo de cesantías de los empleados legislativos, solo aseguró que ese dinero se le prestó a los mismos asociados. “Lo que puedo decir es que la situación era complicada y si no se maneja con cuidado, se vuelve más complicada”, aseveró.
Actualmente, las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, se tramitan bajo el expediente N.° 20-000102-1220-PE .
“Según el sistema informático de este despacho, se investiga a dos personas, una de apellido Guzmán y otra apellidada Camacho, ya que figuran como sospechosas del presunto delito de peculado”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, en un correo electrónico, ante consulta de La Nación.
De acuerdo con el artículo 361 del Código Penal, el delito de peculado lo comete “el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
Ese apartado, además, establece que las penas por esa falta oscilarán entre los tres y los 12 años de prisión.
Las personas investigadas por la Fiscalía trabajaron en Coopeasamblea hasta el primer cuatrimestre del año pasado. Camacho renunció a la presidencia entre marzo y abril, según dijo.
Mientras que Guzmán fue despedido en marzo, tras una suspensión, a raíz de los hallazgos de la auditoría del Infocoop.