11 diputados de comisión aprueban crédito con el FMI
Además: Banco Central pronostica ‘shock’ financiero si se incumple acuerdo con Fondo
Por unanimidad, los 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente, este miércoles, el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), acordado dentro de un plan de ajuste fiscal negociado entre el Gobierno y el FMI.
El empréstito se dictaminó un día después de que se empezó a discutir en ese foro, donde los jerarcas de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica (BCCR) evacuaron consultas de los legisladores de ese foro.
Antes del dictamen, también por unanimidad, la comisión aprobó una moción de Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), que establece controles en la gestión de esos recursos.
Uno de ellos es que los desembolsos del préstamo se incorporen al Presupuesto Nacional a través de planes de gastos extraordinarios que deberá aprobar la Asamblea Legislativa, “a fin de otorgar transparencia” durante su gestión, en vez de hacerse vía decreto como lo pidió el Gobierno.
Además, se impide variar el destino del empréstito; es decir, obligatoriamente será utilizado para pagar servicio de la deuda pública a través de la sustitución de fuente de financiamiento externa por interna, lo que reduce el pago en tasas de interés.
“La totalidad de este crédito no es de libre disposición. La moción aprobada establece que los recursos vayan al servicio de la deuda con el fin de cambiar fuente de financiamiento al pasar de deuda cara a deuda barata”, expuso Delgado sobre su propuesta aprobada en ese foro.
La Comisión también aprobó realizar consultas escritas a la Contraloría General de la República (CGR) y a los ministerios de Hacienda y Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Hechas esas consultas, el proyecto seguirá su curso ordinario en el Congreso. Esto significa que deberá superar dos procesos de presentación de mociones de ajuste en el plenario, pero que se evacuarán en comisión.
Posteriormente, continuará su ruta en el plenario donde los legisladores podrían reiterar mociones de ajuste rechazadas en comisión y, luego, votarse en primer debate.
El empréstito tendrá un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia. La tasa anual en dólares sería del 2,51%, según el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero.
Cubero expuso el martes en esa comisión que, en esos cuatro años de gracia, el país se ahorraría $156 millones en el pago de intereses.
El dinero se desembolsará en seis desembolsos semestrales de alrededor de $296 millones cada uno, por un periodo de tres años.
El primer giro se produciría con la aprobación del empréstito por la Asamblea Legislativa y los restantes se harían contra el cumplimiento de metas del plan de ajuste fiscal asumidas por Costa Rica.
Avalaron el dictamen afirmativo Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales,
del PLN; Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y María Inés Solís y Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Del mismo modo lo apoyaron Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, congresistas del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Harllan Hopelman, del bloque independiente Nueva República (NR).
Entre los proyectos negociados con el FMI, figura la reducción o eliminación de exoneraciones fiscales, como el salario escolar.
Del mismo modo, el país se comprometió a implementar un impuesto a los premios de lotería superiores a ¢225.000; la renta global dual, que ampliaría la base de cálculo del impuesto para las personas; una modificación al tributo a las casas de lujo y el aporte de hasta 20% anual de utilidades de las empresas públicas.
En la parte de recorte al gasto, el Gobierno negoció una reforma al empleo público que establecería un salario global de un monto único en el Estado; este, en sustitución del sistema de pluses que atomizan el gasto.
El Poder Ejecutivo se comprometió con metas de reducción de gastos a través de la regla fiscal.
La legisladora de la bancada oficialista Laura
Guido recordó que el Gobierno se ha planteado una ruta de responsabilidad fiscal para “concretar” la confianza de los organismos financieros internacionales.
Ello implica que el plan de financiamiento externo para sustituir deuda interna cara, ha restado presión sobre las tasas de interés en el mercado local y, a la vez, ha llevado a la baja el pago de financiamiento del Gobierno, según dijo.
“Hacer una gestión responsable en esta materia permite no solo disminuir el gasto público en lo inmediato, sino poder tener una discusión sobre cómo hacer una mejor apuesta al gasto de capital y, con ello, dar un impulso a nuestra economía”, expuso Guido.
La legisladora oficialista aseveró que el acuerdo con el FMI constituye un salvavidas para el país, en un momento en que ha naufragado en una difícil tormenta por la covid-19.
Por lo tanto, Guido celebró el compromiso de las demás fracciones de apoyar una ruta de financiamiento externo, pero también de ser parte de la discusión sobre la transformación del gasto público y de mejorar los ingresos fiscales.
En esa línea, recordó que dos terceras partes del plan de ajuste fiscal se apalancan sobre la reducción del gasto y, si bien el resto lo compone la generación de nuevos ingresos, el énfasis planteado por el Gobierno se enmarca en la eficiencia y ordenamiento del gasto en el Estado.
El restauracionista Carlos Avendaño resaltó que las condiciones favorables del empréstito darán un respiro a las finanzas públicas, por lo cual su bancada lo apoya.
Mientras tanto, el diputado Hopelman justificó su voto por ser un primer desembolso, según dijo, que no está sujeto al cumplimiento de las medidas fiscales acordadas con el Fondo Monetario. Sin embargo, dejó claro que su bloque no apoyará iniciativas que conlleven “nuevos” impuestos.