Arquitecta señalada por evadir cargas busca gerencia en Caja
››Compite por dirigir área de infraestructura y Tecnologías
Una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señalada por evadir cargas sociales entre el 2010 y el 2014, es una de las finalistas del concurso para asumir la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de esa entidad.
Se trata de la arquitecta Paquita González Haug, directora de Administración de Proyectos Especiales de esa institución.
En mayo del 2014, un informe de la Auditoría Interna alertó a la Gerencia Financiera de una supuesta omisión y subdeclaración de ingresos cometidas por González.
Según los auditores, ella se apartó de su puesto en la CCSS con un permiso sin goce de salario, para darle servicios profesionales al Instituto Nacional de Seguros (INS), en la construcción del Hospital del Trauma, entre los años 2010 y 2014.
Era un contrato por más de ¢1.500 millones, adjudicado al consorcio Seproco-Mygsa, integrado por González y otros dos profesionales.
Al dejar su puesto, advirtió la Auditoría, ella pasó de reportar ingresos mensuales por más de ¢2 millones a solo ¢460.000 y estaba asegurada como si hiciera servicios domésticos.
El análisis estableció que, en esos cuatro años, González declaró ingresos por ¢21,1 millones. Sin embargo, su contrato con el INS para dirigir el levantamiento del Hospital del Trauma era por ¢1.593 millones.
En total, los tres profesionales reportaron entre 2010 y 2014 ingresos por ¢64 millones.
Por lo tanto, existe una diferencia de ¢1.529 millones entre lo declarado por González y sus socios y el contrato firmado con el INS.
Ante esta situación, la Auditoría Interna recomendó una inspección sobre las personas mencionadas y establecer los procedimientos de cobro que correspondieran.
“DURANTE MIS 28 AÑOS DE TRABAJO EN LA CCSS HE DEMOSTRADO MI CAPACIDAD TÉCNICA Y SOLVENCIA MORAL, HE ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE LA DEUDA CON MUCHO SACRIFICIO”. PAQUITA GONZÁLEZ FUNCIONARIA DE CCSS
Detalles. González confirmó a La Nación que la CCSS le generó un cobro por ¢58 millones por los señalamientos citados.
Aseguró que en el 2019 firmó un arreglo de pago con garantía hipotecaria con la Seguridad Social y canceló el 20% de lo adeudado.
Un estado de cuenta emitido en marzo y enviado por González a La Nación permite corroborar la deuda por ¢58,9 millones, el primer pago se efectuó en setiembre de 2019 por ¢14,8 millones y a partir de ese momento ha pagado sumas mensuales que oscilan entre ¢338.000 y ¢417.000.
Además, afirmó que, en el 2010, al empezar a dirigir el proyecto para el INS, reportaron ¢460.000 como salario mensual porque ese era su ingreso real.
Según ella, fueron los ahorros los que la sostuvieron al pasar de un salario de más de ¢2 millones en la Caja a uno de menos de ¢500.000.
“Con ahorros, porque de hecho los giros del proyecto no se hacen mes a mes, sino contra entrega de productos. Durante mucho tiempo, nosotros hicimos trabajos y no se nos pagó hasta casi dos años después del inicio del proyecto. Prácticamente, yo me consumí los ahorros”, dijo.
Agregó que aceptó una remuneración baja con la esperanza de obtener ganancias al final de la obra, como parte del consorcio conformado con sus dos socios.
No obstante, indicó que tuvieron gastos adicionales como contratación de personal administrativo, abogados y personal de Enfermería y, al final, la ganancia fue “cercana a cero”.
“El beneficio es profesional, de tener la experiencia de trabajar como consultora independiente y la pretensión era explorar si yo podía seguir trabajando como consultora independiente (...). Le podría decir que la ganancia (económica) fue muy poca, cercana a cero”.
Pese a que hay un arreglo de pago, ella mantiene una demanda ante la Caja en la que objeta el monto cobrado.