8 de cada 10 jóvenes presos cumplen condenas por asesinato
Mayoría con sentencias de entre cinco y quince años de reclusión
En octubre del 2019, una adolescente de 16 años fue detenida por el asesinato a puñaladas de un taxista, en Pérez Zeledón. Actuó junto con otras personas.
Luego de un año de investigaciones, la menor fue acusada y sentenciada a 13 años de internamiento en una prisión, como responsable de homicidio calificado.
En Pococí, otro joven, también de 16 años, fue capturado por el crimen de un finquero, de 73, ocurrido en junio del 2019.
Nueve meses después, el muchacho fue condenado a diez años de encarcelamiento en un centro especializado. Él aceptó los hechos para acogerse a un procedimiento abreviado.
Ellos son dos de las 28 personas que, a marzo del 2021, descontaban condenas por homicidios en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ), en Heredia, al que son remitidos quienes cometieron delitos cuando tenían menos de 18 años.
Según datos del Ministerio de Justicia, ese grupo representa el 78% de los sentenciados (39) que están en esa cárcel. Es decir, ocho de cada 10 jóvenes que están internados ahí descuentan una sanción por delitos contra la vida.
De los otros once presos, la mayoría purga condenas por robo.
23 de los sentenciados son hombres, entre los 15 y 29 años, mientras que las cinco mujeres están entre los 18 y 29 años. Como todos ingresaron al sistema penitenciario siendo menores de edad, los cobija la Ley Penal Juvenil.
Tres de los 28 condenados deben descontar entre 10 y 15 años, siendo esta última la pena máxima para un menor de edad.
Otros 16 jóvenes fueron sentenciados a entre cinco y diez años de cárcel, mientras que ocho adolescentes deberán pasar entre uno y cinco años en ese centro especializado.
Solo uno deberá cumplir menos de doce meses de internamiento.
Además de los sentenciados, la cifra de muchachos asociados con asesinatos se abulta si también se considera la población a la que le impusieron una detención provisional mientras se le investiga (en el caso de adultos, la medida se denomina prisión preventiva).
En esa condición de indiciados, el Centro de Formación Juvenil registra a 29 muchachos, entre los 15 y los 24 años, de los cuales once están por homicidio. Es decir, un 40% afronta un proceso por este delito contra la vida.
Son dos mujeres y nueve hombres. El total de estos indiciados tiene edades entre 15 y 19 años.
En grupo y con más violencia. Para agentes de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cada vez hay mayor participación de jóvenes en actividad delincuencial.
Lo preocupante es que son ilícitos graves, que van desde extorsiones, cobros de peajes ilegales y asaltos, hasta tentativas de homicidios y asesinatos, explicó Rosa Jiménez, jefa de ese unidad policial.
Generalmente, señaló, son reclutados por pequeños grupos delictivos en sus barrios, no obstante, hay casos en los que los muchachos trabajan para bandas de crimen organizado.
Comienzan como encargados de vigilancia, llamados campanas, para que avisen de acciones policiales o de grupos rivales. En ese aspecto, Jiménez coincide con apreciaciones de la Fiscalía.
“Algunos de ellos han ido escalando en las organizaciones criminales en puestos de ‘robots’ de venta al menudeo, traslado y distribución de drogas, hasta llegar a cobros por deudas o ajustes de cuentas por plazas de venta, sobre esto último pueden ser amenazas, agresiones y/o hasta el homicidio”, apuntó.
Eso sí, dijo, cuando los menores cometen un delito, buscan actuar en grupo, circunstancia que los lleva a ejercer mayor violencia. Además, son poco temerosos en cuanto a las consecuencias que podrían tener sus actos.
Primero, porque creen que al actuar en grupo no los podrán procesar; segundo, porque las mismas bandas los engañan al decir que “a ellos no les pueden hacer nada por ser menores”.
Por el contrario, recordó la jefa policial, las investigaciones son más expeditas porque así lo establece la Ley Penal Juvenil y eso es lo que, hoy “tiene a muchos menores presos, descontando hasta 15 años de cárcel”.
Para enfrentar esa realidad, el magistrado Álvaro Burgos, de la Sala de Casación Penal, insiste en la necesidad de la “alfabetización preventiva”, para que los jóvenes entiendan y conozcan a lo que se ven expuestos en caso de incurrir en delitos.
“Este es un tema de no solamente ser represivos. Por el tipo de población que es, el abordaje debe ser más que todo preventivo: desde darles oportunidades educativas y de desenvolverse en un buen lugar, hasta en enseñarles que toda acción tiene un impacto”, concluyó.
Para frenar la vinculación de menores con delitos “no existe una receta mágica”, como expresó Álvaro Burgos, magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión Penal Juvenil.
Tampoco se trata de un problema nuevo, por el contrario, viene desde hace mucho “generando un desarrollo no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo”. Es decir, los menores, cada vez, participan en más hechos delictivos, y cometen muchos tipos de ilícitos.
Para él, más que preocuparse, hay que ocuparse, y por eso, desde hace treinta años impulsa la “alfabetización preventiva”, que consiste en hacer entender a los menores de 18 años, de que si cometen una falta se verán expuestos a fuertes sanciones, entre ellas la privación de su libertad.
Ahora el proyecto está enfocado en involucrar al Ministerio de Educación Pública (MEP), al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la propia Comisión del Poder Judicial, para que estas capacitaciones sean parte del calendario escolar.
“Queremos impulsar un proyecto que se me ocurrió hace mucho tiempo, pero que ahora sea más estructurado. Es una cuestión de ir a escuelas y colegios, a tratar de estimularlos (a los menores) y capacitarlos para que sepan sobre sus derechos, claro, pero también sobre sus obligaciones.
“Es decir, que sepan que a partir de los 12 años pueden ser sujetos de sanciones muy severas, porque estamos en uno de los países que tienen las legislaciones más duras. Se aplicaría, entonces, eso de que en guerra avisada no muere soldado”, apuntó.
Al mismo tiempo, ofrecerles alternativas reales para no caer en la delincuencia, como acceso a la educación, deporte y cultura.
Así, dijo, llegar primero a la mente de los muchachos e impedir que los grupos criminales los “endulcen”.