Sospechoso de falsa vacunación queda libre
Juez no le impuso medidas cautelares; Fiscalía apela
El Juzgado Penal de La Unión dejó en libertad y sin ningún tipo de medidas cautelares a un trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fue detenido, el pasado viernes, como sospechoso de simular la vacunación de un adulto mayor en Tres Ríos.
Esa fue la decisión que tomó ayer el juez Luis Diego Ulloa Rodríguez poco antes del mediodía, luego de una audiencia que comenzó a las 10 a. m. en el edificio de los Tribunales de Tres Ríos, cabecera del cantón de La Unión, en Cartago.
El implicado, de apellido Arrieta, es investigado por el delito de incumplimiento de deberes.
Luego de conocer la decisión del juez Ulloa, el Ministerio Público apeló la resolución, por lo que el asunto pasará a conocimiento del Tribunal Penal de La Unión, en una fecha próxima.
En tanto, la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó de que la decisión se fundamentó en que “la conducta que el Ministerio Público atribuye al imputado no es capaz de configurar ningún delito de los estipulados en el Código Penal”.
Caso de impacto. Arrieta, un asistente técnico de atención primaria, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado viernes, en Sabanilla de Montes de Oca.
Dos días antes, el OIJ recibió una denuncia contra el funcionario por haber simulado que vacunó a Elías Rodríguez, de 82 años, conta la covid-19 en Tres Ríos, en La Unión.
Jorge Rodríguez, hijo del afectado, grabó en video el momento en que Arrieta inyectó a su padre, pero sin aplicarle la vacuna.
El joven no se percató del engaño hasta cuando compartió el video en un chat de la familia, desde donde se filtró a las redes sociales.
Entonces, padre e hijo acudieron a poner una queja en el Ministerio de Salud y una denuncia penal ante el OIJ, la cual se tramita bajo el expediente 21-010183-0043-PE.
En tanto, la CCSS separó a Arrieta del cargo, con goce de salario, al tiempo que se abrió una investigación interna.
Rodríguez, finalmente, recibió la dosis contra el virus el pasado viernes.
El delito de incumplimiento de deberes está regulado en el artículo 339 del Código Penal.
Según esa norma, “será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse a hacer o retarde algún acto propio de su función”.
Igual pena se impondrá “al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.