Contraloría le frena a Recope muelle flotante en Caldera
Costo de terminal de gas desencadenaría aumento en tarifas de combustibles
La Contraloría General de la República ordenó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suspender el plan para construir un muelle flotante de $234 millones cerca de puerto Caldera, Puntarenas, para ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina.
El órgano contralor instruyó a los miembros de la Junta Directiva de la Refinadora a anular el acuerdo mediante el cual aprobaron el estudio de factibilidad para esa infraestructura. Igualmente, deben dejar sin efecto su decisión de buscar un contratista para la obra y eliminar del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) dicha licitación, en resguardo de la Hacienda Pública.
Para emitir la orden, la Contraloría consideró que el referido estudio de factibilidad conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles. Asimismo, determinó la existencia de una serie de inconformidades.
Por ejemplo, encontró omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades en la fase de inversión del proyecto.
Sus descubrimientos sobrevinieron en el marco de una auditoría que tenía en curso sobre la razonabilidad de la etapa de preinversión de dicha terminal.
“Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad”, precisó.
Recope prefirió no emitir criterio sobre la orden recibida, pues, dijeron, van a analizar el documento.
“Para elaborar la respuesta siguiendo el procedimiento que corresponde, dentro del plazo que la ley confiere a los entes sujetos de este tipo de acciones de control”, respondió la oficina de prensa ante consulta de La Nación.
Incumplimientos. Según la Contraloría, la auditoría encontró incumplimientos a diversa normativa técnica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), a normas de control interno para el sector público y a la Ley de Contratación Administrativa y de su reglamento.
La CGR afirma que no es posible evidenciar el cumplimiento de eficiencia para encaminar la inversión ni la seguridad razonable con respecto a que se deba proceder con su ejecución.
La Contraloría halló que Recope tampoco analizó el posible riesgo de incumplimiento de la regla fiscal y el aseguramiento de recursos futuros para costear el proyecto antes de proceder a buscar un posible desarrollador.
La CGR le consultó a la empresa acerca de sus previsiones en este sentido y esta le respondió que como la Ley N.° 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) es de reciente aprobación, su análisis de la viabilidad legal nada más se centró en la capacidad de Recope de desarrollar una obra de infraestructura como la Terminal Pacífico y los posibles mecanismos de contratación.
Además, Recope indicó que el Ministerio de Hacienda comunicó el tope de 1,96% para el gasto total en el 2022 del sector público el pasado 4 de abril del 2021, pero el equipo a cargo del proyecto no tuvo acceso a dicho oficio y sus alcances con anterioridad a la publicación del cartel en Sicop.
La Contraloría hace notar que, incluso después de la publicación del cartel de licitación pública, Recope también desconocía si hacer la Terminal Pacífico podría haber afectado la ejecución de los gastos de capital en otros proyectos y los posibles riesgos de ello.
La Nación publicó en mayo, que el propio estudio de preinversión de Recope para esa terminal reconoce que aumentar el almacenamiento en sus instalaciones en Moín (Limón) cumpliría la misma meta de más espacio para almacenar GLP en Costa Rica y evitaría a los consumidores un impacto tarifario.