4 empresas supervisoras sospechosas de corrupción
Deben garantizar calidad de obras, pero expediente expone anomalías
Al menos cuatro empresas encargadas de velar por el buen cumplimiento de las constructoras contratadas para proyectos viales figuran en la causa judicial del denominado Caso Cochinilla.
Según las pesquisas de la Policía Judicial, esas llamadas supervisoras habrían incurrido en pago de dádivas e incluso en alteración de informes a cambio de sobornos para hacer pasar obras defectuosas como buenas.
Se trata de las compañías Cacisa, Diccoc, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y LGC Ingeniería de Pavimentos, las cuales han participado en los últimos años como supervisoras o administradoras viales, figuras que utiliza el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para garantizar que los trabajos se realicen con materiales de calidad y aplicando buenas prácticas de ingeniería.
De estas, Cacisa es la que ha tenido mayor presencia, tanto en la supervisión de grandes proyectos como en la mayoría de los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras.
También tiene participación en Panamá, Nicaragua y El Salvador.
El expediente judicial 19-000025-1218-PE del Caso Cochinilla, atribuye a representantes de esa compañía haber falseado, junto con ITP y la constructora MECO, los informes sobre la calidad de la mezcla asfáltica que se colocó en el viaducto de las Garantías Sociales.
De acuerdo con la indagación judicial, esas firmas confabularon y pagaron dádivas para encubrir las deficiencias en el proyecto.
Entre las prácticas incorrectas que Cacisa habría “pasado por alto” en esa obra, está haber permitido que se colocara la mezcla asfáltica bajo la lluvia. Además, ausencia de control en la dosificación del riego de liga y manipulación excesiva de la mezcla, las cuales fueron advertidas por ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
“Estas prácticas afectaron la calidad de la capa asfáltica, en términos de su durabilidad y desempeño en el mediano y largo plazo. Ante la consulta a Ia Administración sobre las causas de las situaciones evidenciadas, se emitieron argumentos con limitado sustento técnico”, cita el texto judicial.
A Cacisa también se le menciona como una de las empresas que pagó dádivas en dinero y en especie a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en varias ocasiones, a cambio de dar trato preferencial a facturas que tenían al cobro en esa entidad, para lo cual también se valían de Tobías Arce Alpízar, a quien el expediente identifica como intermediario entre las empresas y el Conavi.
Los investigadores recalcan que esta no es la primera vez que Cacisa es cuestionada por realizar acciones irregulares.
“No está de más añadir que en esta labor de supervisión dicha empresa ha estado cuestionada durante mucho tiempo, por medio de múltiples informaciones confidenciales que dan luz de la labor deficiente que ejercen en los proyectos que ejecutan las constructoras. Varios de estos trabajos culminaron con causas penales abiertas, tramitadas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, revela.
El documento alude a casos como el de la llamada trocha fronteriza, que surgió en el 2012, y la ruta 257, donde se denunció la pifia cometida en la construcción de la vía para unir la carretera a Limón con el megapuerto de Moín.
Otras implicadas. En el caso de Diccoc, el expediente asevera que entre el 25 de noviembre del 2019 y el 19 de marzo del 2020, Alister Alfonso Cervantes Morales, dueño de esa empresa, remuneró a Tobías Arce para que corrompiera a funcionarios del Conavi a fin de que se le diera tratamiento expedito a las facturas de su compañía.
Esas dádivas, detalla el informe, incluyeron desde dinero en efectivo, hasta gastos de un viaje a Puerto Viejo de Talamanca y almuerzos.
El documento añade que Cervantes era uno de los empresarios que pagaba a Tobías Arce “servicios profesionales” y con el que existía una relación de “compadrazgo”.
Según un análisis de La Nación, entre el 2017 y el 2021, Cacisa recibió adjudicaciones de parte del Conavi por más de ¢5.510 millones, mientras que en el caso de Diccoc, la suma es de ¢2.854 millones.
Un actuar similar, utilizando a Arce como intermediario, atribuye la investigación a la empresa LGC, a la cual también se menciona como una de las que dio dádivas al exgerente de Adquisiciones de Conavi, Carlos Solís Murillo, para que agilizara el pago de facturas.
Asimismo, se relata que en abril del 2020, Alejandro Acosta Mora, dueño de la constructora Also Frutales, en supuesto contubernio con el presidente de LGC, Luis Chavarría Bravo, indujeron a error a la empresa supervisora Vieto para que a la primera se le aprobara la colocación de material en la ruta 145, entre Tilarán y Las Juntas de Abangares.
“Por Io tanto, mediante la simulación de hechos falsos, la empresa LGC emitió un informe favorable sobre el material, basado en información falsa, porque el material analizado no correspondía al utilizado por la empresa”, especifica el expediente.
En mayo del 2020, de nuevo los representantes de Also Frutales y LGC, supuestamente entregaron dádivas a los técnicos de Vieto para que manipularan informes y alteraran ensayos a fin de encubrir errores e irregularidades en la ejecución de proyectos a cargo de la constructora.
Los dueños y representantes legales de estas empresas así como funcionarios e intermediarios fueron detenidos el 14 de junio, tras allanamientos simultáneos en el Conavi, sedes de las compañías, viviendas y hasta Casa Presidencial.
Todos fueron puestos en libertad días atrás.