Sala IV integra tribunal para ver consultas sobre empleo público
››Verá tres observaciones al proyecto planteadas por varios legisladores y una más enviada por la Corte Plena
La Sala Constitucional conformó este viernes el tribunal de siete magistrados encargado de analizar las consultas facultativas presentadas sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Dicho órgano está integrado por Fernando Castillo, como presidente; Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro y la suplente Ana María Picado.
Picado ocupará el lugar de Fernando Cruz, quien se inhibió de conocer el expediente debido a sus manifestaciones contra la reforma y porque fue precisamente el promotor de una consulta enviada por la Corte Plena.
A través de un comunicado, la oficina de prensa de la Sala IV informó también de que acumuló en un solo expediente las cuatro consultas hechas.
La decisión de los magistrados se toma a dos semanas de aprobado el expediente 21.336 en primer debate, en el plenario del Congreso, y una semana exacta después de que la Sala recibiera la copia fiel del proyecto.
Pese a que se acumularon las cuatro consultas en el mismo expediente, eso no quiere decir aún que realmente todas las gestiones hayan sido acogidas para estudio.
Eso se sabrá una vez que el tribunal constitucional dé a conocer su resolución.
Tres años atrás, cuando la Sala IV dio a conocer su resolución sobre el expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, anunció que rechazaba una consulta que había llegado a destiempo, o sea, después de recibido el expediente legislativo.
Ese podría ser, eventualmente, el caso de la consulta presentada por la Corte contra varios artículos que, según alegan, violentan la independencia del Poder Judicial al someterlo a la rectoría, en materia de empleo público, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
“La Sala deberá, en el momento procesal oportuno, establecer si las consultas de constitucionalidad acumuladas cumplen o no con los requisitos formales exigidos, lo que se resolverá junto con la opinión consultiva”, informó en la nota de prensa.
Esta es la primera vez en la historia en que la Corte Suprema de Justicia hace uso de la potestad que le da la Ley de la Jurisdicción Constitucional para presentar una consulta contra un proyecto.
Mediante comunicado de prensa, la Sala informó este miércoles de que, conformado el tribunal que analizará las consultas de constitucionalidad, empieza a correr el plazo de un mes que da la Ley de Jurisdicción Constitucional para resolver las gestiones.
Eso implica que el plazo para evacuar las preguntas de diputados y magistrados es el 2 de agosto, “a menos que se requiera de una diligencia que lo interrumpa”.
Dichas diligencias podrían ser, por ejemplo, la solicitud de información adicional al Congreso, como actas o videos de las sesiones, ya sea de la Comisión de Gobierno que tramitó el proyecto o del plenario. La redacción del borrador de la sentencia le corresponderá a la suplente Ana María Picado.
La Sala IV aclaró que la asignación de los expedientes se realiza mediante un sistema de cómputo.