Encrucijadas
La crítica situación de sostenibilidad de las finanzas del Gobierno es un síntoma, más que la causa, de problemas que trascienden lo macroeconómico; es, finalmente, consecuencia de una crisis profunda en el ámbito político y de la convivencia democrática.
La forma en como se ha llegado a este punto y, en las últimas semanas, la deriva que ha tomado el debate político tradicional y la acción de los grupos de interés en torno al ajuste no hace más que evidenciar esta situación.
Un punto de partida es, como sociedad, sincerarse y reconocer que tras los desequilibrios presupuestarios acumulados en los últimos 15 años subyacen los efectos de la captura de los presupuestos públicos y del esquema de tributación por parte de grupos de presión de todo signo: burocracias estatales y sectores empresariales.
Y que en las dificultades para alcanzar soluciones efectivas y, sobre todo, justas y equitativas al problema, también se encuentran los intentos egoístas e irresponsables de estos grupos para vetar la toma de decisiones y defender sus prerrogativas.
La discusión sobre las reformas en empleo público y las medidas de ajuste en el marco del convenio con el FMI evidencian, de nuevo y con descarnada crueldad, la situación. En el caso del proyecto de empleo público, altas burocracias en las universidades públicas y el Poder Judicial utilizan sus espacios institucionales para boicotear las reformas; dejando en claro que sus intereses se anteponen a sus deberes y responsabilidad delegadas en ellos.
Como si esto no fuese suficiente, la capacidad de los mecanismos de representación política para lidiar con estas presiones, tratar de balancear los múltiples intereses y procurar que los ilegítimos no capturen las políticas públicas ha dejado mucho que desear. Líderes políticos y diputados de varias fracciones apelando al populismo y poses cargadas de egos y un oportunismo excesivo, han mostrado no sólo una ignorancia abismal acerca de las reformas y la necesidad de ejecutarlas, sino que, además, evidencian una irresponsabilidad enorme al servir de cámara de resonancia a los argumentos interesados y falaces de los grupos de presión.
El panorama es crítico y desolador. El comportamiento irreflexivo e irresponsable de políticos y grupos de interés no solo expone al país a las consecuencias económicas de la insolvencia fiscal, sino que da las estocadas finales a la mermada confianza de los habitantes en la capacidad del Estado para responder a sus demandas legítimas.■