Madre lleva tres años esperando el pago del Estado
Carol Segura Benavides, vecina de Calle Blancos de Goicoechea, San José, lleva tres años y cuatro meses esperando el dinero que el Estado le debe por la expropiación de su vivienda
Esta madre de 44 años tuvo que mudarse a la casa de su hermana a finales de mayo, ya que meses antes había recibido el aviso de que su hogar sería demolido, junto con otros, para dar paso a la construcción del arco norte de la vía de Cirvunvalación.
Y, efectivamente, el pasado 7 de junio, su casa fue tirada abajo por un backhoe que no duró más de cinco minutos en cumplir su cometido.
Era una pequeña vivienda de madera, de dos cuartos, donde la madre criaba a su hijo de 13 años, a quien ahora mantiene mediante labores domésticas que le deparan ¢2.500 por hora de trabajo.
La casa estaba ubicada en medio de otras dos estructuras donde vivían sus hermanos, en un terreno que les heredó su madre al fallecer.
Sus parientes ya recibieron el dinero por la expropiación de sus hogares, pero a Segura no le han dado ni un solo colón, ya que el Tribunal Contencioso Administrativo no ha resuelto el trámite.
La abogada Hazel Cortés, representante de la madre, explica el caso: “Ella tiene una deuda de ¢350.000 con Scotiabank por una tarjeta, que mediante un practicado le embargó la casa, y debido a eso, el trámite de expropiación se hizo diferente, elevado al Contencioso Administrativo.
“Ya hemos entregado todos los documentos respectivos y ahora la jueza solo tiene que dirigir una parte del dinero de la expropiación al banco para saldar la deuda, y el resto, a doña Carol, pero no ha querido”, explicó.
Cortés denuncia que la jueza que lleva el caso revisa los documentos mucho tiempo después de que son entregados, por lo que siempre pide actualizaciones de estos y nunca se concreta nada.
Aunque el perito judicial determinó que los tres hermanos debían recibir un total de ¢63 millones por la expropiación de la propiedad (¢21 millones cada uno), Segura sigue a la espera del dinero.
‘No pude pagar la tarjeta’. Segura contó a La Nación que hace cuatro años trabajaba en una empresa de alimentos, como cocinera, pero la compañía quebró y fue despedida sin goce de salario.
Agregó que, en aquella época, ella tenía una tarjeta de crédito del banco Scotiabank, la cual entregó luego de perder el trabajo, pero por un “problema” generó una deuda considerable.
Ahora, debido a esa deuda, el trámite de expropiación de su casa se volvió un martirio.
“Yo no pude pagar la tarjeta porque salí de la empresa sin un centavo. Desde eso no he conseguido trabajo y ahora gano unos cinquitos por hora limpiando casas. Antes me ayudaba el papá de mi hijo, que pirateaba y se ganaba algo, pero él falleció en un accidente de tránsito y quedamos mi hijo y yo solos”, relató.
Segura afirma que ella ha presentado todos los documentos que le piden y no entiende por qué no le han dado el dinero que le prometieron por su terreno.
Ante consultas de este medio, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que esta expropiación es tramitada a nivel judicial en el expediente 19-245-1028-CA.
Según la entidad, la jueza a cargo del caso dictó la entrada en posesión del inmueble el 29 de marzo del 2019. Sin embargo, Hazel Cortés alega que aún no se ha dictado la entrada en posesión del terreno.
“Yo llevo el expediente desde el principio y la jueza no ha dictado que ya pueden hacer posesión. Es falso lo que dice el DABI. La ley de Expropiaciones dice que todos los propietarios del terreno tienen que estar cancelados para dar la orden de que entre en posesión el Estado, pero a Carol no le han pagado”, aseveró.