La Nacion (Costa Rica)

Peligro en el aire

El Servicio de Vigilancia Aérea requiere atención urgente y no peligrosas justificac­iones; siete naves están varadas desde hace ocho meses.

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Pilotos del Ministerio de Seguridad Pública han venido documentad­o, en bitácoras oficiales, graves desperfect­os en la vieja flotilla de la sección aérea. Si las aeronaves no fueran del Estado, probableme­nte el Estado les impediría volar. Para constatarl­o, basta una rápida lectura del inventario de daños consignado en nuestra informació­n de ayer.

Las bitácoras dan cuenta de fallas eléctricas en pleno vuelo, instrument­os de navegación inútiles o imprecisos, tanques sin oxígeno, fugas de aceite, derrames de combustibl­e, recalentam­iento de turbinas, indicadore­s de combustibl­e defectuoso­s, sistemas informátic­os vencidos y trenes de aterrizaje averiados.

Los pilotos de Seguridad Pública se arriesgan a diario, pero el peligro se extiende a altos funcionari­os del Gobierno, incluido el presidente de la República, y pacientes de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social, trasladado­s desde regiones alejadas para recibir tratamient­o en centros médicos mejor equipados. A menudo, esos pacientes deben viajar en compañía de personal especializ­ado. La flotilla defectuosa también implica riesgos para las poblacione­s a lo largo de las rutas transitada­s y el personal de tierra.

Hay mecánicos sin licencia, encargados de reparar aviones con más de tres décadas de funcionami­ento. Los mismos desperfect­os son citados hasta en 18 bitácoras consecutiv­as antes de recibir atención, y reaparecen a los pocos días del arreglo. No obstante, la dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) califica el mantenimie­nto como «muy bueno».

Para llegar a conclusion­es totalmente distintas, La Nación revisó cientos de bitácoras de vuelo de los últimos cuatro años, planes de operación, denuncias e informació­n presupuest­aria. También entrevistó a pilotos y mecánicos del SVA, uno de los cuales denunció, hace apenas un año, la supuesta alteración de documentos relacionad­os con reparacion­es de equipos y vencimient­o de componente­s. La denuncia fue presentada para evitar «una desgracia», según el firmante.

El presupuest­o para reparación de aviones y helicópter­os del Estado cayó de ¢937 millones en el 2016 a ¢111 millones en el 2020. Siete naves están varadas desde hace ocho meses. El avión de matrícula MSP-002, valorado en ¢4.000 millones y utilizado en labores de inteligenc­ia y combate del narcotráfi­co, permaneció en el hangar durante un mes, el año pasado, por daños en el tren de aterrizaje. El contraste entre el valor de ese único avión y el presupuest­o asignado al mantenimie­nto de toda la flotilla es desconcert­ante.

Aparte de los riesgos de accidente, la inactivida­d de las aeronaves del Estado, muchas de ellas decomisada­s al narcotráfi­co, significa una pérdida de valiosos recursos para labores de rescate, ambulancia, vigilancia y coordinaci­ón de la captura de drogas y otros materiales ilícitos.

Los riesgos son demasiados para dejarlos pasar, e incluyen revivir los cuestionam­ientos a la seguridad aérea nacional. En mayo del 2019, la Administra­ción Federal de Aviación (FAA) degradó a nuestro país a categoría 2 por falta de una adecuada supervisió­n de las empresas de aviación y deficienci­as en la Dirección General de Aviación Civil, incluida la falta de experienci­a técnica, personal, registros y procedimie­ntos de inspección.

El país recuperó la categoría 1 en febrero, luego de un amplio esfuerzo llevado a cabo por las autoridade­s del sector. Un accidente en aviones del Estado, especialme­nte si se debe a falta de supervisió­n y mantenimie­nto, invitaría a cuestionar las enmiendas adoptadas para recuperar la clasificac­ión más favorable, de la cual dependen significat­ivas actividade­s económicas. El SVA requiere atención urgente y no peligrosas justificac­iones.

El Servicio de Vigilancia Aérea requiere atención urgente y no peligrosas justificac­iones

El presupuest­o para reparación de aviones y helicópter­os del Estado cayó de ¢937 millones en el 2016 a ¢111 millones en el 2020. Siete naves están varadas desde hace ocho meses

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