Indígenas de zona sur sufren más de 7 agresiones al mes
››Amedrentamiento, hostigamiento e invasiones forman parte de los hechos
Los indígenas de la zona sur sufrieron 86 agresiones durante el 2020, lo cual da un promedio de 7,16 ataques al mes.
Así se desprende del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero- diciembre del 2020, divulgado por la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) este miércoles.
Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza “cotidianamente” la CLSS, la cual trabajó con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras.
También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra-territorio en la zona sur.
El análisis precisa que el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones fueron el tipo de ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la región citada en nuestro país.
Dentro del desglose de agresiones, destaca el asesinato del dirigente Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, poblado de la Reserva Indígena
TODOS LOS CRÍMENES HECHOS POR PARTICULARES Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS QUE INCURRIÓ EL ESTADO ESTÁN, AL DÍA DE HOY, IMPUNES”. Gustavo Oreamuno dirigente indígena
de Térraba, el 25 de febrero del año pasado.
Rivera recibió cinco disparos y falleció de inmediato. Su homicidio fue considerado como una secuela de actos delictivos previos como quema de ranchos y de plantaciones, amenazas, cierre de caminos e intentos de homicidio, que ocurren desde hace más de un año en la región, cuando mataron a Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena, en Salitre.
Para las autoridades, los actos delictivos se dan porque, desde hace años, los indígenas se organizaron para realizar recuperaciones de hecho. Es decir, organizaciones envían una notificación a algún poseedor de tierra que consideran no indígena en Térraba o Salitre, y lo invitan a abandonar el lugar, para lo cual le dan un plazo.
Este tipo de acciones generan la reacción de los llamados no indígenas, quienes alegan ser dueños legítimos de esas fincas e incluso ser descendientes de algún indígena.
Debido al conflicto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 30 de abril del 2015, dictó una medida cautelar obligando al Gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.
“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (...) y pretende ser un grito de justicia.
”A través de la sistematización y la construcción de datos duros, se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, acotó Nery Chaves García, de la Asociación Voces Nuestras y de la CLSS, quien elaboró el documento.
Dentro de la información recopilada, se detalla que varias de las situaciones registradas contra la población indígena, 24 específicamente, involucran a la Fuerza Pública.
Por ejemplo, cita que el 4 de octubre del 2020, “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de setiembre”.
A los oficiales, la CLSS les atribuye amenazas de arresto y agresión y abuso de autoridad.
Efraín Fernández, uno de los ciudadanos, alegó que “nosotros, como recuperadores, como pueblos originarios sabemos que la justicia está en nuestra contra, que la Fuerza Pública juega a favor de los intereses de los usurpadores y, frente a esto, no nos queda más que seguir luchando y organizándonos”.
Se intentó obtener la versión del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) acerca de ese señalamiento, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.
Por otra parte, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, recalcó que “todos los hechos relatados en el informe han sido denunciados públicamente y penalmente; sin embargo, hasta el momento no se han establecido sanciones judiciales o administrativas correspondientes.
”Todos los crímenes hechos por particulares y las violaciones a los derechos humanos en los que incurrió el Estado están, al día de hoy, impunes”, puntualizó Oreamuno.