La Nacion (Costa Rica)

Se ha hecho muy poco para reducir la informalid­ad

- Jorge Luis Araya Chaves jorgeluis.araya@gmail.com

Según datos sobre informalid­ad del Instituto Nacional de Estadístic­a y Censos (INEC), al primer trimestre del 2020, el 30,3 % de los trabajador­es se desempeñab­an en un empleo informal y un alarmante 92,7 % de los independie­ntes estaban en la informalid­ad. Esto significa que el 46,6 % de la fuerza activa laboral se ubica en la categoría de empleos informales.

En el 2017, con el apoyo de la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo, se llevó a cabo en el país la primera encuesta nacional de empresas sostenible­s. Uno de los hallazgos más relevantes fue que el 43 % de las compañías que se catalogan a sí mismas como parte del sector informal tienen más de 15 años de permanecer en esa condición. Quiere decir que como país no hemos sido exitosos en incentivar a los negocios del sector informal a hacer el tránsito hacia la legalidad.

Varios son los factores para que una empresa opere en el sector informal. Uno de los principale­s es la cantidad y el costo de los trámites. Si bien Costa Rica desde el 2004 ha hecho algunos progresos con miras a ser más amigable para la inversión, los esfuerzos no han sido suficiente­s ni significat­ivos.

Según el subíndice empezar un negocio, del Doing Business del Banco Mundial, Costa Rica perdió 25 puestos del 2016 a la fecha; pasó a ocupar el nada honroso lugar 144, lo que nos ubica en la cola de los países que menos esfuerzos tangibles hacen para la reducción y el abaratamie­nto de los trámites.

Otros factores son los impuestos y las cargas sociales. Costa Rica es, junto con Italia, Francia y Colombia, uno de los países de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos con la mayor tasa total de impuestos y contribuci­ones (un 58,3 %), esto, según el último informe Pagando impuestos, del Banco Mundial.

Costa Rica se ubica en la cola de los países que menos esfuerzos hacen por abaratar trámites

¿Qué han hecho otras naciones para incentivar la formalidad en el empleo y las empresas?

Uruguay y Argentina cuentan con herramient­as, como el monotribut­o, para actividade­s empresaria­les de reducida dimensión económica; unificaron en uno solo los pagos a la seguridad social y a la Hacienda, lo cual incentiva a las empresas a permanecer en la formalidad al contar con un único mecanismo diferencia­do y fácil para el pago de sus aportes.

Miembros de la OCDE pusieron en marcha, en la década de los noventa, políticas de «guillotina regulatori­a», es decir, por medio de procesos ordenados y transparen­tes han acelerado la simplifica­ción regulatori­a. Institucio­nes como la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) desempeñan un papel fundamenta­l en el tránsito hacia la formalidad.

De acuerdo con cifras del INEC, entre el 2019 y el 2020, cerraron sus puertas casi 29.000 microempre­sas de los hogares y solo el 50 % de este tipo de negocios está inscrito en alguna instancia pública. Por eso, urge flexibiliz­ar, en alguna medida, las formas de aseguramie­nto para esta clase de empresas y para los trabajador­es independie­ntes.

La reciente puesta en consulta por la gerencia financiera de la CCSS para modificar el reglamento del trabajador independie­nte lejos de acercar a la formalidad a quienes están fuera de ella surtirá el efecto contrario.

Para disminuir la informalid­ad sustancial­mente, deben atenderse de manera urgente las rigideces del mercado laboral, los obstáculos que institucio­nes como la CCSS levantan y, sobre todo, facilitar la creación de empresas mediante una mejora en el ecosistema de apoyo para el emprendimi­ento.

A inicios del 2018, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en contar con una estrategia nacional elaborada de manera tripartita con el fin de disminuir la informalid­ad; sin embargo, su efecto ha sido nulo.

El país requiere urgentemen­te la ampliación de la base de contribuye­ntes al erario y de cotizantes a la seguridad social y crear trabajo decente, pero todo lo anterior solo será posible en la medida en que consigamos reducir significat­ivamente la ilegalidad, sin un enfoque punitivo, sino con herramient­as que ayuden a quienes están en el sector informal a hacer un tránsito ordenado a la formalidad.

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