Narco compra conciencias en el Estado, advierte director del OIJ
››Alega que ocurre en todos los poderes, desde los niveles bajos hasta los altos
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, advirtió este martes de que es muy usual que los narcotraficantes compren conciencias en todos los poderes de la República, para obtener favores. La afirmación la hizo ante la Comisión Investigadora sobre la Penetración del Narcotráfico en la zona sur.
Ante consulta de los congresistas que están por cerrar ese órgano legislativo sin mayores resultados, el jerarca aseguró que la delincuencia organizada paga tanto a oficiales que laboran en retenes como a funcionarios del más alto nivel, y permean a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Espinoza informó de que hay estructuras delincuenciales bajo investigación, específicamente en la zona sur, pero alegó importantes carencias en las policías como la que él dirige en esa región, que es muy amplia y es punto importante de entrada y paso del narcotráfico.
El 28 de setiembre, con seis votos a favor y uno en contra, los diputados de esta comisión cerraron la investigación sobre la penetración del narco en la política y así pasar directo a la redacción de un informe, sin efectuar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar datos.
En este foro legislativo, se indagaban dos casos. El primero era la visita que el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional, hizo al condominio donde fue detenido, en marzo de este año, Darwin González, sospechoso de liderar una presunta banda de la zona sur dedicada al narcotráfico.
El congresista asistió allí a recoger unos documentos a solicitud de un regidor del cantón de Corredores, quien figura como investigado en ese expediente judicial.
El segundo caso estaba relacionado con el desmantelamiento, en mayo, de una banda cuyos presuntos miembros visitaban constantemente el Congreso y recibieron apoyo del diputado Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, para hacer gestiones ante numerosas instituciones públicas en favor de sus proyectos.
La semana pasada, el presidente Carlos Alvarado criticó a los legisladores por sepultar esta pesquisa y los instó a revelar aparentes
“LA FUERZA QUE TENEMOS EN EL LUGAR ES MUY POCA Y CADA UNO TIENE QUE CUBRIR 120 KILÓMETROS CUADRADOS. LA PRESENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL ES MUY DÉBIL Y ES LO COMÚN, INCLUSO EN OTRAS POLICÍAS. ESTA ES UNA ZONA DE CONTRABANDO, TRÁFICO DE DROGAS Y DE MIGRANTES, LAVADO DE DINERO, TRATA DE PERSONAS, PROSTITUCIÓN Y TRASIEGO DE ARMAS, PERO TIENE POCO CONTROL”. WÁLTER ESPINOZA DIRECTOR DEL OIJ
conexiones entre políticos y grupos sospechosos, en vez de hacer un show.
Delincuencia. En su intervención, el director citó que la Región Brunca es una zona conflictiva por muchas razones y detalló que se contabilizan, en los últimos años, 152 homicidios, de los cuales el 55% están relacionados con ajustes de cuentas en el narcotráfico.
Además, argumentó que no hay vigilancia policial en todos los puntos de paso fronterizos y existe un altísimo tránsito de sustancias ilegales y generación de delitos.
“En efecto, tenemos en la zona sur varias investigaciones abiertas, pero les aclaro que, por el artículo 295 (del Código Penal), no podemos conversar sobre ellas. Eso sí, el OIJ tiene un especial interés en el abordaje de actividades criminales de estructuras en la zona sur”, enfatizó.
Asimismo, el funcionario recalcó que para cubrir una gran cantidad de territorio en los cantones de Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, San Vito, Buenos Aires y Osa hay solamente 79 investigadores, que en tiempo efectivo son la mitad, pues hay que garantizar 24 horas de trabajo, los 365 días del año, tomando en cuenta sus periodos de descanso.
Para una indagación como la que generó la apertura de la comisión legislativa citada, sobre la aparente penetración del crimen organizado en Corredores, el OIJ tuvo la necesidad de destinar “millones de colones en viáticos, gasolina, alquileres, uso de vehículos y traslado de funcionarios josefinos”.
Aparte de referirse a los problemas de aquella región, Espinoza también enumeró una serie de reformas legales con las que los diputados podrían colaborar para el trabajo de la Policía Judicial.
Entre esas propuestas, sostuvo que se requiere incorporar la posibilidad de hacer intervenciones telefónicas en delitos de homicidio (muchas veces relacionados con delincuencia organizada), feminicidios y desapariciones que, también, en ocasiones, se enlazan con narcotráfico.
En el caso de la declaración patrimonial de bienes que se reporta a la Contraloría General de la República, el director recomendó que se extienda a todos los puestos en los cuerpos policiales.
Sobre acceso a información, el jefe policial comentó que urge autorizar el acceso al OIJ y al Ministerio Público a las bases de datos de la Unidad de
Intervención Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para dinamizar las investigaciones sobre legitimación de capitales, narcotráfico y crimen organizado.
Recordó que está en proceso una discusión para que la Policía Judicial tenga acceso al registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas, como elemento trascendental para perseguir delitos en que las empresas tratan de ocultar o distraer su patrimonio por medio de otras sociedades.
Como una reforma menor, Espinoza impulsa un plan para que los vehículos judiciales no aparezcan en el portal público del Registro Nacional de la Propiedad, a nombre de ese poder, pues adujo que eso entorpecería investigaciones.
Finalmente, dijo que la entidad que dirige debe pagar el impuesto al valor agregado (IVA) para obtener herramientas como microscopios de altísimo costo y que el pago de ese tributo les sale muy caro, por lo que pidió exonerar de ese rubro a la institución. COLABORÓ EiLLYN JiMéNEZ