Firmas de revisión técnica darían al Estado el 20% de sus utilidades
››El aporte se incluiría en las tarifas; empresarios se oponen a propuesta
Un proyecto de ley obligaría a las futuras empresas de revisión técnica a entregar al menos el 20% de sus ganancias al Estado, aporte que sería incluido en las tarifas para los usuarios. El plan se dictaminó afirmativamente este miércoles con cinco votos a favor y dos en contra en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Presentado por la diputada liberacionista Franggi Nicolás, la iniciativa establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) entregará en concesiones de 10 años, prorrogables por un periodo igual, la operación de las estaciones de revisión vehicular que dejaría el próximo año la empresa Riteve S. A.
El contrato de la firma española vence en julio del 2022 y, con ello, sus 13 estaciones fijas y 4 móviles pasarían a manos del Estado. Las futuras concesionarias no podrían operar más de dos estaciones cada una.
Nicolás explicó que en los concursos para ganar las concesiones, las empresas podrían aumentar el porcentaje de utilidades para el Estado, más allá del 20%, y eso sería tomando en cuenta para desempatar concursos.
La propuesta dice que las tarifas de la revisión de vehículos serían únicas en todo el país y las fijaría la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
“La oferta del adjudicatario deberá referirse a la tarifa, la cual incluirá los costos de prestación de servicios, el margen de utilidad pretendido y al menos un 20% que se destinará al fondo de apoyo a la educación técnica.
”La tarifa (del servicio) será única para todo el territorio nacional y se considerará como criterio de desempate entre las ofertas (para obtener una concesión) el porcentaje adicional cedido a favor del fondo por el oferente”, reza la iniciativa.
Como existiría una tarifa única para todo el país, el “concesionario podrá ofrecer premios” con la finalidad de hacer el servicio atractivo y atraer clientes, siempre que estos no afecten los precios definidos por Aresep, dice el texto.
Adicional. El pago al Estado sería adicional al pago del impuesto renta y sería el único aporte de las empresas al Estado por el uso de las estaciones. Por ejemplo, no pagarían alquiler. Nicolás se mostró abierta a que, en la etapa de revisión, se pueda discutir si el 20% es deducible del pago de renta.
La idea, según explicó la diputada verdiblanca, es que las futuras concesionarias entreguen al Estado una parte de sus utilidades a un fondo de apoyo a la educación técnica que sería administrado por un fideicomiso.
El fondo financiaría la supervisión de las estaciones, la capacitación de profesores de colegios técnicos profesionales del sistema público, crear un fondo semilla de emprendedurismo para egresados de esos centros y comprar herramientas y equipos para el Ministerio de Educación (MEP).
Las empresas, además, estarían obligadas a recibir como pasantes a estudiantes de los colegios técnicos profesionales.
La redacción autoriza al MOPT a constituir el fideicomiso con algún banco y coloca al MEP como beneficiario.
El socialcristiano Pedro Muñoz, quien se opuso al proyecto, señaló que la educación costarricense ya tiene como financiamiento hasta el 8% del producto interno anual (PIB), sin que se obtengan buenos resultados, por lo cual consideró improcedente aprobar más aportes. “El problema no es de recursos, la educación tiene sus propias fuentes de financiamiento a nivel legal y constitucional y se debería recurrir a las formas ordinarias para obtener los recursos deseados”, cuestionó.
Como el artículo del aporte obligatorio al Estado es confuso, aseguró el socialcristiano, se interpretaría que sería adicional al costo del servicio, lo que encarecería el servicio que terminarían pagando los usuarios.
Por su parte, Nicolás justificó ese aporte alegando que las estaciones ya están pagadas. Aseguró que no encarecería el servicio.
“Tienen infraestructura, máquinas y dispositivos para hacer la revisión técnica. Significa que los costos de inversión de cada empresa sería mucho más baja que cuando inició Riteve”, argumentó.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias (Aivema) se opusieron al proyecto y solicitaron archivarlo.
Respecto a la creación de un fondo económico, Uccaep consideró que las tarifas “no deberían cargarse con elementos que resulten extraños a la prestación misma”.
Aivema señaló la ausencia de estudios técnicos contables que respalden el proyecto, por lo cual evitó referirse a temas de tarifas, costos, apertura del fideicomiso y el impacto en las finanzas públicas.