TSE exige revelar quién paga las encuestas de las elecciones 2022
Las encuestadoras que planeen publicar estudios de opinión sobre las elecciones de 2022 deberán inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a más tardar el 27 de octubre. De lo contrario, no podrán difundir sus encuestas.
Al inscribirse en el TSE, además, adquieren el compromiso de revelar quién pagó los estudios de opinión sobre intención de voto, su metodología y la totalidad de las preguntas hechas a los entrevistados. Además, deben constatar que cuentan con un profesional acreditado en la materia.
El TSE incorporó estas medidas a sus reglamentos en octubre de 2019 y las aplicará por primera vez para los comicios del 2022.
Estas obligaciones surgen después de que, para la segunda ronda electoral de 2018, se divulgaran encuestas de la firma Opol Consultores sin advertir al público de que estas fueron hechas por encargo del equipo de campaña de Fabricio Alvarado, entonces candidato de Restauración Nacional.
La encuestadora publicó seis estudios en los cuales Fabricio Alvarado aventajaba por más de 10 puntos porcentuales al ahora presidente, Carlos Alvarado.
El Código Electoral establece la obligatoriedad de inscribirse ante el TSE para cualquier organización que elabore encuestas o sondeos político-electorales a partir del momento en que se convoque oficialmente a los comicios nacionales, acto que se realizó este miércoles 6 de octubre.
De acuerdo con la jefa del departamento de Programas Electorales del Tribunal, Alejandra Peraza, afirmó sobre los nuevos requerimientos para las encuestadoras: “Si nosotros vemos que hay situaciones que se pueden reforzar para poder hacer el proceso de inscripción (de encuestadoras) o la verificación de algunos aspectos, entonces se hace el cambio reglamentario. Dentro de las modificaciones están esas que tuvieron lugar en octubre de 2019”.
Requisitos. Los institutos, universidades o empresas privadas que desarrollen encuestas tienen que presentar su solicitud ante la Dirección del Registro Electoral, suscrita por su representante legal.
Deben aportar la certificación de personería jurídica, así como comprobar su experiencia en la elaboración de ese tipo de estudios.
Es requisito aportar las metodologías que utilizan para garantizar la objetividad y calidad de los estudios, entre otros.
Una vez que se complete la revisión, el TSE publicará los nombres de las empresas, universidades y cualquier otro ente autorizados para realizar y difundir esos estudios.