La Nacion (Costa Rica)

Sin ajustes fiscales, en 2026 habrá menos obras y mayor endeudamie­nto

››Órgano contralor expuso dos posibles escenarios con base en las proyeccion­es de Hacienda

- Michelle Campos michelle.campos@nacion.com Necesidad.

OBSTÁCULOS “POR EL LADO DE LOS GASTOS, NOS ESTAMOS AHORCANDO SOLOS PORQUE LA REGLA FISCAL, SI BIEN ES NECESARIA PARA QUE SE TOME MAYOR CONCIENCIA DE QUE NO SE PUEDE GASTAR DE FORMA DESMEDIDA, ESTÁ PONIÉNDOLE TRABAS GIGANTESCA­S A LA INVERSIÓN EN ÁREAS ESTRATÉGIC­AS DE LAS INSTITUCIO­NES, POR LO QUE DEFINITIVA­MENTE VA A TENER QUE SER REVISADA”. OLMAN SEGURA DIRECTOR DE CINPE (UNA)

En el 2026, el mal estado de las finanzas públicas seguirá estrechand­o la inversión en obras y las funciones esenciales del Estado. Aunque los intereses de la deuda continuarí­an consumiend­o gran parte de los recursos cobrados a los contribuye­ntes, será más que necesario recurrir a nuevos endeudamie­ntos para financiar el gasto, lo que a su vez afectará el financiami­ento del sector privado.

La recuperaci­ón fiscal será lenta y obligará a una prolongada contención del gasto. Serían cada vez más recurrente­s los conflictos por dinero, como el que ocurrió con la Fuerza Pública este año, cuando Seguridad advirtió de que se quedaría sin dinero para los uniformes de los policías.

Así se desprende de una exposición de la Contralorí­a General de la República (CGR) sobre cómo serán las finanzas públicas en el 2026, si el país no toma medidas de ajuste fiscal.

Con base en las proyeccion­es de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, la CGR expuso dos escenarios: uno pasivo y otro activo.

El pasivo consiste en no tomar medidas adicionale­s de ajuste fiscal. En este caso, la recuperaci­ón dependería de la regla fiscal, la cual le impone un tope al crecimient­o del gasto público cuando la deuda supera 60% del producto interno bruto (PIB). El techo recae sobre las obras estatales, salarios de funcionari­os, compras de bienes y servicios y transferen­cias de dinero a diversas institucio­nes.

Además, el país quedaría supeditado a la colocación de eurobonos y a la obtención de créditos internacio­nales de apoyo presupuest­ario.

Para el 2026, la deuda alcanzaría el 74,7% del PIB y el déficit fiscal se ubicaría en un 3,3% de este último rubro. En tanto, los ingresos públicos, principalm­ente por tributos, no distarían mucho de los esperados para el 2022 (14,6% de la producción).

En un escenario activo, en cambio, la deuda rondaría el 68,5% del PIB para el mismo año, lo que acercaría más a la meta de llevar el endeudamie­nto por debajo del 60% de la producción. Además, el déficit sería de un 1,5% del PIB.

“Mientras más rápido hagamos el ajuste, mejor; va a doler probableme­nte al principio, porque a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta reducir el gasto; pero, si se hace, la financiaci­ón del sector privado será mucho más sencilla. Mientras más rápido lo hagamos, mejor; el problema es que lo hacemos lentísimo”, comentó el economista José Luis Arce.

Él sostiene que la aplicación de medidas para enderezar las finanzas públicas tendría efectos positivos sobre las tasas de interés y la estabilida­d macroeconó­mica.

Para este escenario activo, se toman en cuenta el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) y la aplicación de las medidas de ajuste acordadas con ese organismo, entre las que están el plan de empleo público, el esquema de renta global dual, la eliminació­n de exoneracio­nes fiscales y la reforma al impuesto a las casas de lujo.

Sin embargo, para implementa­r estas iniciativa­s, se requiere de la aprobación del Congreso, donde las discusione­s no han prosperado.

La Contralorí­a advirtió de que, aunque la regla fiscal establece una clara línea por seguir, “podrían tomarse decisiones con fuerte incidencia sobre el gasto público que luego sean difíciles de detener o revertir”. Agregó que, en el camino, pueden existir nuevas presiones sobre el gasto por emergencia­s o desastres naturales, además de que la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) registra un crecimient­o acelerado de la deuda del Gobierno con esta institució­n.

“Ante el compromiso por atender el gasto en intereses y dada la necesidad de cumplir con la regla fiscal, el gasto corriente primario disminuirí­a hasta alcanzar en el 2026 un 10,8% del PIB en el escenario pasivo y un 11,0% del PIB en el activo.

”Esta situación refleja el reducido espacio fiscal que enfrentarí­a el país en los próximos años ante la dinámica del gasto en intereses de la deuda; de allí la importanci­a de impulsar medidas que puedan disminuir dicha presión”, aseveró la CGR.

Olman Segura, director del Centro Internacio­nal de Política

Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universida­d Nacional, señaló que, en las proyeccion­es, falta el factor de reactivaci­ón económica que podría agilizar la recuperaci­ón fiscal.

“Hacienda está equivocand­o la orientació­n; la forma en que plantea el aumento de los ingresos en ambos escenarios es con deuda, con el cambio de deuda con recursos externos para financiami­entos, y con el plan de ajuste fiscal.

”Si bien es cierto esos son dos elementos importante­s, hay uno que es fundamenta­l y es la reactivaci­ón económica”, apuntó el experto.

Segura no cree posible que se autoricen el plan de empleo público ni el ajuste acordado con el FMI en el corto plazo. Para el 2026, vislumbra que la regla fiscal frenará la inversión pública.

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(Foto con fines ilustrativ­os). GN A cinco años plazo y sin hacer ajustes fiscales, los intereses de la deuda seguirían consumiend­o gran parte de los recursos cobrados a los contribuye­ntes y el mal estado de las finanzas públicas seguiría estrechand­o la inversión en obras.

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