Policías a prisión o con tobillera por presunto apoyo a red narco
›Seguridad analiza inversión y esfuerzos que se realizan para capacitarlos
Tres policías del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), detenidos el pasado 7 de setiembre por vínculos con una banda narco y de contrabando, quedaron con prisión preventiva, otros tres con arresto domiciliario (tobillera) y uno debe firmar cada 15 días en el Juzgado.
Casi todos tenían más de 10 años de laborar para la Fuerza Pública, lo mismo que un exoficial de apellidos Morales Carrillo, quien había renunciado cinco meses antes de su captura y ahora usa tobillera.
Para el MSP, situaciones como esa obligan a replantearse los esfuerzos contra la corrupción dentro de sus filas y aplicar filtros más estrictos en los procesos de reclutamiento y control de sus funcionarios policiales.
La Academia Nacional de Policía indicó que el costo actual por estudiante de primer ingreso del Curso Básico Policial, que imparte en Pococí, es de ¢7.596.476. A eso hay que sumarle las capacitaciones posteriores, máxime en casos como este, en que casi todos tenían más de diez años de ejercer y uno de ellos era jefe.
Esa inversión da al traste en casos como estos, donde a todos se les relaciona con supuestos apoyos a una banda que trasegaba contrabandos, así como cocaína desde la zona sur del país hasta varios puntos del Valle Central.
Los oficiales, al parecer, brindaban vigilancia a los transportes de mercadería ilegal, usando para ello bienes facilitados por el Estado tales como radiopatrullas, oficiales en su tiempo de servicio, radios de comunicación, armas y otros implementos, dijo Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Mientras avanza la indagación de la Fiscalía, el Departamento Disciplinario Legal del MSP, verá si abre un proceso interno para la pesquisa correspondiente en torno a los diez funcionarios involucrados.
Aunque la Fiscalía Adjunta de Corredores pidió prisión preventiva en contra de los 17 sospechosos de formar la red, incluidos los oficiales, el Juzgado Penal solo ordenó esa medida en contra de tres policías de apellidos Morales Morales (quien era jefe de la Fuerza Pública en Osa), Padilla Muñoz y Sánchez Barrios. A otros tres, de apellidos Campos Altamirano, Gutiérrez Calero y Campos Cabezas se les dictó arresto domiciliario con tobillera, tres quedaron libres, pero ligados al proceso y otro más debe firmar cada 15 días. El expolicía Morales Carrillo, alias Chucky, deberá portar tobillera.
El Juzgado Penal de Corredores dejó libres a los dos cabecillas de la banda, de apellidos Trejos Chacón y Chan Carvajal, a quienes solo les obliga a firmar cada 15 días y no perturbar ni intimidar a testigos. Igual medida se dictó contra otros cuatro sujetos apellidados Pérez Anchía, Ríos Miranda, Valencia Guevara y Carmona Calero.
A todos ellos, el OIJ los liga con contrabandos, asaltos a locales comerciales de la frontera con Panamá y con un cargamento de 885 kilos de coca decomisado en el 2020 en playa Piñuela, Osa. A la banda también se le decomisaron 4.703 cervezas, 736 botellas de licor y 60.000 unidades de pólvora.