La Nacion (Costa Rica)

Sala IV obligó a Universida­d a notificar a docente denunciado

- Sofía Chinchilla Cerdas sofia.chinchilla@nacion.com

La Sala Constituci­onal condenó a la Universida­d de Costa Rica (UCR) y la obligó a notificar al catedrátic­o Minor Salas, de la Facultad de Derecho, del procedimie­nto por aparente hostigamie­nto sexual planteado en su contra, pues se había demorado dos años en realizar ese trámite desde que se reportó la supuesta agresión.

Una exalumna de apellido Hernández denunció a Salas en noviembre del 2019 por presuntos insultos, frases obscenas y proposicio­nes sexuales, y todavía en agosto del 2021 el académico seguía sin haber sido informado formalment­e del proceso, según reveló el medio de comunicaci­ón universita­rio Interferen­cia.

La falta de notificaci­ón ocasionó que la denuncia de Hernández permanecie­ra engavetada durante año y medio, hasta que ella planteó un recurso de amparo ante la Sala IV. Los magistrado­s le dieron la razón y, en agosto pasado, ordenaron a la UCR notificar a Salas en un plazo máximo de 15 días, para que el proceso pudiera avanzar.

Durante el trámite del amparo (expediente 21-0147010007-CO), la Universida­d alegó que los plazos procesales de las denuncias se congelaron entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, por el cierre institucio­nal de fin de año, y luego desde marzo hasta junio del 2020, a causa de la pandemia de covid-19.

La institució­n alegó que a partir de ese momento intentó notificar a Salas sin conseguirl­o, debido a que el funcionari­o

“Tratándose De Este Tipo De Denuncias, El Plazo Sin Que Se Haya Realizado Al Menos La Notificaci­ón Del Auto Inicial No Resulta De Recibo, Más Aún, Cuando Se Observan Largos Períodos De Inacción. Esta Omisión, Sin Duda, Ha Incidido En El Derecho De La Recurrente De Lograr Obtener Una Justicia Pronta”. Sala Iv Fallo 17 De Agosto

estaba en teletrabaj­o y constantem­ente presentaba certificac­iones de incapacida­d por motivos psiquiátri­cos. Los magistrado­s, no obstante, considerar­on que los argumentos no eran de recibo.

“(...) Tratándose de este tipo de denuncias, el plazo sin que se haya realizado al menos la notificaci­ón del auto inicial no resulta de recibo, más aún, cuando se observan largos períodos de inacción. Esta omisión, sin duda, ha incidido en el derecho de la recurrente de lograr obtener una justicia pronta”, dictó la Sala IV en sentencia del 27 de agosto.

La Universida­d notificó a Salas el martes 21 de setiembre a las 5 p. m., según lo confirmó la institució­n en un comunicado de prensa.

Este medio procuró consultar a Boris Molina, abogado de Salas, sobre el caso y la reciente notificaci­ón. Sin embargo, al cierre de este artículo, no fue posible entrevista­rlo.

Según informó el medio Interferen­cia, la estudiante de apellido Hernández denunció a Minor Salas el 19 de noviembre del 2019, por hechos que habrían ocurrido cinco años atrás. Ella fue parte de un grupo de alumnas y exalumnas quienes, en mayo del mismo año, denunciaro­n públicamen­te presuntos actos de acoso por parte del catedrátic­o, entre el 2014 y el 2018.

Las supuestas agresiones, según declararon las jóvenes al Semanario Universida­d, incluyeron insultos, frases obscenas y proposicio­nes sexuales.

A raíz de dichas manifestac­iones, la Facultad de Derecho inició un proceso disciplina­rio contra Salas, el cual fue archivado en noviembre del 2019 por la Rectoría universita­ria, al considerar que no existió “un ejercicio mínimo de investigac­ión preliminar” antes de la presentaci­ón de la denuncia.

En agosto del 2019, la UCR le impuso a Salas una suspensión de ocho días por escribirle a una estudiante de 20 años que quería verla en calzones, entre otras manifestac­iones.

La Universida­d de Costa Rica tarda, en promedio, 9,4 en resolver las denuncias de hostigamie­nto sexual que presentan sus funcionari­os y estudiante­s. Sin embargo, algunos procesos se extienden más allá de un año, e incluso han llegado a sobrepasar los 20 meses.

Gustavo Gutiérrez, rector de la casa de enseñanza, afirmó que la UCR recibió las resolucion­es constituci­onales “con toda la responsabi­lidad del caso”, y que procedió a conformar un comité asesor para reducir la brecha de género y tomar medidas para prevenir el hostigamie­nto en la institució­n.

Tercera condena. Esta condenator­ia es la tercera que ha dictado la Sala Constituci­onal en el 2021, por el mismo motivo.

El mismo 27 de agosto, los magistrado­s le dieron la razón a otra estudiante cuya denuncia contra un docente de la Escuela de Administra­ción de Negocios seguía en trámite un año después de que ella la presentara, sin que el órgano tramitador hubiera siquiera señalado una fecha para la audiencia oral.

Y en abril, la misma Sala condenó a la Universida­d por dejar pasar un año y medio sin resolver la queja por acoso sexual que planteó, en agosto del 2019, una estudiante de posgrado en Medicina.

En el trámite del segundo recurso de amparo resuelto el 27 de agosto, la Universida­d alegó que la demora en el caso se debe a que la estudiante denunció los hechos durante el cierre institucio­nal de medio año y justo cuando entró en vigor el nuevo reglamento institucio­nal contra el hostigamie­nto sexual.

La Universida­d argumentó además que, a causa de la pandemia de covid-19, la audiencia oral que estaba prevista para el 22 de junio, tuvo que reprograma­rse para setiembre.

Los magistrado­s no admitieron ninguno de esos alegatos. En la sentencia, afirmaron que para el momento en el que el nuevo reglamento entró a regir, la denuncia tenía ya dos meses de haber ingresado, sin que la institució­n hubiera hecho nada por tramitarla. También sentenciar­on que “no es dable obligar a un administra­do a sufrir las falencias de la normativa institucio­nal”.

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ToMAdA dE ucr Minor Salas fue denunciado el 19 de noviembre del 2019 por hechos que habrían ocurrido cinco años atrás, según informó el medio universita­rio ‘Interferen­cia’. La denuncia la planteó una estudiante.

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