La Nacion (Costa Rica)

Hombres cobraron ¢100.000 por avalar pruebas de manejo

- Eillyn Jiménez B. eillyn.jimenez@nacion.com

Dos evaluadore­s de pruebas prácticas de manejo fueron sentenciad­os a cuatro años de prisión y a la inhabilita­ción en sus cargos, por el mismo tiempo, tras cobrar entre ¢10.000 y ¢100.000 a usuarios a cambio de ayudarlos a aprobar el examen.

La sentencia se dictó en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, luego de un extenso juicio realizado entre agosto y setiembre pasados.

La resolución fue comunicada ayer por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparen­cia y Anticorrup­ción (Fapta), la cual detalló que en el debate quedó acreditado que José Miguel Araya Cornejo y Víctor Hugo Castillo, quienes laboraban en la dependenci­a que hacía estas pruebas en Puntarenas, cobraron a cuatro personas antes o después de la evaluación. Debido a ello, se les impuso una condena por el delito de concusión.

“De acuerdo a la investigac­ión realizada por la Fapta, los encartados se valían de sus puestos, como evaluadore­s de pruebas prácticas de manejo, para cobrar a las personas usuarias y asegurarle­s la aprobación del examen, lo que les permitía optar por la licencia para conducir”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público.

El monto que los sujetos pedían variaba según la fase del examen en el que se encontraba la persona, reveló el ente acusador del Estado. “Dependía de la modalidad en la que se encontraba la persona usuaria; se podía incluir una o las dos pruebas”, precisó la entidad.

Pese a que se dictó una pena carcelaria, ninguno irá en prisión, ya que se les otorgó el beneficio de cumplir su castigo bajo arresto domiciliar­io con monitoreo electrónic­o. Los hechos se remontan al 2009 y 2010; en este último año fue que el Organismo de Investigac­ión Judicial (OIJ) recibió una denuncia y comenzó a trabajar en el caso.

Aunque la Fiscalía indicó que Araya y Castillo trabajaban para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el director ejecutivo de esa institució­n, Edwin Herrera Arias, desmintió la informació­n y, más bien, compartió una certificac­ión del Departamen­to de Gestión y Desarrollo Humano que detalla que ambos hombres “no son funcionari­os activos” de la entidad ni “se registran como exfunciona­rios”.

Herrera destacó que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte­s (MOPT) tiene varias dependenci­as y los encargados de las pruebas de manejo suelen ser funcionari­os de Educación Vial.

Se le consultó a esa cartera para determinar si los hombres siguen trabajando ahí, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

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JorGE cAStILLo El monto que los sujetos pedían variaba según la fase del examen en el que se encontraba la persona.

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