74.000 heredianos se quedarían sin luz ni agua por lío entre municipalidad y ESPH
Unos 74.000 pobladores de San Rafael, San Isidro y Heredia centro podrían quedarse sin suministro de luz y agua en los próximos días, por una pugna ligada al cobro administrativo de ¢817 millones que la Municipalidad de San Rafael le reclama a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El gobierno local informó el jueves a la ESPH de que si en cinco días hábiles no cancelaba esa suma, le clausuraría las instalaciones localizadas en ese cantón, que incluyen el tanque La Joya y la planta de tratamiento Breña Mora, la cual distribuye agua a esas comunidades y donde están los vehículos con los que se atienden averías.
El cobro se vincula con patentes por los servicios de alumbrado público, suministro de agua potable y generación, transmisión y distribución de electricidad del 2012 al 2021, según la notificación que recibió la Empresa.
Entre los 28 inmuebles expuestos al cierre, hay otra planta potabilizadora y más tanques de almacenamiento como Chamaco, Los Altos II y otra en Getsemaní; esta última también capta agua de fuentes superficiales de la zona. Además, hay un almacén con postería de alumbrado público, líneas de cableado y otros suministros, por lo cual se afectaría la atención en casos de fallas.
“Si hacen un cierre, no habría atención de averías o uso de ese tanque. Se afectaría tanto a la comunidad de San Rafael como a otras”, confirmó el área de prensa de la ESPH.
Allan Benavides, gerente general de dicha institución, calificó como “amenaza no racional” el posible cierre de instalaciones, pues alegó que traería serios daños colaterales y amenazas a la salud para los habitantes de todos los cantones servidos por la firma.
“El suministro de agua y luz ha sido declarado hasta la saciedad como servicios sin fines de lucro por la entidad encargada de establecer las tarifas correspondientes, que son, por ley, al costo, tal como lo aprueba la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, señaló el jerarca.
Adelantó que la entidad responsabilizará a quien tome la decisión de cerrar una sola de sus instalaciones y procederá con las denuncias del caso.