Golpe de Estado en Sudán frena la transición democrática
› General abdel Fattah al burhan decretó estado de emergencia
JARTUM, SUDÁN. aFP. El general sudanés Abdel Fattah al Burhan disolvió este lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos, y decretó el estado de emergencia, mientras que en las calles hubo más de tres muertos y decenas de heridos entre los manifestantes prodemocracia.
Desde la mañana, el primer ministro, Abdala Hamdok; su esposa y al menos siete responsables civiles (ministros y miembros civiles del Consejo Soberano –la mayor autoridad de la transición–) fueron detenidos por los militares, según Amnistía Internacional. La maniobra militar fue condenada por la comunidad internacional. La ONU pidió la “liberación inmediata” del primer ministro y Estados Unidos suspendió sus ayudas y exigió la restauración de un gobierno civil.
Este lunes por la noche, las redes sociales se llenaban de imágenes de manifestantes decididos a defender la transición democrática iniciada tras la destitución del dictador Omar al Bashir en el 2019.
“El pueblo eligió un Estado civil” y “no un poder militar”, declararon algunos manifestantes en Jartum. El Ejército mató a tres manifestantes e hirió a al menos 80, según informó ayer en la tarde el Comité Central de Médicos de Sudán, un sindicato independiente.
La televisión estatal está en poder de los militares y, a media jornada, el general Abdel Fattah al Burhan hizo una declaración. Aunque no deja de repetir que quiere “una transición civil y elecciones libres en el 2023”, tras 30 años de dictadura de Omar al Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes. El gobierno está disuelto, incluso el Consejo Soberano, dijo. Los prefectos y ministros están destituidos y el estado de emergencia rige en todo el país, añadió.
‘Desobediencia civil’. Después de los anuncios del jefe del Ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta del 2019 y otros movimientos prodemocracia instaron a la población a adherirse a una movilización de “desobediencia civil” y de “huelga general”, en la línea del llamado a “manifestarse” contra el “golpe de Estado” lanzado por la oficina de Hamdok.
Por su parte, Estados Unidos anunció la suspensión de una ayuda financiera de $700 millones a Sudán e instó a los “responsables militares a liberar inmediatamente a todos los actores políticos, a protegerlos” y dejar de recurrir a “la violencia”.
Temiendo por la vida de Hamdok, retenido “en un lugar no identificado”, su oficina advirtió a las autoridades militares de que sobre ellas recaía “toda la responsabilidad de su vida” o su muerte.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, afirmó que temía que se produjera un “desastre” si “Sudán retrocede [...] tras décadas de dictadura”. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el “golpe de Estado militar” y exigió que se respete la “carta constitucional”.